25 de abril de 2014
Se inició el debate del anteproyecto redactado por la comisión encabezada por el juez Zaffaroni. Controvertida iniciativa de regulación de las protestas y lanzamiento del Frente Amplio Unen.
Propuesta. Barbagelata, Gil Lavedra, Alak, Álvarez, Pinedo, Arslanian y Zaffaroni: presentación en la Facultad de Derecho. (Télam)
El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Julio Alak –acompañado por el secretario Julián Álvarez–, presentó oficialmente el anteproyecto elaborado por una comisión de expertos con distinta pertenencia partidaria, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ante un auditorio integrado por jueces, camaristas, juristas y autoridades universitarias. El objetivo es que en un plazo de 90 días la propuesta sea analizada y debatida por académicos y especialistas en derecho, como paso previo a su tratamiento parlamentario. Los integrantes de la comisión redactora –el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni, el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, la dirigente socialista y ex diputada María Elena Barbagelata, el ex ministro de Justicia León Arslanian y el diputado del Pro Federico Pinedo– defendieron el trabajo realizado y coincidieron en señalar que se habían esforzado en zanjar las diferencias en el momento de establecer una propuesta, pero que cuando no lo lograron, dejaron establecidas las disidencias de tal modo que se resuelvan en el proceso de debate. Gil Lavedra pidió «un debate racional, sin consignas ni meras frases demagógicas», en lo que pareció una respuesta a los planteos esgrimidos por el diputado Sergio Massa, líder del Frente Renovador, quien impulsa el rechazo a la reforma. Pinedo, por su parte, luego de enfatizar acerca del «serio problema de seguridad» que sufre la Argentina, sostuvo que «si no hay un espíritu de respeto, de pensar más en la sociedad y menos en el interés personal, no se puede avanzar». Los dos dirigentes debieron afrontar el desaire de sus partidos, que, luego de la elevación del anteproyecto a la Presidenta, declararon que no estaban dadas las condiciones para discutirlo. La socialista Barbagelata, en tanto, destacó el grado de consenso alcanzado y ratificó la necesidad de sistematizar en un cuerpo único el conjunto de leyes penales que fueron modificando el viejo código de 1921. Carlos Arslanian aclaró que «ninguna de las 900 modificaciones que tuvo el código en casi 100 años sirvieron para que las tasas de criminalidad bajaran», y el coordinador de la comisión, Eugenio Zaffaroni, expresó su satisfacción por el inicio de la discusión e invitó a los académicos a perfeccionar el anteproyecto. El dictamen de los especialistas será tenido en cuenta en la redacción del proyecto que llegue al Congreso Nacional. En caso de que se avance en el debate legislativo, se estará revirtiendo la simplificación que predominó en ciertos análisis vertidos ni bien la comisión elevó el anteproyecto a la Presidenta de la Nación. Aquello fue un mal comienzo del debate, signado por lo que el juez y profesor universitario Alejandro Slokar definió como «un penoso nuevo episodio de la conversión del ágora democrática en un mero espectáculo, a partir de una demagogia vindicativa encabezada por ciertos personeros inescrupulosos y algunos empresarios de la comunicación contra un –hasta ayer– desconocido anteproyecto de Código Penal. Más allá del deterioro de la legitimidad de la política y de toda su dimensión normativo-pedagógica, a partir del marketing de la comunicación y un aparato enorme de publicidad –con mensajes cortos, no racionales, de alto impacto y, por tanto, ideales para la televisión comercial– se pretendió ejercer influencia y presión sobre los poderes públicos y sobre el ámbito de pensamiento».
Otro debate abierto en las últimas semanas fue el que disparó la presentación de un proyecto de ley denominado «Convivencia en manifestaciones públicas», por parte del diputado oficialista Juan Manuel Pedrini, quien fue ministro de Gobierno de la provincia de Chaco durante la gestión del actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. La iniciativa, apoyada por otros legisladores del Frente para la Victoria –entre ellos, Carlos Kunkel y Diana Conti–, apunta a establecer regulaciones a las manifestaciones callejeras, prevé como condición un pedido de autorización previa y clasifica las protestas en legítimas e ilegítimas.
