10 de junio de 2024
La gestión de Milei y Villarruel impugna las políticas de memoria, verdad y justicia vigentes desde 1983. Reivindicación de genocidas y recortes en áreas de derechos humanos.
Coincidencia. Milei y Villarruel tienen una pésima relación, pero comparten su rechazo a los procesos contra genocidas.
Foto: NA
Javier Milei y Victoria Villarruel no esconden sus diferencias y el recelo que sienten el uno por el otro. Pero en algo coinciden: en su impugnación al proceso de verdad y justicia que la Argentina lleva adelante –con interrupciones e intensidades disímiles– desde el retorno de la democracia. La llegada al Gobierno de la dupla de La Libertad Avanza (LLA) implicó una revalorización de las fuerzas represivas y una descalificación hacia a las víctimas desde lo discursivo conjuntamente con una intervención quirúrgica en ciertas áreas para entorpecer las investigaciones por crímenes contra la humanidad.
Milei sostiene que libra una batalla cultural. Uno de esos combates se da en el plano de la memoria. Sin meterse de lleno en lo que pasa en las distintas áreas de Gobierno, el presidente decidió combatir con algunas acciones. Desde la Presidencia de la Nación se decidió recordar el 24 de marzo –aniversario del golpe de Estado de 1976– con un video en el que se negaba el número de desaparecidos que dan las organizaciones de derechos humanos y se planteaba una «memoria completa» en favor de las víctimas de las organizaciones político-militares insurgentes.
La operación no terminó allí: el 2 de abril, desde la Plaza San Martín, Milei llamó a una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas, lo mismo que desde las postrimerías de la dictadura reclaman los perpetradores de crímenes aberrantes. Un mes más tarde encabezó un acto en la Casa Rosada para instalar el busto de Carlos Menem en el que reivindicó los indultos de 1989 y 1990 como herramientas constitucionales, pese a que la Corte Suprema declaró que eran inconstitucionales los perdones a Jorge Rafael Videla, José Martínez de Hoz y compañía.
Acciones sincronizadas
En línea con la política de reconciliación con los militares que pregona Milei, el Ministerio de Defensa –a cargo del radical Luis Petri– se convirtió en el mascarón de proa de una nueva etapa. Las políticas del ministro pueden dividirse entre las que tienen un tinte de reivindicación y las que implican una obstaculización del proceso de justicia.
Días antes del aniversario del golpe de Estado, Luis Petri participó de una conmemoración en el Círculo Militar en la que dijo que las Fuerzas Armadas habían sido demonizadas por su actuación en los años 70. No fue una expresión aislada: por entonces, Petri y su socia, Patricia Bullrich, impulsaban la intervención de los militares en tareas de seguridad interior –vedadas por la legislación vigente–. La participación de Petri se coronó con una fotografía junto a Cecilia Pando –la activista pro impunidad más reconocida del país– y con un grupo de esposas de condenados por secuestros, torturas y desapariciones.
El ministro, además, no se opuso al homenaje que le rindieron a Horacio Losito –con tres sentencias en su haber por crímenes contra la humanidad– en el regimiento de Apóstoles en Misiones. El 24 de mayo último, Petri defendió a un grupo de marinos retirados que decidieron celebrar el día de esa fuerza en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El Ministerio de Defensa también decidió poner en práctica algo que reclamaban los represores: dejar sin efecto los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de documentos que aportaban pruebas para las causas. Estos grupos funcionaban desde 2010 y se habían mantenido aún durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando otros dos radicales estuvieron al frente de la cartera. El otro mensaje que dio Petri fue enviar a funcionarios de su Ministerio a la Unidad 34 de Campo de Mayo para entrevistarse con los presos. Los detenidos de lesa humanidad hicieron sugerencias para mejorar su situación. El número dos de Petri, Claudio Pasqualini –exjefe del Ejército en la era Cambiemos– habló de fallas humanitarias en una conferencia en el Rotary Club para mostrarse empático con el reclamo por las condiciones de detención de los criminales de lesa humanidad.
Ministro. Petri habilita actos de reivindicación de represores condenados por la Justicia.
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Maniobras
Bullrich es quien tiene las cárceles bajo su órbita, ya que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ya no depende del Ministerio de Justicia. Por el momento, no se conocieron críticas de los reclusos por delitos perpetrados en los años del terrorismo de Estado. Para el 24 de marzo, la ministra de Seguridad dejó caer las recompensas de hasta 5.000.000 de pesos que pagaba el Estado nacional a quienes aportaran datos para contribuir a la captura de los prófugos de la dictadura. El 26 de mayo pasado, Bullrich y su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni, anunciaron que Seguridad ya no contestaría a requerimientos de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos y se dedica a buscar a los bebés robados durante el terrorismo de Estado. Bullrich le desconoce facultades para investigar –algo que no había invocado durante su anterior gestión al frente del Ministerio de Seguridad–. Desde Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron la maniobra como un entorpecimiento de la búsqueda, que puede tener implicancias internacionales.
En paralelo con la motosierra que Milei aplica en toda la gestión pública, el Gobierno puso en disponibilidad a los cinco trabajadores del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) que se dedicaban a registrar las audiencias de los juicios de lesa humanidad en los tribunales de Comodoro Py y San Martín.
Desde el Ministerio de Justicia se implementó una política tendiente a frenar el pago de las reparaciones a quienes fueron víctimas del genocidio. Para ello, el ministro Mariano Cúneo Libarona anunció una «auditoría» sobre las indemnizaciones que se saldaron y las que están en proceso. ¿La excusa? Que hubo una banda que se dedicaba a fraguar declaraciones para estafar al Estado. ¿La novedad? Ninguna. Había sido denunciada en 2014 por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Después se sumaron otras víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos que, bajo la conducción de Horacio Pietragalla Corti, actuó como querellante.
«El Gobierno ha enunciado las políticas de memoria, verdad y justicia como parte de la batalla cultural que pretende dar y, en ese sentido, ha avanzado en algunas acciones simbólicas potentes», afirma la abogada querellante Guadalupe Godoy, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). «Lo hace en sintonía con estrategias que en su momento también tuvo el macrismo: la idea del curro, la deslegitimación del movimiento de derechos humanos y el reconocimiento de las “otras víctimas”. Ha ido un poco más allá con la reivindicación lisa y llana que encarna Villarruel y con los ataques a áreas específicas de la política pública que sostienen los juicios. Sin embargo, no parece que hayamos visto aún una real ofensiva, ni que hayan cumplido con las promesas que les hicieron a los genocidas en materia de juicios».
