30 de julio de 2025
Vialidad Nacional está en jaque: despidos masivos, caminos sin mantenimiento y un modelo de Participación Pública Privada que ya fracasó en administraciones anteriores. Los planes del Gobierno libertario.
Carreteras. El cuidado de las autovías es vital para el transporte de mercancías en todo el país.
«Impiden la generación de 500.000 puestos de trabajo». En Casa Rosada justifican así el despido de los 5.200 trabajadores de Vialidad Nacional (VN), el organismo fundado hace 93 años. El decreto fue conocido el 7 de julio pasado en la previa de la finalización de las facultades delegadas al presidente Javier Milei a través de la Ley Bases.
Mediante esa ley le concedieron al mandatario la posibilidad de modificar cuestiones del ámbito administrativo, económico, financiero y energético. Esta legislación permitió el despido de más de 50.000 empleados públicos, el cierre de ministerios, secretarías e institutos.
El recurso de amparo contra el DNU privatizador presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) paralizó la medida el 17 de julio. Fue a través de una resolución del juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín. Esto pone en una situación de espera la medida, aunque la Nación está decidida a desprenderse de VN y ya fue anunciada la apelación por Manuel Adorni en la red X.
Red federal
VN fue impulsada durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, en 1929, y creada por el dictador José Evaristo Uriburu en 1932. La red federal de carreteras nacionales hoy alcanza los 40.000 kilómetros.
Corredores Viales S.A. es la encargada de gestionar más de 6.000 kilómetros de caminos que contienen el 20% de las rutas, pero el 80% del tránsito. Es el bocado más apetecido por los privados para su enajenación, mientras los 34.000 kilómetros restantes seguramente tendrán pocos oferentes y quedarán librados a las posibilidades de cada provincia.
Impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri, Corredores Viales era la responsable de llevar adelante las concesiones que fracasaron a través de los convenios de Participación Pública Privada (PPP), basados en la Ley 27.328, que sentó las bases para la realización de este tipo de contratos. Se ejecutó solo el 2% de las obras y el Gobierno de Alberto Fernández finalmente rescindió los contratos.
Hoy la historia se repite. El presidente marca como horizonte el modelo chileno para el sostenimiento de la red caminera nacional o cualquier obra pública. Sin embargo, las diferencias notables de extensión y concentración geográfica pueden llevar a conclusiones equivocadas y a evaluaciones erróneas de los beneficios que pueden generar las obras construidas bajo el modelo PPP.
Reclamo. En Santa Fe se dispuso una señalética roja para destacar la responsabilidad de Casa Rosada por el abandono.
Sondeos de mercado
El Banco Mundial es fuerte impulsor de las PPP y asegura que permiten el desarrollo de infraestructura próspera. Pero la realidad lo desmiente. A la fallida experiencia macrista mencionada, se puede sumar el caso de Chile.
En diálogo con Acción, Marco Antonio Enríquez-Ominami, excandidato a presidente del país trasandino, opina que las concesiones 100% privadas para la construcción de carreteras en su país tienen problemas. Por un lado, dice, «permitieron cobros draconianos» y «la astucia de las empresas fue que a quien no pagaba el peaje, le multiplicaban por 40 o 50 el valor». De esta manera, los ciudadanos llegaron a acumular deudas cuantiosas.
El segundo inconveniente es la duración de las obras, siempre extendidas al doble de tiempo. «Aquellas programadas a 10 años se llevaban a 20 años, lo que permite a las empresas ahorrar costos o multiplicar sus ganancias», explica Enríquez-Ominami.
Las PPP a la chilena tampoco permitirían un ahorro al Estado. Para Eduardo Engel, exasesor de la presidenta Michelle Bachelet, los Gobiernos prefieren esa modalidad, porque no se contabiliza como deuda ni contribuye al déficit, pero confirma que «las concesiones no ahorran recursos públicos: el gasto se distribuye en el tiempo».
Licitaciones
Desde el 10 de diciembre de 2023, VN ha cancelado sus actividades, excepto en situaciones extremas como en las nevadas en Chubut o las fuertes lluvias en Bahía Blanca. El mantenimiento de las rutas que dependen exclusivamente del organismo –que no están concesionadas o ha vencido el período del negocio de los privados– se ve cada día más comprometido.
Según la administración nacional, 10.000 kilómetros serán concesionados, 10.000 kilómetros ya están tercerizados por VN y 20.000 kilómetros serán sostenidos por el Estado, pero el mantenimiento y las obras pueden ser gestionados a través de terceros. Así, las licitaciones se realizarán en tres etapas.
La Red Federal de Concesiones no incluye ninguna vía de la Patagonia, dejando esa región de largas distancias y nula rentabilidad por la baja densidad de población en manos de las provincias. Los llamados a licitación fueron revisados y se generó un nuevo proceso licitatorio con prórrogas para las presentaciones ya que los primeros no tuvieron resultados.
El reclamo por la continuidad de Vialidad Nacional ha sido planteado desde distintos puntos del país y desde diferentes posiciones políticas. En Azul, el intendente peronista Nelson Sombra relató a Acción que a través del Consejo Deliberante local realizó una sesión a la vera de la Ruta Nacional (RN) 3. Allí los ediles plantearon por unanimidad, incluyendo a los representantes libertarios, la urgencia de transformar en autovía el tramo entre Las Flores y Chillar, para reducir al mínimo los siniestros viales y sus consecuencias en pérdidas de vidas humanas.
Para Graciela Aleña, titular de trabajadores de VN, «la desaparición de Vialidad no solo sería un daño a los 5.200 trabajadores, sino también para todo el pueblo argentino». Además, continuarán trabajando junto con diputados y senadores en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los DNU, «que tendrá que determinar la validez del decreto».
En Chubut, el intendente de Esquel, Matías Tacceta, estuvo acompañando a los trabajadores en la sede de la delegación local de VN y después de escuchar sus planteos afirmó la necesidad de hacer una presentación judicial entre todos los ediles. Tacetta forma parte del PRO conducido a nivel provincial por el gobernador Ignacio Torres.
«En épocas de lluvia es una trampa mortal», dice Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe, quien también planteó la urgencia de medidas para poder paliar el estado de las arterias nacionales en su territorio. Lo hizo a través de cartelería en las RN 9, 33 y A012. Allí dispusieron señalética roja para marcar la responsabilidad de Casa Rosada en el mantenimiento de las rutas, tanto en lo relativo a la capa asfáltica como a la poda de pasto a la vera de los caminos.
Marcos Castro –intendente de Viedma, que forma parte de Juntos Somos Río Negro–, afirmó en una reunión de jefes comunales en la Cámara de Diputados que existe mucha preocupación e incertidumbre por la falta de culminación del puente entre Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y su ciudad, y la atención de la RN3 con el noreste patagónico.