Cuando llegó al gobierno en 2003, el kircherismo marcó un cambio en el tratamiento de la protesta callejera, tras décadas en las que primó la respuesta represiva. En ese marco, este proyecto configura una señal de alerta ya que, sin perjuicio de reconocer que los cortes de calles producen trastornos en el tránsito y molestias a ciudadanos, la alternativa para resolver esta cuestión no debería ser la limitación al derecho a la protesta. Además, para los casos en los que se cometan delitos o contravenciones, se pueden aplicar leyes vigentes, sin necesidad de sumar reglamentaciones. El proyecto de Pedrini fue cuestionado por dirigentes opositores, pero también por miembros de organizaciones sociales, algunas de ellas cercanas al kirchnerismo, y organismos de derechos humanos. La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires fue contundente en una declaración: «Restringir la protesta es limitar la democracia». En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su preocupación por el proyecto, que a su juicio «es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años». Para el CELS, se «intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones y cuando aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma». Luego de las críticas suscitadas, el Gobierno tomó cierta distancia de la propuesta. Por caso, el jefe de Gabinete aclaró que la iniciativa «no incumbe directamente al Poder Ejecutivo».
Proyección 2015
Para agosto del año que viene, cuando se realizarán las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que determinarán las candidaturas presidenciales y las listas de legisladores que competirán en octubre en las generales, faltan 16 meses. Sin embargo, la campaña ya se está poniendo en marcha. A las candidaturas anunciadas de manera informal o en rango de «intenciones», se sumó la conformación de una nueva alianza política, denominada Frente Amplio Unen, con vistas a los comicios del año próximo.
Piquetes. Proyecto de un diputado oficialista sobre las manifestaciones callejeras. (Martín Acosta)
En el teatro Broadway de la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, Libres del Sur, GEN, Proyecto Sur, Frente Cívico de Córdoba, Partido Socialista Auténtico y Coalición Cívica, compartieron un acto sin discursos. El flamante frente tendrá que pasar una dura prueba de convivencia entre al menos cinco aspirantes a encabezar una fórmula presidencial: el titular del partido radical, Ernesto Sanz, el ex vicepresidente de la Nación Julio Cobos, la diputada Elisa
Carrió, el ex gobernador santafesino
Hermes Binner y el líder de Proyecto Sur, Fernando Solanas. Los puntos en común, más allá de la oposición al kirchnerismo, no son demasiados. La intención primordial es concentrar los votos opositores no peronistas en los comicios del año próximo, de ahí que las definiciones que priman en el documento suscrito por las ocho fuerzas apuntan a la construcción de una herramienta electoral. «Los partidos y dirigentes políticos que suscribimos la presente manifestamos nuestra firme voluntad de conformar una coalición política en el orden nacional, que brinde a la Argentina una alternativa de gobierno», establece el acuerdo y afirma: «Nuestros candidatos a cargos nacionales se elegirán a través de las PASO. Asumimos el compromiso de darle continuidad y permanencia a esta construcción política y extenderla al conjunto de los distritos de nuestro país, respetando las particularidades de cada uno».
Un largo camino
A poco de andar, salieron a la luz las divergencias en torno a una eventual incorporación del Pro de Mauricio Macri. Hasta no hace mucho tiempo, el jefe de Gobierno porteño era un límite para la convergencia opositora no peronista. Sin embargo, desde que Carrió sacó a la luz su intención de acordar con el ex presidente de Boca Juniors, con el entusiasta respaldo del cordobés Oscar Aguad y con señales positivas emitidas por el mendocino Cobos, hubo tantas opiniones a favor como contrarias, y muchos eligieron el camino de la ambigüedad para no cerrar ninguna puerta. «No tenemos nada en contra del Pro. Sí creemos que nuestro frente tiene una fortaleza ligada con el pensamiento y con la ideología que nos integra», señaló Binner. El radical Ricardo Alfonsín, en tanto, dijo que «el Pro no integra
ni integrará» el espacio, y Margarita Stolbizer, líder de GEN, aclaró que un acuerdo con Macri «no integra la agenda». El senador Solanas también aportó lo suyo: «La incorporación de Mauricio Macri es un disparate», dijo.
Más allá de las idas y vueltas, no resultará sencillo para el Frente Amplio Unen transitar el largo camino hacia las PASO haciendo equilibrio entre posturas tan disímiles. De hecho, el macrismo tiene acuerdos con la UCR en algunas provincias y los dirigentes locales no querrán perder votos en las elecciones de gobernadores y legisladores provinciales. El caso paradigmático es Tucumán, donde el radical José Cano intentará ganar la gobernación con apoyo del Pro. Pero no es el único: el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, también opera a favor de confluir con el Pro y otros caudillos locales aspiran a potenciar sus posibilidades sumando los votos macristas.
—Jorge Vilas
