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Mientras el gobierno nacional sostiene su defensa del rol de la Gendarmería, organismos internacionales redoblan los reclamos por la desaparición forzada del joven artesano. Reformas en trabajo, salud y Justicia, después de las elecciones.

Contacto directo. El nuevo juez de la causa, Gustavo Lleral, visitó a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. (Télam)

La desaparición forzada de Santiago Maldonado sigue despertando los peores horrores en un sector gravitante de la sociedad argentina, mientras el gobierno continúa sosteniendo una alianza indisoluble con Gendarmería. Si bien la causa no registra avances notables, el nuevo juez, Gustavo Lleral, dio señales positivas al recibir a la familia de Santiago y reunirse con la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Pero al tiempo que se van conociendo detalles escabrosos de esos minutos en que el joven artesano y un puñado de aborígenes eran perseguidos por gendarmes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió a un documento de la ONU demandando al organismo que «escuche la voz de todos» y no solo, declaró, la de «un grupo que puede tener intereses políticos».
La frase intentó ser una respuesta oficial al duro informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU que exige «esclarecer de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos y, en caso de demostrarse, establecer y sancionar sus responsabilidades». El escrito señala algo obvio: identificar a los responsables de la desaparición puede llevar a determinar qué pasó con Santiago Maldonado. Una pregunta que ya dio la vuelta al mundo y que sigue sin responderse desde el Estado: ¿dónde está Santiago?
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se apresta a realizar una audiencia por el caso de Maldonado, para la que convocó a familiares del joven de 28 años y también a funcionarios del gobierno nacional. El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, advirtió: «Estamos ante una situación de emergencia grave, que hay que esclarecer».
Es que, pese a los intentos del gobierno por minimizarla, la pregunta por el paradero del joven artesano trasciende las fronteras y se refleja en la prensa internacional. Es así que el británico The Guardian destaca que en simultáneo con el informe de la ONU sobre un hecho que «ha revivido los amargos días de la dictadura», el exmarino Alfredo Astiz tomó el micrófono en su alegato en la megacausa Esma III que investiga 789 crímenes de lesa humanidad para dar un espaldarazo a los gendarmes que, resaltó, luchan contra la amenaza de «movimientos secesionistas» en la Patagonia y agregó: «La guerra contra el terrorismo es sin tiempo, únicamente se pueden ganar batallas».
Que el gobierno siga utilizando a Gendarmería para tareas represivas hasta en ámbitos que no le corresponden, como ocurrió en la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario cuando se celebraba un acto en reclamo por la aparición de Maldonado, indica que no lo ve como un peligro para su campaña electoral.
Lo que sí es un peligro es que este tipo de actitudes, al recibir la venia oficial, internalicen en cada miembro de esa fuerza la idea de que pueden actuar sin ningún tipo de freno institucional. Lo demostraron en la Basílica de Luján cuando un grupo de Madres de Plaza de Mayo conmemoraba los 40 años del uso del pañuelo blanco y un gendarme dijo, ante el pedido por Santiago: «Síganlo buscando».

En carrera hacia el 22
El final de la campaña muestra una carencia de temas de debate nacional en cada uno de los distritos y una polarización importante en la provincia de Buenos Aires entre el oficialismo y la oposición que encabeza la expresidenta Cristina Fernández. En ese camino, Cambiemos recibió un espaldarazo con el triunfo de la alianza oficialista en Corrientes, que lleva al radical Gustavo Valdés a la gobernación. El mandatario saliente, Ricardo Colombi, envuelto en denuncias de distinto tipo, logró imponer a su candidato por un 54% de votos. El peronista Carlos Camau Espínola, con 45%, no pudo forzar una segunda vuelta aunque logró mantener a la oposición unida detrás de su proyecto, lo que no es poco en esa provincia.  
Con espíritu triunfalista, desde los despachos oficiales van desplegando medidas a presentar una vez que se sepa el resultado de las elecciones. En ese marco se descuenta que habrá una profunda modificación a las leyes laborales. La imagen de la reforma del presidente brasileño Michel Temer preocupa a la dirigencia sindical, pero las reuniones del ministro Jorge Triaca con líderes de la CGT y los preanuncios no dejan lugar a dudas de que las conquistas obreras de más de medio siglo están fuertemente amenazadas. Incluso con anuencia de un sector de la cúpula sindical más proclive a negociar con el oficialismo.
Parte de esos intercambios se plasmarían en la reforma del sistema de salud, la llamada Cobertura Universal de Salud (CUS). La «zanahoria» para los gremios afines es que se crea un Fondo Solidario de Redistribución que estará en manos la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y que administrará una Unidad Ejecutora de la que participarán representantes del Ministerio de Salud de la Nación y de la CGT. Son unos 30.000 millones de pesos, de los cuales, como destaca el exministro de Salud Daniel Gollán, 4.500 millones se destinarán a «un fondo discrecional de emergencia».
En cuanto al sistema de Justicia, la insistencia del ministro Germán Garavano en pedir la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó y el poco claro procedimiento para abrir juicio político al juez Eduardo Freiler indican que es un ámbito en que el gobierno seguirá su intento de ir por todo, pero tal vez encuentre más resistencia de la que espera (ver recuadro).
El oficialismo también tiene en carpeta una reforma fiscal y una reforma en la Justicia. En el tema tributario, desde el Ministerio de Finanzas se dijo que busca un «alivio» a las cargas patronales y el impuesto al cheque. Ese supuesto alivio podría derivar en una reforma del sistema previsional con el aumento de la edad jubilatoria y de los años de aportes necesarios para jubilarse.