Las cifras contradicen el discurso que intentan instalar los grandes medios de comunicación y el gobierno sobre la incidencia de inmigrantes en el delito. Un debate que gira entre ideas preconcebidas sin sustento real.
13 de febrero de 2019
El caso de dos extranjeros detenidos luego de un asalto y excarcelados rápidamente puso el foco en el tema de «qué hacer con los extranjeros presos en el país», con el gobierno de Cambiemos y los grandes medios de comunicación en primera fila.
Los datos contradicen la forzada instalación de esta problemática. Apenas el 6% del total de la población carcelaria corresponde a foráneos, según la Procuración Penitenciaria de la Nación, Argentina ocupa el puesto 85 de cantidad de extranjeros en sus cárceles, siendo superado por varios países de Europa.
Por eso el impacto de los inmigrantes que delinquen solo representa el 0,22% del total que aquí viven (4.900 sobre 2,2 millones), cifra por debajo de, por ejemplo, los argentinos capturados en el exterior. Por caso, en España, este número representa el 0,57% de los compatriotas que emigraron allí, o sea 412 de 70.000.
Por otra parte, si se tiene en cuenta que, de los casi 5.000 extranjeros encarcelados en nuestro país solo una cuarta parte está acusada de robo, también queda desactivada la idea de que el problema de la «inseguridad» se debe al factor inmigratorio.
Otro número destacado por los medios, y que intenta alimentar esa idea, es que en el año 2002 el número de extranjeros encarcelados apenas superaba los 2.000. Sin embargo, en proporción la cifra supera solo en un punto porcentual a la actual, habiéndose mantenido estable en los últimos 13 años. Es decir: la cantidad de extranjeros apresados aumentó casi al mismo ritmo que la población carcelaria total.
Al quedar desactivados uno a uno los números más alarmistas, cabe preguntarse a qué se debe este reciente ataque a los inmigrantes. Para la antropóloga social Sabina Frederic, estos sectores son tomados como chivos expiatorios porque «en épocas de crisis sociales y económicas profundas, hay una tendencia a echarle la culpa al extranjero. Se apunta a cerrar filas con los sectores más empobrecidos que son los que más sufren». Y agrega: «Es necesario correr las causas reales de la crisis para un lado emocional, que es más convincente, aunque no sea el real».
En ese contexto, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, dijo lo suyo en declaraciones televisivas. «Hay que expulsarlos porque no vienen ni a trabajar ni a estudiar», argumento muy reiterado en los medios y que sin embargo no fue tan tenido en cuenta cuando hace dos años se puso en tela de juicio que puedan venir al país a terminar sus estudios a las universidades públicas estudiantes provenientes de Latinoamérica.
Pero esta avanzada de Cambiemos no es nueva. Ya durante el año pasado el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, propuso como solución al problema de la superpoblación carcelaria en el sistema bonaerense deportar a 300 de los 2.200 presos extranjeros de la provincia. O sea: un 0,6% para aliviar la situación de hacinamiento de los 47.000 detenidos.
Tampoco es exclusiva del partido gobernante esta argumentación. Ya en 2014 Sergio Berni, por entonces secretario de Seguridad de la Nación, había asegurado que «estamos infectados de delincuentes extranjeros». También el senador justicialista Miguel Pichetto, quien quiere impulsar el juicio político a la jueza que liberó al mencionado motochorro colombiano, más de una vez cargó las tintas sobre los inmigrantes. Todavía hoy se recuerda su alocución en el Congreso cuando vinculó con difusas mafias a la comunidad senegalesa. Los datos provenientes de la Procuración, sin embargo, no registran ni un ciudadano de Senegal que se encuentre privado de su libertad en nuestro país. Del mismo modo, sí existen presos españoles, italianos y hasta un inglés.
