El gobierno nacional logró aprobar los cambios propuestos en el sistema previsional, aunque el rechazo social a la medida se hizo sentir en calles y plazas. Preocupante incremento de la violencia policial en las manifestaciones públicas.
28 de diciembre de 2017
Las multitudinarias manifestaciones de repudio al ajuste instrumentado por Mauricio Macri y sus funcionarios dejaron en evidencia el desgaste que comenzó a sufrir su gestión presidencial. En efecto, las encuestas, algunas de las cuales están guardadas bajo cuatro llaves en los despachos oficiales, señalan que entre el 70% y el 85% de los consultados se oponen a la reforma previsional que, por aplicación de un nuevo índice, implicará para aquellos que cobran la jubilación mínima una pérdida cercana a los 5.000 pesos anuales según distintas estimaciones, al tiempo que modificará la base con la que se calcula la relación entre el salario de los trabajadores en actividad y el de las prestaciones previsionales.
Tras la salvaje represión que, en sendas concentraciones, provocó más de 120 detenciones y centenares de heridos, los medios masivos de comunicación eligieron mostrar los incidentes que se registraron antes que la masividad de las protestas. Incluso, sus periodistas intentaron justificar la barbarie de los efectivos que tiraban balas de goma al cuerpo, arrojaban granadas de gas lacrimógeno a granel, o gas pimienta sobre el rostro de los agredidos, alegando que se trataba de una acción defensiva frente a los piedrazos de los manifestantes. Empero, en los ruidazos y cacerolazos que se registraron en horas de la noche y sin que mediara provocación alguna, los manifestantes fueron duramente atacados para que abandonaran la plaza del Congreso. Esas espontáneas reacciones de los vecinos, en las que no se veían banderas partidarias, confirmaron que la bronca popular había llegado a barrios como Palermo, Belgrano, Colegiales y otros donde Cambiemos había obtenido una votación plebiscitaria en los comicios de octubre.
La mayoría de los analistas sostienen que los últimos acontecimientos fueron un punto de inflexión que exigirá la revisión del libreto oficial. En los debates parlamentarios fue notable que los diputados de Cambiemos evitaban hacer uso de la palabra ante la inconsistencia de sus argumentos. Asimismo, muchos de los ciudadanos que otrora pedían aguardar pacientemente los cambios que llegarían en un indefinido «segundo semestre», evidenciaron estar cansados de que no se les explique cuáles son los factores que impiden la consumación de «la revolución de la alegría». Además, en los días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los usuarios de las distribuidoras eléctricas han podido comprobar, por ejemplo, que el fuerte incremento en las tarifas de la luz no mejoró la provisión de energía. Decenas de miles de ellos sufrieron cortes en el suministro a pesar de la promesa de los funcionarios del área de que no habría ningún inconveniente en los días más calurosos porque estaba garantizada la eficiencia del servicio.
Clima de época
Pero el aspecto central de las preocupaciones de la dirigencia política opositora es la militarización que se está promoviendo desde el Ministerio de Seguridad, que en palabras del destacado jurista y exmiembro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, «nos está llevando a alejarnos cada vez más del estado de derecho y a acercarnos cada vez más al Estado policial» a través de la artificiosa invención de un enemigo interno. A las conocidas innovaciones introducidas en los protocolos, que condujeron a su titular, Patricia Bullrich, a otorgarles poderes omnímodos a las fuerzas de seguridad, se suma la justificación de la cacería de personas indefensas. Los mismos ultrajes fueron padecidos también por periodistas, fotógrafos y diputados nacionales. No obstante, el propio Marcos Peña se encargó de aseverar que a los periodistas los hirieron los manifestantes y en lo que atañe a los legisladores, subrayó: «Se ve claramente que hay una intención en las declaraciones de algunos diputados y en los que agredieron, de hacer tierra liberada en la zona del Congreso».
Menos elocuente y un tanto más confundida que el jefe de Gabinete, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, balbuceó: «En países como Canadá, si un grupo de personas genera tal nivel de violencia, las fuerzas de seguridad actúan sacando a esa gente como la tengan que sacar. Si no la puede sacar inmediatamente, pasa el camión hidrante. Y luego le tirará una bala de goma en la pierna, no sé cómo es, pero se sigue un protocolo».
Este comportamiento de las primeras espadas del oficialismo, propio de gobiernos autoritarios, motivó una contundente definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: «La criminalización de la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de su detención arbitraria y su proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente». Que no se trata de actitudes aisladas, lo demuestra un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en el que se destaca que en los primeros 23 meses de la administración Cambiemos –no se incluyen los sucesos de diciembre– se registraron 111 hechos represivos en conflictos socio-laborales durante los cuales fueron detenidos 354 manifestantes y hubo más de 320 heridos. Curiosamente, quien mejor sintetizó la ideología oficial, fue la corresponsal mexicana Cecilia González en una columna publicada en Tiempo Argentino: «Al gobierno lo pueden acusar de muchas cosas menos de que no es original. Ofrece diálogo con gas lacrimógeno, consenso con balas de goma, tolerancia con chorros de agua y pintura amarilla, respeto con detenciones al voleo de los manifestantes y paz con un Congreso sitiado por la fuerzas de seguridad».
