12 de febrero de 2016
Con el inicio del año legislativo y el proceso de paritarias se abre una nueva etapa para el gobierno de Cambiemos. Rupturas en el justicialismo favorecen la estrategia oficial.
Diversos. El PJ en debate: Eduardo Wado de Pedro, Beatriz Rojkés, Eduardo Fellner, Gildo Insfrán, Jorge Capitanich y José Luis Gioja. (Télam)
El principal temor entre los gestores de la alianza Cambiemos no era tanto la capacidad de los propios para poner en marcha un proyecto diametralmente opuesto al que durante 12 años sostuvo el kirchnerismo como el poder de fuego que el Frente para la Victoria mostraba en las cámaras legislativas tras los comicios de octubre. Esa mayoría, que en los números podría bloquear decisiones fundamentales del nuevo gobierno, representaba una amenaza para el oficialismo.
En ese contexto, si los primeros días de Mauricio Macri en la Casa Rosada se caracterizaron por el frenesí en la firma de decretos de necesidad y urgencia y en la designación de ejecutivos de empresas en los cargos más emblemáticos, puede decirse que a partir de febrero comenzó otra etapa, signada más por la política.
Entre los primeros logros de este nuevo escenario aparece la cuña que en su principal oponente representa el portazo del exdirector de la Anses y uno de los jóvenes predilectos de Cristina Kirchner fuera de La Cámpora, Diego Bossio, que armó rancho aparte en Diputados con un conjunto de 18 legisladores. Una jugada de fuerte impacto ante la convocatoria del Consejo Federal del PJ, que debatía la modalidad con que se llevarán a cabo las elecciones para la nueva conducción partidaria.
Para el macrismo y sus aliados, fue la mejor noticia del verano: así el FPV perdía la capacidad de, por ejemplo, no dar quórum, un arma fundamental en el parlamento vernáculo. Con este desprendimiento tan celebrado por los medios concentrados, que hablan de una disolución del kirchnerismo, Cambiemos podría sumar 90 legisladores contra solo 81 del FPV. Eso si es que el oficialismo obtiene consenso entre todos sus aliados, ya que el PRO solo tiene 42 bancas propias. La aritmética legislativa, sin embargo, indica que los disidentes del FPV y las distintas ramas provinciales del PJ permitirán debatir en el Congreso los polémicos DNU de los primeros días y la derogación de las leyes que impiden el pago a los fondos buitre de la deuda más los onerosos intereses que les otorgó el juez neoyorquino Thomas Griesa.
Portazo
El debate en el FPV giró en torno a precisar si lo de Bossio había sido o no una traición, como la caratularon las espadas más filosas del camporismo. Pero en el Senado, el bastión más firme del PJ, el líder del bloque, Miguel Ángel Pichetto, también mostró su faz acuerdista con declaraciones ambiguas sobre el despido de personal concretado por la vicepresidenta Gabriela Michetti.
El avispero peronista se revolvió justo cuando se intentaba mantener la unidad para cumplir con los plazos que obligan a designar autoridades. Entre los adalides de la unidad están el bonaerense Daniel Scioli y el sanjuanino José Luis Gioja. En el kirchnerismo duro, particularmente activo se lo ve al ex secretario de comercio, Guillermo Moreno, que fomentó una amplia afiliación con el argumento de que se debe forzar una elección abierta para que «en el justicialismo no ganen los malos». El ex jefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, convocó también a un encuentro de sus pares justicialistas de todo el país con la idea de que desde ese foro se pueda interceder ante los legisladores para mostrar las necesidades de cada distrito.
El kirchnerismo armó un esquema de reparto de favores y castigos que, en el marco de debilidad con que asumió Néstor Kirchner en 2003, le permitió la gobernabilidad en desmedro de un federalismo genuino. El macrismo quiere repetir el esquema en detrimento de los que permanezcan leales al proyecto K. Así se explica que los que se fueron con Bossio sean representantes de distritos que necesitarán del gobierno central para sostener los Estados provinciales.
