20 de mayo de 2021
El Gobierno busca un espacio de acción en medio de tensiones en el Mercosur, la renovada injerencia de Estados Unidos en la región y los embates de Bolsonaro.
Bilateral. El presidente brasileño con el embajador Daniel Scioli: relación difícil. (NA)
Como si no bastara con el azote de la pandemia, la pertinaz inflación, los altos índices de pobreza y los embates de una oposición con algunos sectores descontrolados, el Gobierno de Alberto Fernández debe afrontar los efectos de la catastrófica gestión sanitaria de Jair Bolsonaro en Brasil, que con su indolencia ha favorecido la diseminación del virus de COVID-19 por toda la región. El aspirante a dictador que prometió sacar a la calle a las fuerzas armadas, se destacó, además, como promotor de un Mercosur subordinado a los intereses estadounidenses y europeos. Hace algunas semanas las dificultosas relaciones con el principal socio comercial de la Argentina sufrieron otro sacudón a raíz de las declaraciones del vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, quien saliendo al cruce de la comprometida situación de su país, que acumuló una deuda pública cercana al 90% del PIB y atraviesa el séptimo año consecutivo de déficit fiscal, no tuvo mejor idea que proclamar: «No podemos escapar a las reglas de responsabilidad fiscal porque si no el país va a la quiebra y entonces vamos a estar igual que nuestro vecino del sur, la Argentina, un eterno mendigo».
En la prolija tarea que tiene como objeto la destrucción de los organismos que promueven políticas comunes en el sur del continente, Bolsonaro ha encontrado a un solícito aliado en el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, adalid de la «libertad responsable», un eufemismo laudatorio del individualismo más cerril. Ya en la cumbre virtual del Mercosur que conmemoraba los 30 años del bloque, Lacalle había señalado sus diferencias acerca del arancel común y reivindicado la flexibilidad para concertar acuerdos comerciales por separado, lo que, de concretarse, acabaría por sepultar al organismo. Una frase suya en la cual apuntaba que el Mercosur no podía ser un «lastre» para algunos países, actuando como un corsé que impidiera los movimientos, fue tajantemente contestada por el presidente argentino: «Si esa carga pesa mucho, lo más fácil es abandonar el barco», replicó.
Acuerdos rotos
Un episodio ocurrido poco después empañaría aún más las relaciones argentino-uruguayas: un avión militar británico que se dirigía desde las Islas Malvinas hacia su país de origen hizo escala en Montevideo para asegurar su aprovisionamiento. Si bien esa circunstancia se había repetido varias veces durante los últimos años, motivó un reclamo de la Cancillería debido a que existe un acuerdo por el cual, dado el conflicto que el país mantiene con la potencia ocupante de ese territorio, solamente pueden hacer escala en la nación vecina los vuelos humanitarios.
Otro embrionario conflicto tiene como eje la licitación del dragado del canal Magdalena, que había sido suspendida por el Gobierno de Mauricio Macri y está prevista para septiembre de este año. Las autoridades uruguayas parecen dispuestas a utilizar cualquier subterfugio para evitar que esa actividad se concrete, ya que la mayor profundidad que se lograría permitiría vincular los puertos del Río de la Plata y el Paraná con los de la costa oceánica, como Mar del Plata y Bahía Blanca, con lo cual Uruguay perdería los beneficios que se derivan de la venta de servicios a los buques que obligadamente deben pasar hoy por el puerto de Montevideo para entrar o salir del de Buenos Aires.
Desde el punto de vista geopolítico las cosas no se presentan fáciles para el Gobierno argentino debido al creciente interés del presidente estadounidense Joe Biden por recuperar protagonismo en la región y neutralizar la creciente influencia de China y Rusia, reforzada en los últimos tiempos por la provisión de vacunas que están siendo escamoteadas por Occidente y por la inminente fabricación en el país de la Sputnik V. En su reciente visita, el principal asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental en materia de seguridad, Juan González, de origen colombiano, ya advirtió sobre las consecuencias que tendría lo que denominó «mercantilismo de vacunas», que considera una iniciativa de China y Rusia para avanzar en influencia y que, en su opinión, «no apunta a lograr una respuesta global a la pandemia que Estados Unidos estaría dispuesto a dar ateniéndose a las normas internacionales». En un guiño amable hacia las autoridades argentinas, González sostuvo que no las culpa por buscar proveerse de esos elementos para inmunizar a su población y, cambiando de tema, precisó que el FMI debe poner sobre la balanza «una de las peores pandemias que ha sufrido este mundo y la peor crisis económica de los últimos 100 años», en clara alusión a las tratativas que se llevan a cabo para renegociar la deuda argentina.
Entre dos gigantes
También el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, incluyó a la Argentina en un periplo por varias naciones latinoamericanas. La excusa, según la embajada: donar tres hospitales móviles para fortalecer el sistema de salud local. La verdadera razón: expresar su preocupación por la decisión gubernamental de abandonar el grupo de Lima –punta de lanza del aislamiento de Venezuela–, indagar sobre el proyecto de instalar una base militar de la Armada en Ushuaia que permitiría controlar el estratégico paso de Drake y la creación de un polo logístico en Tierra del Fuego con el fin de abastecer en servicios, alimentos, traslado de personal científico, a todas las bases de la Antártida cercanas a la de Marambio, que podría contar con financiación china. En una entrevista que concedió al portal Infobae, Faller, sin pelos en la lengua, puntualizó: «En tiempos de pandemia las amenazas trasnacionales deben ser abordadas en forma conjunta», y agregó: «China es para nosotros una amenaza, lo cual no significa que esta situación deba derivar en un conflicto. El caso de Rusia es distinto, Rusia siembra mentiras y desinformación en forma rutinaria».
Cabe consignar que Estados Unidos continúa siendo el principal inversor externo de Argentina con el 22,7% del stock de Inversión Extranjera Directa, casi 17.000 millones de dólares, si a ello se le suman la extensión territorial de la Argentina, su ubicación estratégica y sus enormes recursos naturales –sobre todo acuíferos, petroleros e ictícolas– no puede extrañar que sea motivo de preocupación para el Gobierno de Biden el hecho de que esté negociando con el gigante asiático el financiamiento de obras de infraestructura, energía y telecomunicaciones por alrededor de 30.000 millones de dólares. China estudia también invertir en ferrocarriles, puentes, puertos, corredores viales y fibra óptica, entre otros proyectos y aspira a ganar la licitación de la hidrovía. Asimismo, es el principal comprador de soja y en los últimos meses el más grande importador de carne argentina. En este contexto, resulta significativa la aparición de un submarino nuclear estadounidense en las aguas internacionales del Atlántico Sur, en maniobras con la flota del Reino Unido anclada en Malvinas.
El desafío que el presidente Fernández parece haberse propuesto es desarrollar lo que el experto Juan Gabriel Tokatlian denomina «diplomacia de equidistancia», una «prudente cercanía a distancia segura», que le permita al país fijar sus propias prioridades, obtener las inversiones necesarias sin atenerse a condicionamientos ideológicos y evitar colisionar con Estados Unidos, sobre todo porque el establishment nativo, subordinado históricamente a la gran potencia del norte, posee intacta su capacidad desestabilizadora. No será fácil.
