27 de diciembre de 2013
Más allá de la legitimidad del reclamo salarial, la forma adoptada por la protesta reveló una intencionalidad política. Deudas de la democracia y soluciones de fondo.
Alzamiento. Tras la protesta, agentes tucumanos fueron detenidos por su presunta participación en delitos durante los saqueos. (Télam)
El conflicto policial desatado en 19 provincias, con un correlato de serios episodios de violencia y más de una decena de muertos como consecuencia de saqueos a comercios, puso de relieve la persistencia de un problema estructural que concierne a las llamadas «fuerzas de seguridad».
Las protestas se iniciaron por un reclamo salarial que podría justificarse para la mayoría de los empleados estatales. Pero, por las peculiares modalidades que asumió en esta ocasión, el reclamo superó las demandas sectoriales y terminó generando saqueos y enfrentamientos sociales con pérdidas de vidas, heridos y daños materiales. Aunque no hay duda de que el drama tiene causas complejas, que hunden sus raíces en la permanencia de bolsones de pobreza y desigualdades, la forma que adoptó el conflicto policial fue, en esta oportunidad, uno de los factores clave para explicar su gravedad.
¿Fue casual esa conexión entre saqueos y protesta policial? Diversos analistas y funcionarios, incluyendo a la propia Presidenta de la Nación, así como referentes de los derechos humanos, señalaron que las huelgas policiales en buena parte del territorio nacional constituyen un hecho político que merece una profunda investigación sobre quienes fueron los responsables de los delitos cometidos durante esas jornadas. Las protestas policiales remiten a cuestiones más profundas, como la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad para poner en jaque la gobernabilidad. No resulta menor, en ese sentido, que los alzamientos se desencadenaran en coincidencia con la conmemoración de los 30 años de vigencia ininterrumpida de la democracia.
Hubo denuncias concretas que dieron cuenta de la activa coordinación entre los acuartelamientos y los saqueos a través de «zonas liberadas» para permitir la comisión de delitos. En Entre Ríos, por caso, los fiscales Germán Dri y Fabio Zabaletta investigan la connivencia entre las fuerzas de seguridad de esa provincia y quienes llevaron a cabo los saqueos en la ciudad de Concordia. En allanamientos conducidos por la fiscalía concordiense, aparecieron vinculaciones entre los saqueadores y los uniformados: los numerosos productos robados recuperados en las casas de policías podrían indicar que éstos instigaron o alentaron los robos. Nueve agentes de la policía de Tucumán, por su parte, se encuentran detenidos por su presunta «autoría mediata» en delitos producidos durante los saqueos. Además, se los imputa de sedición. No hay, sin embargo, policías procesados por la brutal represión que desataron en la plaza principal de la capital tucumana tras volver a sus funciones habituales. Juan Carlos Bacileff Ivanoff, gobernador chaqueño, no vaciló en afirmar que detrás de los incidentes en el Gran Resistencia se encontraba la policía, a la que acusó de liberar presos para que salieran a robar.
Causas y consecuencias
Estos hechos se suman a otras situaciones que cobraron notoriedad pública en tres importantes centros urbanos de la región Centro: Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Mas allá de los reclamos laborales, una hipótesis posible para explicar el desencadenamiento de una protesta policial coordinada y extendida por casi todo el país apunta al malestar profundo que suscitó en algunos sectores de la fuerza la afectación de ciertos negocios en los que estarían involucrados. Por ejemplo, en Córdoba, la destitución del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, desnudó la activa participación de los agentes policiales en diversos delitos. Vinculado con la última dictadura cívico-militar, Paredes debió renunciar junto con el Jefe de la Policía, Ramón Frías, a raíz de la causa judicial que liga a la policía cordobesa con bandas de narcotraficantes y el armado de causas con fines extorsivos. También la Policía de Santa Fe fue descabezada meses atrás, luego de la detención de su jefe, Hugo Tognoli, procesado por su presunta protección a grupos de narcotraficantes y otras organizaciones mafiosas que protagonizan desde hace unos años una cruda guerra que ya se cobró 180 muertos en Rosario en 2013.
Si bien la participación de uniformados en delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas es cada vez más profunda y gravosa, también es significativa la expansión del llamado «gatillo fácil», que ha tenido como objeto primordial a jóvenes de los sectores más desfavorecidos. Basta mencionar un estudio reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El informe anual de ese organismo sobre derechos humanos en Argentina señala, en su capítulo segundo, «la persistencia de prácticas de violencia institucional y su concentración sobre sectores vulnerables», y agrega que en 2012 fallecieron 148 personas en hechos en los que intervino personal policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano, una cifra superior a los 131 del año anterior.
