La promesa de un florecimiento de la economía en el segundo semestre del año parece desmentida por una serie de hechos que dificultan la consolidación del gobierno de Mauricio Macri. Los «problemas de comunicación» y el conflicto social en aumento.
13 de mayo de 2016
Consumo. La mayoría de las consultoras estiman que la inflación de abril se ubica entre el 6% y el 7% y que la de mayo superaría el 3%. (Guadalupe Lombardo)
Las últimas semanas han colocado al gobierno del presidente Mauricio Macri ante situaciones que dificultan su consolidación. La inflación de abril se ubica entre el 6% y el 7%, según indican la mayoría de las consultoras y datos de los distritos del país que la miden, únicas fuentes a las que es posible recurrir ante el apagón estadístico del indec. En mayo, se estima que podría superar el 3%, pero lo que más preocupa a los funcionarios es que la promesa de un florecimiento de la economía en el segundo semestre del año
–para cuyo inicio falta poco más de un mes–está siendo desmentida por los hechos.
El sorpresivo incremento en el precio de las naftas, cuando en el orden internacional ha caído fuertemente el valor del barril de petróleo, es uno de los principales factores que podrían impedir la concreción del objetivo, ya que tiene un efecto multiplicador sobre todos los precios. Desde enero, las subas acumulan un 31%. Los propietarios de estaciones de servicio se mostraron desconcertados ante la medida que, a su juicio, redundará en el decrecimiento de las ventas y el cierre de numerosos establecimientos, y muchos pequeños y medianos empresarios y comerciantes se enfrentan con la posibilidad de cesar en su actividad ante el permanente aumento de los costos derivado de la devaluación, el «sinceramiento» tarifario de la energía eléctrica, el gas, el agua y el transporte, a lo que se agrega la avalancha importadora que ya es notable en rubros como el textil y el de las industrias del calzado y el juguete.
El titular de la Federación de Entidades del Combustible, Luis Malchiodi, precisó que el precio interno se fijó en 73 dólares por barril en un momento en el que costaba 110 en el mercado internacional, con lo cual se beneficiaba a los consumidores, pero actualmente, cuando puede adquirirse en todo el mundo a menos de la mitad, el desfasaje implica un evidente subsidio a las empresas.
La extraña expresión del ministro de Energía, Juan José Aranguren, accionista y extitular de Shell, en respuesta a las críticas generalizadas que despertó su decisión, no aportó tranquilidad. «Si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en comparación con otros gastos de su economía –dijo– dejará de consumir. En cambio, si entiende que no es tan alto, continuará cargando». Obviaba, claro, que el consumidor carece de posibilidades de optar, porque se trata de un bien imprescindible en distintas actividades y porque no existen segundas marcas que le permitan economizar.
Los cuestionamientos al funcionario, al que se acusa de atender en los dos lados del mostrador, se acrecentaron cuando el sitio La Política Online, que suele elogiar las políticas del macrismo, reveló que Aranguren convalidó una compra de gas natural a Chile a un costo 128% más alto que lo que se abona por las importaciones provenientes de Bolivia. Pero, además, la totalidad del importe debe ser abonada por anticipado, cuando el gas boliviano se pagaba a mes vencido, cualquier controversia deberá ser resuelta por los tribunales de Nueva York y las partes están obligadas a mantener el acuerdo dentro de la más «estricta reserva y confidencialidad».
El costo de la siembra
Llamó la atención que entre los que levantaron la voz para impugnar el incremento de los combustibles se contaran los representantes de una organización de los grandes productores agrarios, Confederaciones Rurales Argentinas. Según sus voceros, la medida implica una transferencia a las petroleras de 16.000 millones de pesos anuales, teniendo en cuenta que solo las tareas de siembra y recolección durante ese lapso requieren unos 4.500 millones de litros de gasoil. Todas las entidades ruralistas se quejaron, asimismo, de que la disparada inflacionaria ha neutralizado prácticamente los efectos de la devaluación, con lo cual las complicaciones abarcan ámbitos que el gobierno creía definitivamente conquistados.
