17 de abril de 2025
Dos normas del Gobierno desregulan la prestación de servicios turísticos en territorios protegidos y la contratación de guías profesionales en detrimento de la conservación. Opinan especialistas.
Negocios. Ahora cualquiera podrá llevar adelante un emprendimiento en un parque nacional, con un mínimo control por parte del Estado.
Foto: Argentina.gob.ar
«Ahora cualquier prestador podrá ofrecer excursiones y actividades sin necesidad de superar inmensos escollos ni tener que contratar a ciertas personas. ¿Meditación en el Nahuel Huapi? ¿Yoga en Alerces? ¿Globos aerostáticos en el Valle de la Luna? ¿Caminatas en el Impenetrable con pernocte? Todo esto, y mucho más, a partir de ahora, podrán ofrecer cientos de empresas turísticas del país». Lo escribió en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para explicar en tono elogioso el impacto de dos resoluciones que modifican la concepción que se tenía sobre los 39 Parques Nacionales en Argentina.
Las resoluciones 61/25 y 62/25 publicadas en el Boletín Oficial desregulan la actividad de prestación de servicios turísticos en esos territorios protegidos y eliminan la obligatoriedad que tenían las agencias de contratar guías profesionales para acompañar los recorridos de los contingentes. El requisito solo se mantiene para las excursiones consideradas de riesgo.
La publicación de las nuevas normativas no causó sorpresa. El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, venía anticipando sus políticas. Así como trabajadores y trabajadoras del sector venían reclamando no solo contra las sucesivas oleadas de despidos, sino también contra la imposición de una mirada que no tiene su prioridad puesta en la conservación.
Presencia masiva
«Simplificamos la normativa para disminuir trámites burocráticos inútiles. Queremos nuevos prestadores turísticos que ofrezcan mejores servicios y prestaciones en los Parques Nacionales. Aspiramos a que cada vez más argentinos visiten nuestras maravillas naturales», planteó Larsen a través de un video de difusión. Esa apuesta por volver masiva y descontrolada la presencia turística en los parques es cuestionada por profesionales y ambientalistas.
«Lo que quieren es abrir los parques a más turistas. Según testimonios de Larsen, se estaba haciendo “demasiada” conservación. Desconociendo que la Ley de Parques establece que se crean para la conservación. Cuando refiere que hay que abrir los parques al turismo, decimos que los parques ya están abiertos al turismo. Por supuesto que no todos tienen la misma cantidad de visitantes, pero lo que flexibiliza esta nueva normativa son las condiciones: para poder prestar un servicio dentro del parque hay que presentar un proyecto y seguir ciertas normas que ahora están flexibilizadas», dice a Acción Yohanna Villalba, de la Comisión Directiva de la Asociación Guías de turismo de Santa Cruz (Aguisac).
Retroceso. La nueva normativa implica la pérdida de empleo para los guías profesionales, quienes cuidaban también que los turistas no dañaran el entorno.
Foto: Argentina.gob.ar
«Esto va a generar que distintos prestadores turísticos puedan habilitarse para brindar un servicio sin tanto control, sin estudios de impacto ambiental», advierte.
Esta reducción en los controles es parte de lo que celebraron Sturzenegger y Larsen. «Quienes quieran ofrecer actividades en los parques podrán solicitar la autorización de forma digital, con silencio positivo (antes las intendencias podían cajonear las habilitaciones) y sin engorrosos requisitos documentales», remarcó el ministro. Y agregó que se simplifica «drásticamente» la documentación requerida para instalaciones de infraestructura.
«Lo venimos planteando desde hace tiempo: vemos que hay una mirada más centrada en ofrecer mayor cantidad de servicios y en generar mayor cantidad de recaudación que en la conservación misma. Estas normativas tienden a eso», define ante este medio Marcelo Rojas, miembro de la Coordinación Nacional de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Parques Nacionales.
Impacto
Hasta ahora, alguien que llegaba de forma particular a visitar un Parque Nacional podía hacerlo sin contratar un guía profesional; pero ese requisito sí correspondía para las agencias de turismo, que muchas veces ofrecen excursiones y recorridos a contingentes numerosos. Tras la regulación, esa obligatoriedad dejó de existir.
Las y los guías profesionales no eran contratados por el Estado, sino por esos privados que ofrecen servicios turísticos.
La nueva normativa implica la pérdida de empleo para los primeros (así como una desvalorización para la gran cantidad de institutos terciarios y universidades que los forman) y una reducción en los gastos para los segundos; pero, además, advierten asociaciones profesionales y organizaciones ambientalistas, eso también tendrá un impacto en detrimento de la conservación.
«La disminución de guías dentro de las áreas protegidas puede poner en riesgo la biodiversidad en tanto que estos cumplen la función de informar y controlar a los turistas sobre las actividades restringidas al disfrutar su experiencia turística para garantizar su cuidado. Ante la ausencia de guías, podrían aumentar los impactos en la flora y fauna e incluso los incendios forestales», alertó Greenpeace mediante un comunicado.
El viernes 28 de marzo, tan solo dos días después de la publicación de las resoluciones 61 y 62, el colectivo de guías se movilizó en una marcha federal que incluyó concentraciones ante las intendencias de parques de distintos puntos del país. Una de las más contundentes fue en Calafate, donde trabajan cientos de guías en el Parque Nacional Los Glaciares. Allí los cánticos y los discursos apuntaron contra Larsen, a quien acusan de promover «turismo a cualquier costo».
«Que nuestro presidente, Cristian Larsen, esté hablando de realizar actividades en la cara norte del Perito Moreno, cuando nuestro plan de manejo establece a todo el cordón Reichert como un área intangible, es claramente hablar desde el desconocimiento, y eso es peligroso para la conservación», apuntó Camila Ábalos en representación de Aguisac.
Trabajadores de Parques conocieron estas nuevas medidas mientras se acercaba otra fecha de vencimiento de contratos, algo que cada tres meses se traduce en más despidos. En ese marco de preocupación e incertidumbre, Rojas comparte su análisis: «Vemos una tríada muy complicada: falta de personal para análisis técnicos y fiscalizaciones anuales y cotidianas por los despidos, simplificación de normativa que va a permitir mayor cantidad de usos y servicios, y acceso de personas a áreas donde no había hasta ahora tanta afluencia de visitantes, sin las indicaciones que brindan los guías –explica el dirigente de ATE–. Esa suma va a tener como resultado mayor impacto en las áreas protegidas. Estos cambios y estos planteos, en un contexto de fragilidad enorme de la estabilidad laboral en Parques Nacionales, va en detrimento de la conservación y va a generar un impacto. No sé si lo veremos de un día para el otro –proyecta–, pero a mediano plazo va a ser evidente».
