25 de septiembre de 2013
Oficialismo y oposición mostraron sus cartas para controlar el delito, en el marco de una discusión signada por la contienda electoral. Propuestas, omisiones y asignaturas pendientes.
La bonaerense. El rol de la fuerza provincial no fue abordado en la polémica sobre la seguridad suscitada recientemente. (Télam)
En lo que configura un hecho repetido durante los últimos años, la llamada cuestión de la seguridad se instaló en el corazón de la campaña electoral, con una batería de declaraciones cruzadas entre los candidatos y divergentes propuestas en la materia. Según una encuesta publicada por Ipsos Mora y Araujo, para el 66% de los argentinos la inseguridad es el principal problema del país, seguido por el desempleo y la inflación. Otros estudios señalan indicadores parecidos, con mayor preocupación por la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese marco, el tema suscitó fuertes debates en función del tenor de los planteos, y de los intereses políticos que representan. El candidato a diputado nacional del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, fue uno de los que centró su estrategia en ese eje, a partir de iniciativas tendientes a «darle seguridad a los vecinos de la provincia». Una de ellas, la más difundida por sus asesores y por medios afines al intendente de Tigre, fue la colocación de cámaras de video en todo el conurbano bonaerense, algo que parece haber contribuido en gran medida a los resultados favorables que su espacio político obtuvo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Pero también el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, a pocos días de celebrarse las PASO, reinstaló la vieja idea de bajar la edad de imputabilidad. En la misma sintonía, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, sostuvo que «en casi todos los delitos hay involucrados menores, que son reincidentes» y destacó la «valentía» del intendente de Lomas de Zamora: «Me parece que hay que rescatar la decisión de nuestro candidato de incluir un problema como este en la agenda, es algo importante que muchos, debido a lo sensible del asunto, prefieren no encarar». Los dichos de Insaurralde motivaron críticas tanto de algunos sectores del oficialismo como de la oposición. Aníbal Fernández y Carlos Kunkel, diputado y senador nacionales por el oficialismo, respectivamente, anticiparon que no votarían un proyecto de esa naturaleza, en tanto desde la oposición Victoria Donda y Ricardo Gil Lavedra, referentes del Frente Amplio Progresista (FAP), calificaron de absurda la medida. Asimismo, se dispusieron medidas en el conurbano bonaerense, una de las zonas más afectadas por el delito. El Gobierno nacional decidió reforzar el Operativo Centinela, activo en el Conurbano desde enero de 2011, con la movilización 5.000 gendarmes por 45 días. La movida suscitó polémica por la sustitución en los puestos fronterizos de esos efectivos por miembros de las Fuerzas Armadas sin preparación para la tarea y por la virtual militarización de zonas vulnerables del Gran Buenos Aires que acarrea el dispositivo de seguridad. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, designó como titular del flamante Ministerio de Seguridad bonaerense al ex intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, en tanto oficializó el nuevo rol de Ricardo Casal, en el área de Justicia, tras decidir desdoblar el Ministerio de Justicia y Seguridad en dos carteras. La decisión de Scioli constituye un nuevo giro de su gobierno teniendo en cuenta los antecedentes de Granados, quien en una de sus primeras apariciones públicas como ministro sostuvo: «Estamos enfrentando a delincuentes que están dispuestos a todo. Y el Estado tiene que estarlo también para combatir la inseguridad». Asimismo, Scioli convocó al Consejo Provincial de Seguridad, un organismo integrado por funcionarios de su gobierno y legisladores del oficialismo y de la oposición, previsto para situaciones de crisis.
Reacciones
La polémica por los cambios recientes puso de relieve, entre otras cuestiones, un tema espinoso: la situación de los menores de entre 16 y 18 años que, fruto de la Ley 22.278 promulgada por la dictadura militar, al ser sospechados de la comisión de un delito no son juzgados ni tienen derecho a defensa y sus destinos quedan bajo la decisión de un juez. En tal sentido, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto para modificar la imputibilidad de los jóvenes, sobre la base de un texto que obtuvo media sanción del Senado en 2009 y que nunca fue tratado en Diputados.
Desde buena parte del arco opositor, fue cuestionada la designación de Granados y las modificaciones del Gobierno nacional en materia de seguridad, con argumentos dísimiles. El diputado nacional y candidato por el Frente Renovador, Felipe Solá, señaló que no tiene la experiencia ni la profesionalidad para encarar el manejo policial, mientras que Ricardo Alfonsín, candidato a diputado por el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que le «preocupa que las políticas de seguridad se inclinen hacia posiciones conocidas eufemísticamente como de mano dura, cuyos fracasos y graves consecuencias ya se conocen». Otros, como la diputada nacional por el FAP, Margarita Stolbitzer, y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, manifestaron su rechazo a lo que ellos denominaron una «respuesta electoralista» del Gobierno Nacional a esta problemática. «Por un lado, Scioli dijo que van a llegar nuevos policías, no se conoce la fecha; por el otro, le pidió al Gobierno que envíe gendarmes, que vienen también en fecha electoral sólo por 45 días», expresó Posse. Curiosamente menos crítico, el candidato Francisco de Narváez, legislador que supo hacer de la seguridad su caballito de batalla electoral, dijo que «si se alinean las políticas nacional, provincial y municipal, y Granados es un engranaje dentro de esa decisión, me parece positiva la designación».
