20 de marzo de 2025
129 diputados otorgaron carta blanca al Gobierno para concretar un nuevo acuerdo con el FMI mientras una multitud reclamaba por la recomposición de las jubilaciones, en una ciudad sitiada por fuerzas policiales.
Aprobado. Con apoyo del PRO, radicales, Coalición Cívica y «pichettistas», el oficialismo logró convalidar el DNU para negociar con el FMI.
Foto: NA
La Ciudad de Buenos Aires amaneció este 19 de marzo como tomada por fuerzas de ocupación. Las estaciones de trenes y subtes emitían mensajes intimidatorios del Gobierno nacional contra la marcha de los jubilados y las requisas en los accesos a la capital argentina y las amenazas de la ministra de Seguridad mostraron un operativo de represión más receloso que una semana antes. A tal punto que fueron colocados vallados en torno al Congreso, desplegados inhibidores de señal en puntos de encuentro de manifestantes y se prohibió la circulación de drones en los alrededores del palacio legislativo y la Casa Rosada. El Gobierno no quería que imágenes como las del ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco resultaran los íconos de una nueva jornada de protesta en la que, además, se jugaba la aprobación en la Cámara Baja del DNU que representa una carta blanca para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del que se desconocen los detalles, pero se descuenta que será oneroso para varias generaciones de argentinos.
El operativo tuvo tanto gusto a ofensiva represiva contra un creciente rechazo a las políticas oficiales que hasta un exfuncionario del PRO como Pablo Avelluto, exministro de Cultura de Mauricio Macri, se vio en la obligación de advertir sobre el rumbo de la Argentina de Javier Milei.
Un día antes, una cumbre de capitostes del Gobierno se llevó a cabo para delinear los pormenores del operativo. Fueron de la partida Patricia Bullrich, lo que revela que lo ocurrido la semana anterior tuvo consecuencias pese a la reivindicación oficial, el ministro sin cartera Santiago Caputo, los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –Sergio Neiffert y su segundo, Diego Kravetz– junto con los titulares de las Secretarías de Justicia y Transporte. Caputo, el hombre gris del Gobierno, había posteado en su cuenta de X personal –se sabe que tiene varias con nombres ficticios, además de manejar un batallón de trols para «difundir» el apoyo a Milei– mensajes preocupantes para los que creen en los valores de la democracia y el respeto por los derechos civiles.
«El socialismo no se discute, se erradica. La casta no se reforma, se destruye. Los enemigos del progreso no se convencen, se eliminan. Y no vamos a parar hasta que el último de ellos desaparezca», anotó, desafiante.
Pueden entenderse como bravuconadas para atemorizar ante lo que se avizoraba como una marcha multitudinaria tras el rechazo que provocó la brutal represión del 12-M. En esa línea se mostró la presencia de miembros de la SIDE en tareas para las que la ley no los autoriza. La propia Bullrich se encargó de postear sus mensajes pretendidamente intimidatorios al tiempo que ofreció una recompensa para quienes denuncien a supuestos «violentos». Cómo sería el clima que los medios de comunicación proveyeron de cascos y máscaras antigases a los periodistas que cubrían la protesta.
Adentro del Congreso, mientras tanto, se expresaba otra imagen del deterioro en que las instituciones fueron cayendo y que legisladores de este Gobierno no hicieron sino profundizar. Comenzó la votación para la aprobación del DNU 179/25 con recriminaciones por un audio que se filtró del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, llamando a los diputados libertarios a tener una sesión «nada pacífica» con tal de lograr la aprobación del misterioso texto.
Miércoles. La manifestación de cada semana de los jubilados frente al Congreso.
Foto: NA
Hoy como ayer
Las diferencias que se traslucen entre el puñado de legisladores oficialistas son tan marcadas que se repitieron escenas de comedia vergonzantes como las de los diputados que la semana pasada se habían enfrentado a trompis ahora amigados y hasta con la oferta de un «pico» de Lisandro Almirón a Oscar Zago y su voto para la presidencia de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Hubo otro choque de la diputada de LLA Marcela Pagano contra el titular de la Cámara, Martín Menem, quien habrá que reconocer que aprendió muy rápido las peores bribonadas de la «casta» parlamentaria. Pagano, de paso, confirmó que los famosos audios eran reales y culpó a Menem por ignorar su nombramiento como presidenta de la Comisión de Juicio Político.
La sesión trató la autorización al Ejecutivo para contraer nuevo endeudamiento con el FMI, en consonancia con el crédito de 2018 que «consiguieron» los mismos personajes ahora estrellas de esta gestión, Luis «Toto» Caputo a la cabeza, con los mismos condimentos de tantas crisis anteriores en el país: fin abrupto de la bicicleta financiera, evaporación de las reservas y riesgo de una crisis terminal de régimen.
Por lo pronto, los senadores de Unión por la Patria avisaron que «firmar un nuevo acuerdo en una clara violación de la legislación vigente en la Argentina (por la Ley Guzmán), no solo acarreará su absoluta nulidad, sino que como fuerza política, no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado Argentino».
Un primer análisis podría decir que al igual que hace siete años, el Gobierno acude al Fondo para ir a las próximas elecciones legislativas en mejores condiciones. Como se dijo entonces, que el organismo financie en cierto modo la campaña electoral del oficialismo a costillas de toda la sociedad. La cuestión es si el FMI aceptaría un nuevo crédito fuera de las reglamentaciones internas que pusieron en el candelero al staff en aquella ocasión y con tanta flojedad de papeles en el deudor.
El Gobierno, a todo esto, logró un triunfo pírrico: el enigmático acuerdo recibió el apoyo de 129 «defensores de la República», entre ellos el bloque de la Coalición Cívica –referenciado en Elisa Carrió–, los «radicales con peluca», el «apoyo crítico» de Miguel Pichetto y los suyos y, por supuesto, el PRO en pleno. Se opusieron Unión por la Patria y la izquierda y hubo 13 ausencias. Luego, la sesión quedó sin quorum para tratar la prórroga de la moratoria previsional.
El colofón de una jornada de tensión extrema fue que la marcha se registró sin mayores incidentes, aunque con las limitaciones que impuso el desmesurado operativo que, en aras de aplicar el protocolo que impide el corte de calles… cortó buena parte del macrocentro porteño, y quedó flotando la pregunta de quién realmente organizó este operativo y cómo quedará parada la ministra de Seguridad. Hubo, sí, varias escamaruzas cuando los manifestantes detectaron a infiltrados, que fueron corridos oportunamente, y alguna que otra provocación de parte de efectivos policiales. Pero nadie osó tocar las piedras que sospechosamente colmaban los volquetes dispuestos al azar en la zona.
Quedó, a todo esto, una imagen simbólica de esta jornada tan particular, cuando un policía quitó por arriba de un vallado la bandera argentina que portaba un manifestante y la arrojó despectivamente al piso. Una flagrante violación al artículo 222 del Código Penal, que castiga con prisión de uno a cuatro años a quien «públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina». Quizás, a su modo, fue la expresión de lo que 129 diputados habían hecho dentro del recinto.
Vallas donde vayas. Un megaoperativo intimidatorio rodeó la plaza y las calles adyacentes.
Foto: NA
