28 de enero de 2014

Luego de un fuerte incremento en la cotización del dólar, el Gobierno modificó el esquema de adquisición de moneda extranjera para atesoramiento. Disputa por la liquidación de exportaciones.

 

Al cierre de esta edición se terminaban de definir una serie de medidas de índole cambiaria que configuraban un nuevo panorama en torno al control del tipo de cambio y la posibilidad de adquirir dólares para atesoramiento. Más allá de las disposiciones concretas, quizás lo más importante sea  analizar la situación que llevó a adoptarlas. Es que si bien el salto fuerte en el valor del dólar se produjo en dos días, con una devaluación del peso de más del 15% que llevó a un cambio de alrededor de 8 pesos por cada unidad del billete verde, la puja por la cotización de la moneda estadounidense en la Argentina se había iniciado tiempo atrás. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo, sin embargo, que «el Gobierno entiende que la cotización que alcanzó el dólar es una cotización de convergencia razonable para la economía argentina».
La presión para el aumento del dólar llegó desde distintos frentes. Siete grandes empresas concentran el 80% de la soja, principal producto del agro argentino, y deciden cuándo y cómo liquidan sus stocks exportables. Para el Gobierno, se están reteniendo grandes cantidades de granos a la espera de lograr una mayor rentabilidad. Según el ministro de Economía, Axel Kicillof,  «lo que hay es una situación financiera especulativa que se traduce a las variables reales. Se puede tener la mejor cosecha de la historia, pero al mismo tiempo pueden tomar decisiones especulativas y no liquidar o pujar por importar más fuertemente. Los grandes sectores financieros y concentrados tienen mucha experiencia en la desestabilización. Pero tenemos las herramientas para hacerles frente». Las estimaciones respecto del volumen que están guardando sin exportar varían y forman parte de la disputa. Mientras funcionarios gubernamentales hablan de más de 4.000 millones de dólares retenidos por los exportadores, dirigentes ruralistas y consultores del mercado granario, si bien admiten cierta tenencia de granos del sector, estiman en sumas más reducidas su volumen. Lo cierto es que el  presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, reconoció con sinceridad brutal que «conviene más especular con la inflación y el dólar que producir o fabricar productos». Para rematar, aclaró que «la cosecha es propiedad privada y los productores son dueños de venderla cuando quieran». El sector agroexportador es un beneficiario directo del aumento del precio del dólar, junto con los grandes exportadores de otros rubros, sin embargo, mantiene en alto el reclamo en pos de más rentabilidad. Por caso, a Etchevehere se sumó el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, quien en primer término sostuvo que la devaluación «es un paso positivo», pero luego habló de incertidumbre, improvisación y del miedo de los productores a que «les sigan metiendo la mano en el bolsillo». Tampoco faltaron maniobras ya no especulativas sino de explícito fogoneo de expectativas negativas como la denunciada por funcionarios gubernamentales respecto de la petrolera Shell. Esta compañía habría adquirido dólares a un valor superior al que el mercado fijaba con el objetivo de establecer una referencia de suba más violenta que la que en realidad estaba ocurriendo. El propio ministro de Economía ratificó lo que fue en primer término una revelación periodística. «Abortamos una maniobra  que intentaba armar una escalera para llevar el dólar en principio a 9 pesos –señaló Kicillof–. Es una maniobra porque las operaciones se estaban cerrando a 7,20 pesos y de pronto vino alguien y puso una orden de compra de dólares a 8,40 pesos. Es como si una persona entra al supermercado, ve que el tomate está a 11,50 pesos y dice que lo quiere comprar a 40 pesos. El vendedor se lo va a vender a 40 pesos. Después esa persona sale y dice: “Esto es un escándalo, el tomate está a 40 pesos”. Es una operación pequeña, pero genera un escalón cambiario muy fuerte y después vienen los demás a convalidarlo». Le salió al cruce Juan José Aranguren, presidente de Shell, quien reconoció la existencia de la operación, pero deslindó responsabilidades en el banco HSBC que fue el que estableció el precio que pagó la petrolera angloholandesa por el dólar, que estaba por encima de la cotización de ese momento. El debate en torno a la situación cambiaria y las políticas gubernamentales no incluyó hasta el momento la consideración acerca de una respuesta de fondo a la problemática del flujo de dólares. Negociar o discutir con los sectores concentrados de la economía no parece ser el camino indicado, sobre todo si su pensamiento es el expresado por Etchevehere. En tal sentido, el rol del Estado debería ser el de asegurar que prime el interés colectivo y se proteja el trabajo de los argentinos. En ese marco, vale recordar la Propuesta para construir un país con más democracia y equidad distributiva del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
El documento de la entidad cooperativa, actualizado en 2008, expresa que «las divisas son bienes públicos y por lo tanto su circulación debe ser rigurosamente regulada, con sanciones penales contra cualquier violación de las normas. Entre ellas, maniobras de sub y sobrefacturación y precios de transferencia entre compañías multinacionales. Deben establecerse normas que regulen el ingreso y egreso de divisas, para aminorar el impacto de eventos externos y atender los intereses de la política cambiaria y monetaria». La propuesta cooperativa señala que «el tipo de cambio debe mantenerse en niveles competitivos y su valor debe ser regulado, para que no conspire contra el ingreso real de los asalariados y demás perceptores de ingresos fijos» y plantea instrumentos esenciales para alcanzar esos objetivos: «La creación de Juntas reguladoras del comercio exterior de los principales bienes de exportación agropecuarios, integradas por el Estado, entidades representativas de los productores nacionales y de los consumidores, permitirá intervenir en la distribución de los márgenes que se crean en los distintos eslabones de las cadenas productivas».
Es que, a la luz de lo que está ocurriendo, cabe preguntarse: ¿sería posible este ataque especulativo sobre la moneda nacional si existiera una junta nacional de granos que administara el comercio exterior del principal producto de la economía argentina? ¿Se puede aspirar a una política inclusiva y de redistribución del ingreso si un puñado de empresas dispone los tiempos y condiciones en que se efectivizará la exportación de la producción granaria e incide en forma determinante en el tipo de cambio, una de las variables económicas fundamentales?.

