Mientras avanza con medidas sancionadas por decreto, el gobierno padece la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Diferencias internas y aprestos para las paritarias.

11 de enero de 2016

 

El gobierno de Mauricio Macri tuvo sus primeros tropiezos. Uno de ellos fue la frustrada designación por Decreto de Necesidad y Urgencia de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia en comisión. Le salieron al cruce desde casi todos los sectores políticos. El otro, menos institucional, golpeó de lleno en la Casa Rosada luego de saltar la avenida General Paz. La fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez puso sobre el tapete uno de los aspectos más oscuros de la política nacional, que figuró a la vez entre los principales temas de la campaña de Cambiemos tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires. La sospechosa evasión de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, presos en la cárcel de máxima seguridad de la localidad bonaerense de General Alvear, provocó un vendaval político. La muy «oportuna» denuncia de Martín Lanatta sobre la presunta vinculación de Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina y el bárbaro homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina ante el periodista Jorge Lanata una semana antes de las primarias abiertas, si bien no le causó la derrota en la interna, selló sin dudas el destino del candidato del FPV a la gobernación. Fernández se despachó entonces contra el «fuego amigo» que habría facilitado la entrada de las cámaras de canal 13 al penal para «embarrarlo» en una causa que data de 2008 y en la que, repitió en todos los medios, jamás había sido imputado. ¿Es posible escapar de una prisión como esa sin fuerte apoyo externo? Indudablemente que no. El hecho recuerda a la fuga del capo del narcotráfico mexicano Joaquín Chapo Guzmán de otro penal presuntamente muy seguro en Almoloya, estado de México. El dinero y las conexiones, tanto en un caso y en otro, se sabe, aceitan cualquier mecanismo por obturado que parezca. De pronto, la gobernadora María Eugenia Vidal tuvo que darse un baño de realidad: era la hora de ejercer el gobierno y de enfrentar descarnadamente ese drama que en las elecciones se reveló como tema estratégico de campaña y que también lo es para gran parte de la población: el narcotráfico. Desde La Plata, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y la gobernadora cometieron algunos errores que quedaron a la vista con la fuga. En primer lugar, demoraron en definir las autoridades policiales y las del servicio penitenciario. En segundo lugar, intentaron negociar con las cúpulas existentes y quedaron entrampados en un sistema que excede al control del poder político. El caso puede arrastrar a todos los que estuvieron de alguna manera cerca de estos 3 personajes que parecían olvidados hasta que una interna partidaria y el fragor de una campaña les devolvieron protagonismo. Sobre todo porque el triunfo de Cambiemos en la provincia le debe mucho a aquel escándalo, en el que no fueron ajenos el periodista Lanata, notorio antiK, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que cedió su propio departamento para una entrevista con uno de los implicados en la causa, José Luis Salerno. La resolución del destino de los Lanatta y Schillaci influirá en el futuro de Cambiemos en la provincia. El hecho los obliga a meter el cuchillo hasta el hueso en el asunto donde todos preveían que podrían fracasar, es decir, dominar a la fuerza policial del distrito más grande y poderoso del país. Algo que la gestión de 8 años de Daniel Scioli tampoco había resuelto. Es más, como se recuerda, el excandidato presidencial del FPV le dio un giro de 180 grados a la política que había implementado el exministro de Seguridad León Arslanian, en el sentido de crear una policía verdaderamente democrática, y le devolvió el control de las calles y la «administración del delito» a los uniformados. Si la denominada «maldita policía» enterró alguna vez la carrera política de Eduardo Duhalde, ahora Cambiemos tiene la oportunidad de domar ese potro. El caso es si sus compromisos le permitirán ir en el sentido democrático que es imprescindible para la sociedad.   A sola firma Otro tema espinoso en estas semanas fue la andanada de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri, que lo pone en contradicción con el perfil republicanista que había esgrimido en tiempos de campaña. Así lo marcaron algunos de sus aliados políticos y aparecieron –además– los primeros chisporroteos con algunos sectores, por ahora mínimos, del Poder Judicial, que criticaron la decisión de gobernar sin consultar al Poder Legislativo. La urgencia de los DNU se entiende desde quienes apoyan al gobierno, en la necesidad de aprovechar los primeros 100 días de gracia que toda sociedad otorga al nuevo inquilino de la Casa Rosada. 100 días que coincidirán con el plazo en que constitucionalmente el Congreso permanecerá en receso. Se sabe que a partir de marzo el macrismo necesitará esgrimir mucha muñeca para consensuar las medidas que el ejecutivo pretenda. Para algunos temas trascendentes, lo que hay por delante son interrogantes: ¿qué pasará con la andanada de DNU veraniegos cuando reabra el Congreso? ¿Cómo se resolverá el espinoso asunto de los miembros de la Corte que Macri designó en comisión? ¿Qué ocurrirá con la emergencia en seguridad decretada por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich luego de la inexplicable fuga de los 3 presos? Y finalmente, ¿cómo reaccionará el movimiento obrero en el inicio de las negociaciones paritarias, tras la devaluación y el brutal aumento de precios consecutivo?

