11 de julio de 2014
El gobernador Scioli ordenó la creación de una nueva fuerza comunal y puso fin al debate parlamentario para democratizar la Bonaerense. Un anuncio que provoca rechazos.
10.000 aspirantes. En el marco de la Ley de Emergencia Pública en Seguridad provincial de abril la incorporación de nuevos agentes ocupa un lugar destacado. (Télam)
Voy a crear la Policía Comunal sin esperar la ley en el marco de mis atribuciones como gobernador. La gente no puede esperar más», anunció el gobernador Daniel Scioli, en un programa político de la señal TN, cerrando así un debate parlamentario que llevaba más de dos años. La lucha entre el mandatario bonaerense y el líder del Frente Renovador, el diputado Sergio Massa, por la paternidad del proyecto, entorpecieron la discusión sobre la posible implementación de la nueva fuerza.
Con media sanción –y significativas modificaciones tras su paso por varias comisiones– en la Cámara Baja, el proyecto presentado por el Ejecutivo provincial fue girado al Senado. Aprobado en general, bastaron cinco sesiones fallidas por irreconciliables diferencias en varios de los puntos que habían sido modificados por Diputados para que la Cámara Alta enviara el proyecto a comisión. «El proyecto en la Legislatura ya estaba muerto; el pase a comisión le daba una muerte digna», ironizó el titular del bloque de la UCR en el Senado bonaerense, Carlos Fernández.
Dos días después del anuncio en televisión, Scioli, a través del decreto 373/14, ordenó al Ministerio de Seguridad –a cargo del ex intendente de Ezeiza, Alejandro Granados– la creación de las «Unidades de Policía de Prevención Local», conocidas como policías comunales, con el objetivo de «fortalecer la prevención del delito a nivel municipal y potenciar la descentralización operativa de la policía». En declaraciones periodísticas el gobernador aseguró: «Mantenemos el espíritu de fondo del debate: que cada municipio tenga un jefe que los intendentes van a proponer y lo vamos a elegir para darles esa responsabilidad». Scioli precisó además que «esta policía no va a responder a la conducción de la Policía de Buenos Aires, sino a la conducción civil del Ministerio de Seguridad». Destacó, también, que la nueva fuerza «podrá usar armas más allá de las horas de servicio y no podrá detener personas por averiguación de antecedentes».
La normativa dispone que la creación de las policías locales «queda a discreción de los partidos que tengan más de 70.000 habitantes», aunque también establece que «excepcionalmente podrán contemplarse situaciones de municipios que no superen la mencionada cantidad de habitantes y que soliciten su incorporación». Los intendentes deberán suscribir un convenio con el gobierno provincial, que deberá ser ratificado por ordenanza municipal, por lo que necesitará la aprobación de los concejos deliberantes. Este punto es clave, porque dicha ordenanza contendrá todas las disposiciones necesarias para la conformación y puesta en funcionamiento de las policías municipales. Se estima así que los legisladores locales tendrán algún tipo de incidencia en cuestiones operativas. Aunque los jefes de las policías comunales serán designados por el Ministerio de Seguridad, la resolución exige que lo haga «en acuerdo con el intendente», quien además deberá presentar un programa de trabajo que incluya «las políticas preventivas y las acciones estratégicas propuestas para su municipio». Por otra parte, la resolución aclara que las nuevas fuerzas serán equipadas, conformadas y financiadas por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, aunque no descarta que los municipios hagan aportes.
El artículo que establece las funciones del nuevo cuerpo es bastante general en su redacción: la policía municipal deberá «efectuar la prevención primaria», e «implementar mecanismos de disuasión» y «hacer cesar» la comisión de delitos y contravenciones. La formación de los nuevos agentes se completará en las escuelas de policía descentralizadas y deberán realizar un curso orientado a «la prevención y proximidad en la actuación» que será dictado en las comunas por un instituto que el Ministerio de Seguridad deberá crear. Una Superintendencia de Seguridad Local –en el ámbito del Ministerio de Seguridad–, coordinará y supervisará a las policías municipales.