Córdoba. El escándalo que involucra a altos jefes policiales, motivó una nutrida protesta. (Télam)
Menos visible en la discusión que cobró actualidad en los últimos meses, aparecen temas estructurales como la indiscutible relación entre marginación y aumento del delito. Alcanza con mencionar un dato: según las últimas cifras de la Dirección de Política Criminal, el delito en Argentina aumentó 2,5 veces, al pasar de 1.500 hechos cada 100.000 habitantes en 1997, a 3.500 en 2003. Para el abogado criminalista Mariano Ciafardini, «la globalización trajo la secuela de la desocupación de dos dígitos, la marginalidad social como un fenómeno endémico y la destrucción de lo que quedaba de las políticas públicas intervencionistas a través del aparato estatal. También, en pleno auge neoliberal, crecieron tráficos ilegales como el de las drogas y el lavado de dinero».
Cambio de cúpula
En esa misma línea, no puede ser omitida en el análisis de la seguridad, la trama oscura que involucra a las policías en connivencia con sectores políticos y bandas organizadas del narcotráfico. Una red cuasi mafiosa que quedó al descubierto en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y recientemente en Córdoba, donde el jefe de la Policía, Ramón Frías, y el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, debieron renunciar a sus cargos debido al avance de la causa judicial que vincula a la policía con bandas de narcotraficantes y el armado de causas para extorsionar. A raíz de la gravedad del hecho, hubo una masiva protesta contra el gobernador José Manuel de la Sota, donde se cuestionó el papel del gobierno provincial para enfrentar la violencia social. Lo ocurrido en Córdoba mostró la activa intervención de la cúpula policial en la consumación de delitos, un tema soslayado en el debate de estas semanas. Curiosamente, tampoco se abordaron en las discusiones de campaña, temas de especial importancia en otro momento como el rol de la policía bonaerense, sospechada de prácticas de corrupción y diversos delitos, ni hubo lugar para debatir una mirada integral sobre la Justicia. Respecto de esto último, cabe recordar que surgieron casos de complicididades de jueces con redes delictivas, además de otro hecho no menos relevante: la pervivencia en el interior del poder judicial de magistrados que participaron en la última dictadura militar y que, en democracia, obstaculizan los procesos contra represores y genocidas.
Tampoco pueden relativizarse otros aspectos que involucran a la policía como las víctimas del gatillo fácil, los funcionarios que encubren y protegen a los dueños de los desarmaderos donde se guardan los autos robados en el conurbano bonarense, o los policías que utilizan a menores para cometer delitos. Esta última, una práctica denunciada por organismos de derechos humanos, con casi nula repercusión en los medios.
En situaciones electorales como la actual, donde interviene fuertemente la cobertura de los medios de comunicación sobre los casos de inseguridad, el Gobierno nacional decidió hacer importantes modificaciones con el objeto de atacar una problemática cuyas soluciones de fondo exceden los plazos electorales. Se trata de un nuevo cambio del oficialismo teniendo en cuenta antecedentes recientes: por caso la creación del Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré, quien fue desplazada este año de sus funciones. Garré, en su momento, buscó sintonizar una política de Estado con espacios de participación ciudadana como el Acuerdo de Seguridad Democrática, nacido en 2009 e integrado por un centenar de organizaciones –universidades, organismos de derechos humanos, académicos, especialistas– que fue diluyéndose en su intención de generar nuevas formas de abordaje a la inseguridad.
En esa encrucijada parecería dirimirse el rumbo que adopte el Gobierno nacional en materia de prevención y soluciones contra el delito. Mientras tanto, recrudecen discursos de sectores de la derecha política, como el aumento de penas para los delincuentes, el pedido de más policía y la citada baja de imputabilidad. Habrá que ver si, cuando concluya el proceso electoral, se recorren caminos alternativos. Uno de ellos, explica Ciafardini, es «conformar, desde abajo, espacios de reconstrucción política verdaderamente democráticos, que restablezcan la relación Estado-sociedad y que apuesten a medidas de inclusión social y de participación ciudadana para evitar la corrupción policial y el manejo prebendario de algunos sectores políticos».
—Pablo Provitilo
