Política

Signos de época

El proyecto oficial que impulsa un blanqueo de capitales bajo el paraguas del pago de sentencias a jubilados pone en cuestión la sustentabilidad del sistema previsional. La Corte limita el derecho de huelga y el gobierno se acerca a la Alianza del Pacífico.

Controversia. La ANSES está en el centro de los debates por la propuesta macrista. (Jorge Aloy)

 

Por si hiciera falta alguna señal más de que hay un cambio de rumbo en el país, tres hechos concretos muestran este nuevo escenario nacional: el proyecto de ley ómnibus para el pago de deudas a jubilados, el fallo de la Corte que limita el derecho de huelga y el pedido de Argentina de ingresar como observador en la Alianza del Pacífico, impulsada por Estados Unidos. Todas estas iniciativas representan un giro de 180 grados en relación con la postura del anterior gobierno en cada uno de los planos.
El más controvertido es seguramente el voluminoso texto de casi 100 carillas que prevé aplicar dinero proveniente del blanqueo de capitales al pago de los juicios de miles de jubilados y a la devolución del 15% de coparticipación a las provincias, lo que generó rechazo de legisladores y exfuncionarios kirchneristas y hasta de la exmandataria. Cristina Fernández calificó la propuesta como «un Caballo de Troya» para desfinanciar el sistema previsional y en el futuro justificar la vuelta de las administradoras privadas de fondos de retiro.
Para el diputado nacional Carlos Heller, del Partido Solidario, el proyecto «mezcla un montón de cuestiones que llevan a suponer que en realidad lo que pretenden es crear una protección y justificación a la idea del blanqueo de capitales y también a la venta de las participaciones del Estado en el fondo de garantía de sustentabilidad».
Es que, precisamente, el planteo de la iniciativa, bautizada con ánimo de vencer planteos opositores como la Ley de Reparación Histórica a los Jubilados, es una amplia moratoria para el blanqueo de capitales en el exterior que se destinaría a financiar el pago de montos que la Justicia estableció a jubilados que recurrieron a los tribunales al ver afectados sus ingresos por medidas de anteriores gobiernos. Pero también permite la venta de acciones de empresas privadas en poder de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las acciones que estaban en manos de las administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) cuando se reestatizó el sistema, en 2008, pasaron al Estado.
El gobierno de Cristina Fernández no ignoraba el deseo de esos conglomerados económicos de recuperar sus acciones, fundamentalmente por la incomodidad que les produce tener a representantes del Estado en sus directorios. Por eso, en setiembre del año pasado, impulsó una ley que solo permite la venta de esas acciones si la vota una mayoría especial de los dos tercios del Congreso Nacional.
Además, la iniciativa macrista tenía otros detalles que motivaron críticas y protestas, como el artículo 85, que preveía  un castigo penal para quien publicara información sobre detalles del blanqueo. La pena podía ser de cárcel y una multa similar al monto legalizado. O sea que si alguien blanqueaba 100 millones de dólares, el que revelara ese dato debería pagar esa cifra en concepto de multa.
En la misma sintonía, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, había dictado –casi como una irónica celebración del Día del Periodista– un decreto que condena hasta a dos años de prisión a quienes difundan el contenido de la declaración jurada de bienes de los funcionarios. La mandataria provincial, ante el cariz de las protestas que levantó, aseguró que había sido un «error» involuntario que pronto se iba a subsanar. Al cierre de esta edición, el decreto seguía en vigencia. También el presidente Mauricio Macri había bajado el irritativo artículo 85 de la ley ómnibus para que el
massismo y los diputados del exjefe del ANSES, Diego Bossio, apuraran el voto en comisión.

 

Protestas en la mira
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo sorpresivo porque va en contra de la jurisprudencia que se venía siguiendo en los últimos años en torno del mundo laboral. El tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti, en realidad los tres integrantes que quedan sobre un total de cinco que deberían conformarlo, se puso de acuerdo para sostener que los trabajadores sin representación sindical no tienen derecho a dictar un paro. «Las medidas de acción directa resultan un derecho colectivo concedido a las organizaciones representativas de los trabajadores», argumentan los magistrados y aclaran que «la Constitución hace referencia a la palabra gremio y no a grupos de trabajadores no conformados como tales» como los únicos en condiciones de sostener una medida de fuerza semejante.
Esto levantó protestas en los representantes gremiales de los sectores que rechazan con mayor énfasis el rumbo económico en curso. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, tildó la sentencia como «un fallo de época». Para Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, el veredicto tiene como objetivo «poner coto a futuras protestas» en un contexto de ajustes y conflictividad social. Porque básicamente dejan sin cobertura legal a las asambleas de los trabajadores, que son las que aprueban medidas de fuerza, en relación con los sindicatos, que pueden no compartir esa decisión, tal como muestra un sinnúmero de experiencias recientes.  Por otro lado, el fallo parece olvidar la situación de los trabajadores no sindicalizados, que en muchos lugares son la abrumadora mayoría.
El pronunciamiento de la Corte le viene como anillo al dedo al gobierno de Macri no solo porque despeja una traba que los empresarios y los dirigentes gremiales más acuerdistas ansiaban, sino porque representa un signo de los tiempos hacia los nuevos socios estratégicos que Macri busca en el exterior.
El fallo se produjo unos días antes de que por primera vez la Argentina se siente en la cumbre de la Alianza del Pacífico como miembro observador. El gesto de pedir un lugar más allá de la pertenencia al Mercosur, justo cuando en Brasil hay un gobierno temporario que muestra inquina a ese organismo regional, es una imagen que despierta los brulotes más ácidos en los defensores del concepto de integración regional y de Patria Grande que planteaba la anterior gestión.
La Alianza, formada como contrapartida del Mercosur y otros procesos de integración autónomos de Estados Unidos, como la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), está formada por Chile, Perú, Colombia y México y era apenas la punta de un iceberg que pretendía resucitar el ALCA. Ahora es la punta de lanza de nuevos espacios de integración afines al establishment, que busca imponer un tratado como el TTIP, que entre otras cosas, reduce sustancialmente los derechos laborales.