Grandes empresas mineras y funcionarios del gobierno nacional apuntan contra el marco regulatorio que impide la expansión de la actividad extractiva en la Cordillera de los Andes. Rechazo y preocupación de organizaciones ambientalistas.
29 de noviembre de 2017
Elemento vital. Los glaciares conforman una de las principales fuentes de agua dulce. (Goldman/AFP/Dachary)
En medio de las reformas que el gobierno nacional impulsa en aspectos estructurales de la economía y del mundo laboral, cada vez más voces advierten acerca del riesgo que corren los recursos naturales del país si el oficialismo logra imponer ciertas iniciativas.
Una de esas alarmas suena en el Vaticano, donde el papa Francisco mantiene en su agenda de intereses la cuestión medioambiental. En la encíclica Laudato si’, el excardenal Jorge Bergoglio llamó a cuidar «la casa común» y destacó la importancia de los glaciares como fuente de agua dulce. Justamente, sobre ese tema gira la más intensa puja entre los ecologistas y Cambiemos, por su política de neto corte extractivista y favorable a las mineras. De hecho, una de las primeras medidas de Mauricio Macri como presidente fue eximir de todo tipo de retenciones a estas empresas. Para seguir en esa línea, ahora el gobierno quiere avanzar sobre la Ley de Glaciares, norma sancionada en 2010, que impide que el conglomerado minero se expanda sobre la Cordillera de los Andes.
Semanas atrás, en Bonn, Alemania, durante la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23), el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, formalizó el deseo del gobierno de modificar esta normativa, así como la que protege a los bosques. Bergman llegó a sostener que «los proyectos de leyes de ordenamiento territorial requieren revisión porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fiscalización y de ejecución eficientes para su fin». Los dichos del funcionario dan una idea sobre la naturaleza de las reformas que pretende la Casa Rosada. Y un artículo publicado por La Nación –hábil intérprete del pensamiento oficial– apuntaló las sospechas. El diario contó que el presidente se reunió con CEO y lobistas del empresariado minero, de quienes recibió un pedido expreso para desmantelar la Ley de Glaciares, a la que responsabilizaron de frenar inversiones.
Lo que está en juego
De inmediato, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas emitieron un comunicado dejando en claro lo que estaba en juego. «Los glaciares son nuestra fábrica de agua. De ahí nace la mayoría de los ríos que cruzan nuestro territorio y que terminan, muchos de ellos, en el Paraná, el Uruguay o el Atlántico», explicó Enrique Viale, titular de Abogados Ambientalistas, en diálogo con Acción. «Su importancia es básica, tiene que ver con la existencia misma no solo de la vida, sino de la producción, del sistema económico del país», agregó el especialista. Según la información a la que pudieron acceder los grupos ecologistas, el gobierno pretende tres cambios: busca que la prohibición a la minería y a la actividad hidrocarburífera solo se aplique a los glaciares de más de una hectárea; que para cada masa de hielo se demuestre su significancia hídrica; y, por último, que la restricción a la explotación ya no alcance al ambiente periglacial.
En paralelo, hay un capítulo judicial que preocupa a la Rosada y a la poderosa minera Barrick Gold: una causa con siete funcionarios y exfuncionarios llamados a indagatoria, treinta declaraciones testimoniales y varios allanamientos. Está a cargo del juez Sebastián Casanello, que investiga la responsabilidad del Estado por incumplimientos a la Ley de Glaciares, a raíz de una tragedia ecológica de enorme magnitud: el derrame, en setiembre de 2015, de 1.072 metros cúbicos de solución cianurada en la mina de oro a cielo abierto Veladero, en San Juan, explotada por Barrick.