Oposición
«Llevamos adelante una propuesta que se consensuó en la Cámara y era algo completamente distinto a esta policía que salió por decreto. Un sistema profesional diferente, con un sistema de formación y capacitación distinto, con mecanismos de controles cruzados, que iba a mostrar que la Policía de la provincia de Buenos Aires es una policía del siglo XIX», afirma el legislador por el Frente Nuevo Encuentro, Marcelo Sain, quien estuvo a la cabeza de las modificaciones del proyecto original. Sain aseguró además que fue la cúpula de la Bonaerense la que llamó a «tirar abajo el proyecto aprobado en Diputados, o que el resultado se parezca bastante a la Bonaerense, de manera tal que la fagociten en poco tiempo».
«El proyecto de Scioli plantea el traspaso del mando funcional de la Policía de prevención a los intendentes que adhieran, pero no la dirección orgánica que implica gestión estructural, el régimen profesional, ascensos y calificaciones; sólo traslada el mando operativo», puntualiza Sain. Y agrega que «el gobernador quiere que cada intendente formule las políticas de prevención, pero las órdenes las sigue dando el jefe de distrito de la Policía que depende del Ministerio de Seguridad provincial».
Por su parte, desde la oposición tampoco recibieron con mucho agrado el decreto. «Lo que hizo el gobernador es crear un cuerpo policial más de la provincia», dijo en una entrevista el titular del bloque de la UCR en el Senado provincial. Mientras que el diputado Guillermo Britos de Unión Celeste y Blanca y ex comisario general de la fuerza provincial señaló que «por la Constitución, los policías sólo pueden ser provinciales; si no la autoriza la comisión de Asuntos Constitucionales me parece complicado que se pueda hacer». Uno de los puntos más controvertidos desde la óptica de los intendentes tanto oficialistas como de la oposición es el financiamiento de la fuerza local. De acuerdo con el decreto, los recursos provendrán íntegramente de la provincia, sin embargo, los intendentes desconfían. En el interior bonaerense cerca de 60 municipios cuentan con una fuerza comunal similar, implementada en 2004 por el ex ministro de Seguridad, León Arslanian como un instrumento de la pretendida –y fallida– descentralización policial. Durante varios meses, hasta que se aceitaron los mecanismos de transferencia de recursos desde La Plata, los intendentes debieron sacar de sus erarios el dinero para ponerlas en funcionamiento. E incluso tuvieron que financiar los gastos del día a día, como el arreglo de patrulleros. «Si no tenemos financiamiento directo por coparticipación, en cualquier momento nos quedamos sin fondos» alertó el intendente massista de San Fernando, Luis Andreotti, tras conocer el decreto. «Quiero que haya una normativa clara y puntual en cuanto a los alcances y los recursos, y en cuanto a la incumbencia que es lo que más nos preocupa. Hay cosas que tienen que quedar bien claras antes de adherir», advirtió el jefe comunal de General Rodríguez, el kirchnerista Juan Pablo Anghileri.
Paquete de emergencia
El 5 de abril pasado, Scioli presentó el decreto de Emergencia Pública en Seguridad, que tiene una vigencia de 12 meses y que el gobernador acompañó con un paquete de medidas para combatir el delito. Aunque la creación de la policía comunal viene debatiéndose en Diputados desde 2012, su definitiva implementación por decreto se enmarca en este paquete. «Un cambio en el diseño institucional, si no está acompañado por muchas otras políticas que van hacia la cultura policial, hacia la cultura del uso de la fuerza, no va a cambiar nada», afirma Luciana Pol, a cargo del Equipo de Políticas de seguridad y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). «Todo esto tiene lugar en una emergencia que está decretada sobre bases algo endebles –señala Pol–, porque si mirás la tasa de homicidios que tiene hoy la provincia, es la misma que se registró, por ejemplo, en los años 91 y 94. No estoy diciendo que no haya delito, pero sí que hay que poner las cosas en contexto. Muchas veces se apela a esa narrativa del aumento del delito para justificar medidas excepcionales. La emergencia es la que justifica la excepcionalidad de la medida. Y eso es lo que criticamos. Porque primero hay que replantear qué es lo que se dice cuando se dice emergencia, y después hay que replantear con qué tipo de medidas respondemos a esa supuesta emergencia».
—Mirta Quiles
