31 de mayo de 2021

Alberto López Girondo

Oficialismo y oposición lograron acordar la postergación de las primarias y las legislativas de este año ante el embate de la segunda ola local de la pandemia.

Mientras en la superficie los sectores más enconados de Juntos por el Cambio muestran los dientes ante cada medida que propone la Casa Rosada, aun a los tropezones avanzan algunos acuerdos necesarios para la gobernabilidad. Uno de ellos es el del corrimiento de las elecciones de medio término. Luego de debates y disputas, se estableció que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se llevarán a cabo el 12 de septiembre, y las elecciones legislativas nacionales ocurrirán el 14 de noviembre.
El tema se venía hablando desde marzo, cuando era evidente que la segunda ola de COVID-19 iba a golpear fuerte en la Argentina. Pero la resolución no era fácil, si es que hay halcones y palomas en la oposición, como señalan algunos analistas, quedan pocos espacios para que los acuerdistas puedan tender puentes en tiempos de pandemia.
En el caso de los comicios, la negociación desde el Gobierno corrió por cuenta del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quienes establecieron el compromiso de que la ley respectiva tendrá una cláusula cerrojo donde se especifica claramente que el corrimiento es por única vez.
Las suspicacias entre oficialismo y oposición aparecen con más frecuencia a medida que se acerca el período electoral y nada hace pensar que el hecho de posponer la fecha será un incentivo para armonizar el manejo de la cosa pública.
Lo que resulta claro es que el manto de sospecha sobre cada actitud del Gobierno inunda todo el espacio político. Ni siquiera las medidas sanitarias quedan afuera. Fue claro cuando se anunció que para evitar nuevas controversias sobre restricciones sanitarias se habría de elaborar un proyecto de ley marco, a la manera de la que se aprobó en Alemania, que enumera cada medida suplementaria según la cantidad de contagios por millón de habitantes. Aún antes de conocer los detalles de la propuesta, que se llevaría a debatir en el Congreso, dirigentes del macrismo y titulares de diarios la tildaron de un intento de Alberto Fernández por obtener superpoderes.
El conflicto permanente parece una estrategia dirigida a contener a los propios y seducir a aquellos disconformes que adhieren a los postulados libertarios, muy activos desde el principio de las medidas de resguardo sanitario y con mucha cobertura mediática.
Que la pandemia genera irritación y profundiza una crisis económica que viene de antes, no es novedad. Que grupos minoritarios enrolados en planteos antivacunas, antibarbijo o más claramente negacionistas salgan a las calles para mostrar su disidencia fue algo que se vio desde el principio y no debería llamar la atención a esta altura. Lo que despierta sensaciones encontradas es que dirigentes con influencia determinante se cuelguen de ese discurso y lo conviertan en eje del debate político.
Es de temer que esas campañas estarán cada día más sesgadas en plantear una elección entre autoritarismo y libertad. Los halcones de Juntos por el Cambio encontraron un aliciente para avanzar en esa estrategia tras el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid. La conservadora Isabel Díaz Ayuso disolvió la Asamblea en marzo en busca de un liderazgo que le negaba la composición parlamentaria con la que había llegado al poder en agosto de 2019. El Partido Popular venía golpeado por escándalos de corrupción del más alto nivel y había perdido los favores del electorado conservador en beneficio de un partido centrista como Ciudadanos y un extremista como Vox, directamente neofranquista.
La jugada de Díaz Ayuso era arriesgada y no tuvo empacho en correrse más a la derecha argumentando que si la llamaban fascista era «porque estamos haciendo las cosas bien». Su planteo fue «libertad o comunismo», un mensaje que aparecía como extemporáneo porque ponía a la izquierda y a Unidas Podemos –socia del Gobierno nacional– como una suerte de patrulla perdida de la Unión Soviética.
El resultado fue un aplastante triunfo del PP que dejó a la presidenta a las puertas de disputarle cara a cara al PSOE a nivel nacional y particularmente plantarse ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La izquierda se había dividido en 2019 y uno de los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, anunció su retiro de la política «para dejar de ser obstáculo a la unidad». Íñigo Errejón, el otro protagonista de la quiebra, desde Mas Madrid empató con el PSOE, lo que resulta un éxito, pírrico, pero aleccionador. Cuando en una conferencia de prensa le preguntaron sobre los trabajadores que habían dado su apoyo al PP, Errejón respondió: «Es muy importante que quienes aspiramos a gobernar no insultemos al pueblo y que las fuerzas progresistas persuadamos más de lo que regañamos (…) cuando gana el PP es que ha entendido la necesidad de la gente de optimismo y de futuro». Pero agregó que, desde su perspectiva, «ofreció un optimismo con las patas muy cortas, de salida individual y de no recordar lo que nos ha pasado en este año».
Desde Buenos Aires, la titular del PRO, Patricia Bullrich, tuiteó con prontitud: «¡La libertad ha triunfado!». Y puntualizó que felicitaba a Díaz Ayuso «por su firmeza para defender el trabajo y la libertad de los madrileños», para añadir que la presidenta de la Comunidad de Madrid «se rebeló contra las restricciones eternas del Gobierno nacional. En ella nos sentimos representados quienes luchamos por las mismas causas en nuestro país».

Derecha en sintonía
Los vasos comunicantes entre el PP y el partido fundado por Mauricio Macri no son nuevos. El ex jefe de Estado José María Aznar y Macri se sumaron a diversas cruzadas desde la ONG del PP, FAES, y la Fundación Pensar, vinculada con el PRO. En noviembre pasado, Aznar, Macri y un grupo importante de expresidentes latinoamericanos de derecha firmaron la «Declaración de Madrid» donde advertían que la pandemia podría ser una «coartada para frenar, paralizar o postergar la agenda institucional y económica que necesitaba y necesita urgentemente la región».
En febrero, el expresidente adhirió a otro documento, de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que cuestiona «el autoritarismo» de los gobiernos expresado en las medidas contra la pandemia del coronavirus, y alerta sobre el avance del populismo. A principios de mayo, en otro foro de la derecha regional, esta vez desde Miami –donde aprovechó para vacunarse pese a que había dicho que no lo haría hasta que el último argentino en situación de riesgo estuviera inmunizado–, criticó el manejo de la pandemia en la Argentina y volvió sobre un concepto al que ya había recurrido con anterioridad, que el populismo es peor que la pandemia. «La democracia está amenazada por el populismo», dijo desde el estrado del Biltmore Hotel.
De ese encuentro participaron entre otros el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, quien dijo que hubiera deseado tener un mejor pueblo para haber tenido una mejor presidencia. También estuvo el chileno Sebastián Piñera, que enfrentó protestas masivas desde 2019 que obligaron a elaborar una nueva Constitución para enterrar la que elaboró la dictadura pinochetista. También habló, por Zoom, el colombiano Iván Duque, acusado por la violencia institucional con la que intenta frenar las manifestaciones que comenzaron contra un impuesto regresivo, pero que buscan un cambio de rumbo en ese atribulado país.

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