26 de abril de 2017
Instalar un contexto de sentido común que permita luego poner en cuestión conceptos ya incorporados en la sociedad, es algo a lo que Cambiemos nos ha acostumbrado. La reciente controversia en torno al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es una nueva expresión de esta metodología. Apoyado en una red de repetidoras del discurso oficial, el gobierno probó nuevamente su poder de fuego cultural. Ideas como «con el dinero de los ciudadanos se financian películas que no ve nadie», o peor, «es un curro que favorece a pocos», circulan por los medios y las redes sociales. Así comienza a demolerse el rol del Estado en la construcción de un imaginario cultural nacional.
Pero esta vez el globo de ensayo se pinchó. La compacta reacción de realizadores, actores y trabajadores del cine en defensa del financiamiento que el INCAA administra y hace posible la existencia de un cine nacional frenó por el momento lo que no fue más que un intento por liberar a poderosas empresas de un tributo que les molesta. El Fondo de Fomento Cinematográfico se conforma con el 10% de las entradas que se cortan en cada sala y un gravamen sobre la facturación publicitaria de las empresas de radio y televisión, entre ellas, las que respaldan mediáticamente al gobierno.
La recaudación de estos impuestos forma parte de una acción del Estado en favor de la cultura nacional. Lo que se pone en juego es el sostenimiento de una industria cultural que no solo genera miles de puestos de trabajo, sino que también es un aporte indispensable a la soberanía cultural e identitaria de la Argentina. Si se impone la lógica oficial, además de la pérdida de miles de puestos de trabajo, habrá una mayor presencia en la cartelera de películas extranjeras, fundamentalmente estadounidenses, frente a algunas –pocas– locales que pasen el filtro del mercado. De soberanía cultural, poco y nada.