En el seno del justicialismo asoma la figura del salteño Juan Manuel Urtubey como el líder de los díscolos. Fue tras un asado entre Sergio Massa y el propio Bossio que pergeñaron esta escisión peronista. Tanto Urtubey como el cordobés José Manuel de la Sota aspiran a comandar un PJ amigable con el macrismo, a fuerza de dejar de lado viejas luchas kirchneristas como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los proyectos de recuperación de empresas nacionales. El Plan Belgrano, destinado al fomento del noroeste argentino, resulta tentador para el desarrollo regional en distritos tradicionalmente peronistas, pero que a partir del triunfo de Gerardo Morales están en disputa. En este escenario la pregunta es cómo jugará Bossio y si será tan amigo del oficialismo como lo quieren vender sus nuevos enemigos y los medios que aplauden el quiebre. También está por verse cómo queda parado Massa luego de mostrarse tan cercano a Macri como para que lo ungiera en el Foro de Davos su preferido para jefe del PJ. Son muchos los que en el PJ pretenden aislar a La Cámpora y a la exmandataria, a quienes acusan de mariscales de la derrota. Cristina Fernández ya hizo anunciar que no se ofrece para comandar el justicialismo. «Ella es líder de un sector social que excede el marco del peronismo» justifican con acierto sus principales apoyos pejotistas.
Corte a la carta
En el Senado se dará una pelea clave para poner fin a uno de los primeros tropiezos de Mauricio Macri. Convocada a extraordinarias, la Cámara Alta tratará la designación de los jueces que deberán completar la Suprema Corte: Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz. El DNU que los designaba había despertado críticas incluso dentro de su alianza, ahora Macri recurrió a un decreto de autolimitación que había dictado Néstor Kirchner en 2003. Esto implica debatir públicamente los antecedentes de los candidatos. La crítica más general que se les hace es haber aceptado el nombramiento en comisión, algo reñido con la Constitución. Además, Rosatti, que fue ministro de Justicia de Kirchner, es cuestionado porque entiende que los tratados internacionales no deberían ser vinculantes, con lo que deja librado a cada juez la aplicación de convenios sobre Derechos Humanos. Rosenkrantz, que defendió a empresas del grupo Clarín en su estudio particular, tiene una postura similar sobre los pactos incorporados a la Constitución de 1994. Ambos comparten una interpretación ultrarestrictiva del derecho a la protesta y de huelga. Dos pilares que la Corte actual había consagrado.
Gremios seleccionados
El gobierno también llamó a los líderes de las centrales sindicales cegetistas a un cónclave. Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo fueron invitados a hablar sobre las paritarias, un tema espinoso para el proyecto económico de la administración macrista, que implica una reducción de ingresos para los asalariados. Ahí es donde se junta el palo y la zanahoria. La represión de los obreros de Cresta Roja en diciembre y el perfil de los jueces que quiere Macri se chocan con una realidad que pone en jaque a los dirigentes cegetistas, los gremialistas «friendly» como los llamó Hugo Yasky. El secretario de la CTA de los Trabajadores, junto con Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, impulsaron el primer paro general. Con sus bases en el Estado, Micheli y Yasky representan al sector donde primero se desplegó la ola de despidos que atemoriza a la clase trabajadora en general. Esta amenaza sirvió al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, para decir que «los dirigentes tendrán que elegir entre aumentos o mantener los empleos».
De los cegetistas, el que más tiene que perder es Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica, donde conviven multinacionales como Techint con una pléyade de pymes que son las que dan la mayor cantidad de empleos. Moyano, camionero, y Barrionuevo, gastronómico, son cabezas de sindicatos de servicios que sufrirían con una recesión, pero en un principio podrían hacer la vista gorda a las pérdidas salariales que ya se reflejan en los bolsillos de los argentinos. Y que repercutirán más aún cuando comiencen a llegar las cuentas de luz y gas.
—Alberto López Girondo