En este aspecto, el gobierno ya mostró frente al reclamo de trabajadores de Cresta Roja cuál puede ser su  respuesta ante la protesta. Primero, reprimió con dureza y, luego, recurrió a la negociación. Las señales fueron claras y en ese orden. Desde otro ángulo, las declaraciones del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, no dejan lugar a dudas. El funcionario consideró que en las paritarias «cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo». El paquete económico parece así cerrado y no en beneficio de los trabajadores. Los voceros de las empresas de producción de alimentos, como es el caso de Daniel Funes de Rioja, ya anunciaron que retrotraer los precios de los productos de la canasta básica a noviembre pasado será imposible. Y allí precisamente se verá reflejado el hachazo a los sueldos, porque la suma de devaluación y eliminación de retenciones recae sobre los productos de la tierra. Por otro lado, todavía está por verse cuál es el techo para el valor del dólar, ya que las presiones cambiarias están lejos de atenuarse. Por lo pronto, los gremios, tanto los alineados tibiamente con el gobierno –como el que lidera el camionero Hugo Moyano– como los abiertamente opositores –como la CTA de Hugo Yasky o la CGT del metalúrgico Antonio Caló– adelantaron que no aceptarán lo que consideran una amenaza de Prat Gay. En cuanto a los polémicos DNU, hasta la propia gestora de la alianza Cambiemos, Elisa Carrió, llegó a cuestionar la designación de jueces de la corte sin pasar por el congreso y Macri tuvo que dar marcha atrás. Ahora todo se encamina a una negociación en la cámara alta, donde el kirchnerismo tiene mayoría. El Senado es un ámbito donde las formas y los modos protocolares importan mucho y el despido de más de 2.000 empleados decidido por la vicepresidenta Gabriela Michetti generó fisuras en el peronismo, porque se acusó al titular de la bancada del FPV, Miguel Ángel Pichetto, de no haber presentado los suficientes reparos a este recorte de plantilla. Justamente el tema de los despidos en la función pública es otro punto de rispidez. Porque el oficialismo imputa a los miles que dejó en la calle de ser «ñoquis». O de tener un puesto por su militancia partidaria. Desde el kirchnerismo respondieron que echar a alguien por su pensamiento es persecución política. La cuestión constitucional estuvo en el tapete también por los DNU utlizados para modificar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones (ver Vía libre…), así como el que dispone la desregulación del mercado de hidrocarburos. En poco tiempo, y como le recomiendan ideólogos del conservadurismo vernáculo, como el columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, Macri quiere poner fin al esquema estatal montado por el kirchnerismo al cabo de 12 años de trabajosa tarea parlamentaria. El columnista había dicho en diciembre pasado que el presidente no tiene margen para el error, porque «un eventual fracaso significaría el regreso del populismo por un tiempo previsiblemente largo». Ahora explica los DNU porque «la primera prioridad que Macri se impuso es el desmantelamiento del Estado populista». Y abunda: «¿Reúnen los DNU de Macri las condiciones de excepcionalidad y urgencia que impone la Constitución? (…) A esa pregunta el macrismo la responde exhibiendo aquella prioridad: hay que desmantelar el Estado populista. Y es ahora o nunca, aseguran». Así se entiende la urgencia. Hay poco tiempo para desmantelar el Estado creado por el kirchnerismo porque no tienen las mayorías parlamentarias que sí tenía el anterior gobierno. Y medidas como esas no se pueden discutir tan abiertamente. El riesgo sería abrir la brecha que Cambiemos prometió cerrar. ¿La sociedad aceptará el precio? —Alberto López Girondo

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