 

Progreso regional
Las tensiones en el mercado cambiario coincidieron con el regreso de la presidenta Cristina Fernández a la agenda pública, luego de más de un mes sin hablar ante cámaras. Lo hizo para anunciar en Casa de Gobierno la puesta en marcha del Plan Progresar, una iniciativa que suma a los jóvenes de entre 18 y 24 años que no tengan trabajo o  tengan uno precario y cobren un salario inferior al mínimo, vital y móvil, a la red de contención social del Estado, que les pagará una asignación de 600 pesos mensuales y como contraprestación exige certificados de estudio y controles de salud. «Los jóvenes que no trabajan ni estudian son los hijos del neoliberalismo, estos hijos son los chicos cuyos padres no tenían trabajo o lo perdieron, y no fueron educados en la cultura del trabajo. Por eso necesitan de la presencia del Estado para salir adelante», manifestó Cristina Fernández en esa jornada. El costo del programa, a cargo del Tesoro Nacional, está estimado en 11.200 millones de pesos, y el universo potencial de beneficiarios supera el millón y medio de jóvenes. En las dos primeras jornadas, casi 30.000 personas acudieron a la Anses para tramitar su inscripción en el programa.

Días después, la jefa de Estado viajó a Cuba para participar de la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), organismo creado en 2011 que reúne a los 33 países de la región. El encuentro de La Habana marca la revitalización de la agenda de integración que, luego de la muerte de Hugo Chávez, sintió el impacto de la ausencia de uno de sus principales impulsores. La CELAC, por caso, fue una creación del bolivariano que logró poner en marcha el proyecto con la participación de gobiernos con visiones disímiles pero que acordaron compartir un espacio con fuerte identidad regional y sin la participación de Estados Unidos. La diversidad del organismo se reflejó en la alternancia en la presidencia pro témpore del chileno Sebastián Piñera en el primer año de vida del organismo, y del líder cubano Raúl Castro, en el segundo. Castro entregó en La Habana la posta a Costa Rica, que presidirá la comunidad durante 2014 y luego hará lo propio Ecuador. En la agenda del encuentro continental celebrado en la isla sobresale la declaración de la región como zona de paz, es decir, el compromiso de solucionar por métodos pacíficos las controversias que se puedan presentar entre países del bloque. Este tema suscitó un profundo debate ya que, según analizó el politólogo Atilio Boron, «hace subrepticia alusión a la tradición intervencionista de Washington en Latinoamérica y a la presencia de sus 77 bases militares en la región. Y es disruptivo porque hay gobiernos, y no son pocos –aclara– que no sólo toleran la presencia de estas bases, sino que la reclaman».

 

Movimientos especulativos
En La Habana se debatieron asimismo medidas para combatir el hambre y la pobreza y promover la seguridad alimentaria en la región. Además, si bien fue invitado a participar el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, existe una corriente de opinión en el seno de la CELAC que aspira a que esta comunidad sea la representante de la región en sus vínculos con otros bloques como la Comunidad Europea o los países africanos, en lugar del organismo creado en 1948 y del cual forma parte Estados Unidos. Quien lo puso en palabras fue el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, que puntualizó que la OEA representa «todo lo contrario» de la Celac, de ahí que esté llamada con el paso de los años a ser reemplazada, «porque ha sido un organismo que tanto daño ha hecho a la verdadera integración de Latinoamérica y el Caribe». La presidenta argentina, en tanto,  mantuvo en las jornadas previas a la cumbre, reuniones con el líder cubano Fidel Castro, con quien recordaron al fallecido Hugo Chávez y dialogaron acerca de los conflictos armados que amenazan la paz en el planeta, según informó la agencia Prensa Latina. Cristina Fernández mantuvo además una reunión con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien llegó a la capital cubana procedente de Davos, donde participó del Foro Económico Mundial. Justamente en nuestro país no faltaron críticas, formuladas desde analistas y dirigentes cercanos a la derecha política, por la ausencia del gobierno argentino en dicho encuentro. Lo cierto es que  ambas mandatarias coincidieron en señalar la existencia de movimientos especulativos sobre los países emergentes y analizaron temas vinculados con la relación bilateral.

—Jorge Vilas

 

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