Aranguren. «Si se sigue cargando nafta, el precio no es tan alto», dijo el ministro. (Télam)
Así las cosas, recrudecen los conflictos motivados en las consecuencias de las políticas económicas en curso. Las automotrices han comenzado a suspender personal al igual que las empresas autopartistas que las abastecen. Se eliminan turnos, se promueven retiros y es posible que, si no se aprueba una ley que lo impida, los despidos se multipliquen, lo que parece un efecto buscado ya que, según la mayoría de los especialistas, el único modo de controlar la inflación en el actual contexto consiste en promover el enfriamiento de la economía, lo que determinaría la caída de la demanda con la consiguiente pérdida de empleo, circunstancia que es alentada por sectores del oficialismo convencidos de que bajar los salarios en dólares beneficiaría la competitividad.
Una sola voz
En cambio, las autoridades se han mostrado más flexibles en lo que atañe a las formas de financiamiento que criticaron duramente en el pasado reciente. En efecto, al no haberse concretado la catarata de inversiones prevista, el ministerio de Hacienda dispuso emitir Letras del Tesoro por más de 520 millones de dólares en suscripción directa al Fondo de Garantía se Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, lo que significa recurrir a los dineros de los jubilados para afrontar las obligaciones corrientes.
El caldeado clima social, en opinión de los portavoces del oficialismo, sería producto de insuficiencias comunicacionales. Empero, los principales medios funcionaron como uno solo a la hora de justificar medidas o de difundir los pormenores de actuaciones judiciales contra funcionarios o allegados a la gestión anterior. El caso Lázaro Báez, por ejemplo, con su secuela de excavaciones y presuntos hallazgos de escondites, fue transmitido prácticamente en cadena y solamente disminuyó en intensidad cuando el controvertido empresario se defendió de las acusaciones de lavado de dinero confirmando en su declaración ante la Justicia que se había asociado con la firma Iecas, propiedad de Ángelo Calcaterra –primo de Macri– para competir por la construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, en la provincia de Santa Cruz, obra que finalmente no obtuvieron. Según el matutino La Nación, insospechable de operar en favor de Báez, la empresa que éste dirigía, Austral Construcciones, emitió acciones preferidas para financiarse, las que fueron adquiridas por Helvetic Service Group, una compañia suiza de inversiones que pagó 33 millones de dólares por esa operación mediante nueve cheques por 209 millones de pesos que ingresaron en la cuenta de Austral en el Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo. El mismo diario informó que Calcaterra hace algunos días había vendido Iecas, para que no se produjera un conflicto de intereses con el gobierno.
Otra constatación que desvela a los operadores oficiales, seducidos con «volver al mundo», es el deterioro de la imagen de Macri y su equipo en el orden internacional, dada la repercusión que alcanzaron –aunque fueron silenciadas por la prensa local– las revelaciones de los denominados Panamá Papers sobre la existencia de empresas en los paraísos fiscales de las que participa el mandatario argentino, así como las críticas a la realidad social que aparecen en periódicos que habían festejado en su momento la victoria de Cambiemos. Para The New York Times, el caso del mandatario argentino es uno de los más graves de la investigación iniciada por un consorcio internacional de periodistas, en tanto el diario francés Le Monde acusó a su colega local La Nación de haber insistido en que las offshore no eran ilegales, de haber publicado la noticia ocho días después de la megafiltración y de haberlo hecho con argumentos justificatorios.
Por su parte, El País, de España, publicó a la cabeza de su sección Internacionales una nota titulada «Argentina tiene 1,4 millones de nuevos pobres desde que gobierna Macri» y el alemán Suddeutsche Zeitung señaló: «Llama la atención que al presidente lo traten tan bien los grandes medios, mientras que a su antecesora la sometían a fuertes presiones para que dejara el cargo». El Pravda, de Rusia, fue más inquietante al plantear en uno de sus editoriales: «Argentina puede empezar a vivir en la deuda, al igual que lo hace Ucrania. Es muy probable que el país empiece a vender los bienes del Estado».
