Las causas contra Milagro Sala y otros dirigentes sociales motivan la preocupación y las denuncias de organismos de derechos humanos locales e internacionales. El caso de Nélida Rojas en Mendoza, pendiente de resolución.
9 de agosto de 2017
Protesta. Frente a los tribunales mendocinos, piden la libertad de Sala y Rojas. (Gentileza Marcelo Rolland/Los Andes)
El reciente fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Milagro Sala, concediendo la medida cautelar que solicitó la líder de la Tupac Amaru, sentó una posición clara en cuanto al respeto del debido proceso y la no criminalización de los movimientos sociales. En su resolución, la CIDH alertó sobre las condiciones de encarcelamiento de la dirigente jujeña, con riesgo incluso para su vida, y pidió a las autoridades tomar medidas urgentes, que al cierre de esta edición no se habían cumplimentado. Por su peso propio, esta postura de la Comisión impacta más allá de la preocupante situación de Sala, a quien se le dictó prisión preventiva en enero de 2016. Supone además una referencia para episodios similares, enmarcados en la agresiva relación que el Estado mantiene con la protesta social desde la llegada de Cambiemos.
Un caso que también puede ser visto a la luz del fallo de la CIDH es el que involucra, justamente, a otro miembro de la Tupac: Nélida Rojas, a quien no por nada llaman «la Milagro Sala de Mendoza». En esa provincia, Rojas es la principal referente de la organización barrial y fue detenida el pasado 7 de abril, junto a su esposo, dos hijas y una nuera. El 26 de junio, tras casi 90 días en el penal de Agua de las Avispas, al pie de la Cordillera de los Andes, obtuvo el arresto domiciliario. Su salud se había deteriorado sensiblemente por las bajas temperaturas y las precarias condiciones de reclusión. De 62 años y con varias operaciones de columna –la ANSES la jubiló con un 76% de incapacidad–, su estado empeoraba día a día. Por eso, presentó un habeas corpus ante la jueza de Garantías Cristina Pietrasanta, que primero lo rechazó sin siquiera convocar a la audiencia que marca la ley. La Cámara del Crimen anuló esa orden y Pietrasanta finalmente habilitó el arresto domiciliario.
Métodos de organización
Hay casi 30 causas en contra de Rojas y su familia, imputados por asociación ilícita, extorsión y coacción agravada. La fiscal Gabriela Chaves consideró que desde su origen mismo, en 2007, la Tupac de Mendoza habría tenido como único fin delinquir. Para eso, Chaves asoció prácticas habituales en muchas organizaciones sociales y políticas con hechos delictivos. Alfredo Guevara, abogado de Rojas, remarcó que «de las 25 causas que se le imputan, 23 suponen criminalizar prácticas propias de la Tupac, que no son ilegales, y sobre las que se pueden tener objeciones, pero están amparadas por la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos». Para Guevara, «no entra en la cabeza de estos funcionarios que los sectores populares se organicen por voluntad propia para reclamar por sus derechos». Como ejemplo, en la Tupac mendocina destacan que sus cooperativas levantaron 1.300 viviendas.
En el entorno de la dirigente aguardaban el pronto llamado a la audiencia donde la Cámara tratará la apelación contra la detención de los cinco imputados. Y lo dicho por la CIDH puede ser un elemento a jugar. Horacio Báez, integrante de la defensa, explicó a Acción que si bien no hay un efecto directo, «sí tiene influencia de jurisprudencia en cuanto a la excepcionalidad de la prisión preventiva». En su resolución sobre Sala, la CIDH recordó que esa medida «debe estar limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad», y que «el Estado debe garantizar que la regla sea la libertad del procesado mientras se resuelve su responsabilidad».
En sintonía, los abogados de Rojas afirman que la preventiva es injustificada, porque si bien las penas eventuales superan los tres años de mínima, no hubo denuncias de intimidación a testigos y los acusados siempre mostraron disponibilidad a comparecer.