Asuntos pendientes
El conflicto con las policías provinciales puso en alerta al Gobierno nacional, que deberá afrontar complejos desafíos en 2014, luego del aumento salarial otorgado por algunos gobiernos provinciales a sus respectivas policías. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, planteó una reforma de la seguridad pública en la presentación del citado informe del CELS: «Las fuerzas de seguridad se depurarán con la sanción de normativas que apunten a la seguridad democrática y la participación activa de la ciudadanía». En tal sentido reflotó el documento del Acuerdo para una política de seguridad democrática, suscripto en 2009 por un centenar de organizaciones –universidades, organismos de derechos humanos, académicos, especialistas–, y confinado al olvido con el correr de los años. Asimismo, el Gobierno nacional incluyó en el listado de temas habilitados en sesiones extraordinarias un proyecto de ley, impulsado por el senador Aníbal Fernández, que propone penas graves para los miembros de seguridad que no cumplan con su trabajo. El texto establece prisión de 1 a 3 años para miembros de fuerzas de seguridad nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o agencia estatal armada que abandonen injustificadamente actos de servicio; e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. En tanto, agrega: «Si se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de 2 a 8 años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos».
Más allá de estas respuestas, surgidas al fragor de los recientes episodios, sobresalen las asignaturas pendientes de la democracia para establecer reformas en la fuerza policial. Desde gran parte del arco político, aparecieron pronunciamientos respecto de la necesidad de una reforma policial, dado que en el interior de estas fuerzas, según quedó expuesto en los últimos conflictos, perviven individuos y metodologías que remiten a la última dictadura cívico-militar. Se trata de una fuerza de carácter territorial, involucrada en la trama delictual, cuya estructura represiva y formación ética y profesional no ha cambiado. Entrevistado por Acción, Ricardo Ragendorfer, periodista y autor del libro Maldita Policía, sostiene que «la desmilitarización y la democratización de las fuerzas de seguridad son una deuda que el Estado, a través de todos sus gobiernos, tanto nacionales como provinciales, tiene con la sociedad y con su propia historia. A lo largo de estos años hubo elementos suficientes, evidencias contundentes, que por otra parte chorrean y dan cuenta de la autonomía casi homicida de las fuerzas de seguridad. Y, digamos, mucho no se ha hecho».
Preparación. Alumnos y cadetes, en un acto de formación de la fuerza. (Télam)
En el mismo plano, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni plantea la necesidad de repensar la estructura policial teniendo en cuenta su autonomía para alentar y participar en delitos, condicionar la gobernabilidad y remitir «al modelo colonialista de ocupación territorial». Además de postular la descentralización de las fuerzas policiales, entre las propuestas de Zaffaroni se cuenta la de abrir un canal de diálogo para que las policías puedan expresar sus demandas y reivindicaciones. En efecto, la denominada sindicalización de las fuerzas de seguridad reapareció en el debate público, aunque con matices y contrapuntos a la hora de abordarlo. Para Ragendorfer, «aunque suena bien eso de que la Policía se sindicalice, hay un pequeño problema. ¿Qué son los policías? ¿Trabajadores o funcionarios públicos con armas? El carácter militarizado de su trabajo y la naturaleza no democrática de las estructuras que la conforman son parte de la respuesta. O sea, una fuerza policial bien se podría sindicalizar siempre y cuando se desmilitarice».
Marcelo Sain, diputado bonaerense por Nuevo Encuentro, sociólogo y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, opina que hay que permitir el derecho a la agremiación y a la negociación colectiva de las fuerzas de seguridad, pero sin derecho a huelga, como paso posterior a una reforma profunda. Por encima de la discusión salarial, Sain advierte un problema más grave, ceñido a las responsabilidades políticas sobre la cuestión policial. «Acá hubo 20 años de un acuerdo tácito de que los gobiernos delegaran el poder de la gestión de la seguridad pública a las policías y estas gestionan la problemática criminal, en algunos casos incluso participando en el crimen. Este doble pacto se empieza a agrietar». La reforma policial, en la observación del diputado provincial, es el paso siguiente a la reconstrucción de soberanía y capacidad de gestión política.
En este período de tres décadas hubo un tímido intento de cambio, no exento de conflictos y resistencias. En la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de seguridad León Arslanián implementó una reforma que constituía un avance en el control civil de la Policía bonaerense. Su principal eje fue la separación de la policía de seguridad de la policía de investigaciones, de modo tal que la primera, enfocada en la prevención y la represión de los delitos, no contaba con facultades sobre las causas de delitos complejos, una medida que muchos analistas consideran que debería implementarse actualmente. Las transformaciones impulsadas por Arslanián, quien fue ministro en dos períodos (1998-1999 y 2004-2007), fueron abortadas por el gobernador Daniel Scioli. Además, aquel proceso de cambio tampoco contó con el aval firme del Gobierno nacional.
En definitiva, las policías provinciales en conjunto constituyen el cuerpo armado más numeroso entre las fuerzas de seguridad, por lo que se torna imprescindible rever su funcionamiento y estructura. La crisis reciente revela la necesidad de una reforma global, cuyo tratamiento no puede quedar limitado a medidas coyunturales sino a un profundo debate que involucre a todos los sectores democráticos de la sociedad.
—Pablo Provitilo
