Realineamientos en la interna del justicialismo, la crisis de la CGT, tensiones con los movimientos sociales y divergencias en la alianza gobernante, además de la persistente inflación, auguran un escenario político complicado para el gobierno nacional.
8 de febrero de 2018
Los cambios que se produjeron en el estado de ánimo social a partir de la aprobación parlamentaria de la reforma previsional provocaron un tembladeral en la estrategia del gobierno de Mauricio Macri. Contra lo que el presidente suponía, ni la tolerancia es eterna ni la realidad, estática. Por el contrario, la política –parafraseando al legendario periodista deportivo Dante Panzeri– podría definirse como «la dinámica de lo impensado». Cuando todo parecía indicar que el peronismo conciliador en sus distintas versiones iba a acompañar sin demasiados cuestionamientos las iniciativas oficiales, la masiva reacción que se produjo ante el recorte sufrido por jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo –reflejada en las encuestas de opinión– provocó un viraje sorpresivo: los principales referentes del justicialismo retomaron el precepto «desensillar hasta que aclare» y resolvieron concentrar sus energías en conformar una fuerza capaz de imponerse en la interna justicialista, con alcances y características todavía difusos. Ante la alta probabilidad de que las mayorías legislativas conquistadas con negociaciones bajo presión con los gobernadores se diluyeran rápidamente, la reacción del oficialismo fue el retiro del proyecto de reforma laboral –cuyos aspectos esenciales procurará imponer paulatinamente– y la determinación de eludir al Congreso mediante los decretos de necesidad y urgencia,
El cuadro se complicó todavía más con la previsible crisis cegetista, en la cual incidió decisivamente la actitud rupturista de Hugo Moyano y sus aliados, que le asestaron un golpe de gracia al tambaleante triunvirato que conduce la central obrera. Se estima que la confrontación entre el Ejecutivo y la mayoría del sindicalismo se tornará inevitable, sobre todo tras la decisión de las autoridades educativas de suprimir la paritaria nacional docente, lo que abre la perspectiva de que este año no pueda iniciarse normalmente el ciclo lectivo, y del ofrecimiento patronal a los bancarios de un incremento del 9% que es considerado una provocación dadas las previsiones de las consultoras que evalúan una inflación de no menos del 20% anual. El deteriorado ministro de Trabajo, Jorge Triaca, protagonista de un sonado episodio en el que abundaron las irregularidades, se las verá en figurillas para evitar que el rechazo a la pauta oficial del 15% sin cláusula gatillo se extienda al resto de los gremios. Por otra parte, se prevé una ola de despidos en la administración pública que afectaría a muchos miles de trabajadores. En algunos organismos el recorte ya ha comenzado y en otros, como en el Correo, sería inminente e, inevitablemente, los recortes generarán una dura reacción de los gremios estatales, con la única excepción de la Unión del Personal Civil de la Nación, que no parece dispuesta a sumarse al enfrentamiento. En cuanto a los «gordos» y los «independientes», que controlan sindicatos importantes como Comercio o Sanidad, tampoco se inclinan por la beligerancia, pero esa pasividad puede ser desbordada por la dirigencia intermedia que no parece dispuesta a resignar el poder adquisitivo de los salarios de sus representados.
Núcleo duro
Los movimientos sociales no serán ajenos a estos encontronazos. Tras más de un año de arduas negociaciones con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que les permitieron morigerar la situación de desocupados y excluidos, la caída de miles de planes y el deterioro de los ingresos, acentuado por los recientes incrementos en el transporte y los servicios públicos, impulsarán a las organizaciones que los agrupan a intensificar las movilizaciones.
Ante este panorama, el gobierno se muestra decidido a endurecer aún más su política represiva con dos objetivos centrales: disciplinar a los rebeldes y fidelizar al núcleo duro de sus partidarios, que exigen terminar con las pretensiones de los sindicalistas y los piqueteros, y apelar a la mano dura sin reparar en las limitaciones que imponen las normas vigentes. De allí las constantes apelaciones de Patricia Bullrich a «cuidar a los que nos cuidan», la justificación permanente de todo lo actuado por las fuerzas de seguridad y las agresiones y provocaciones contra los organismos defensores de los derechos humanos. En los inicios de su gestión, Cambiemos utilizaba alternativamente el palo y la zanahoria. Hoy, la hortaliza parece haber dejado de formar parte de sus planes.
Pero hay más sombras en el horizonte oficial. La interna política de la coalición se complica día a día debido, principalmente, al avance del Pro sobre las posiciones de su principal aliado político, la Unión Cívica Radical. Tras haber extendido su presencia a la totalidad del territorio nacional apoyándose en la estructura del histórico partido, es evidente la intención de desplazar a los referentes provinciales de la UCR y reemplazarlos por representantes del macrismo ortodoxo. Estas maniobras acentúan las diferencias entre las distintas corrientes radicales. Mientras un sector importante se somete a las imposiciones de la cúpula, ya se hacen escuchar las voces discordantes. Además de Ricardo Alfonsín, que ha tomado distancia de las políticas de Cambiemos y reivindicado tímidamente los principios fundacionales, dirigentes como Julio Cobos, que siempre alentó una discreta autonomía del Pro, se muestran más críticos a medida que verifican que se los margina. En el propio Pro conviven problemáticamente los cuadros políticos –por lo general de extracción peronista o radical– que reivindican ciertas formalidades consensuales con los que arribaron a la política desde los despachos de las grandes empresas, quienes pugnan por acelerar las reformas neoliberales, abandonar por completo lo que denominan «ficción dialoguista» y acabar con un gradualismo que, según ellos, impide la consolidación de un nuevo paradigma cultural basado en la precarización laboral, el emprendedurismo y la privatización de la salud, la educación y las empresas administradas por el Estado.
Otro posible frente de conflicto puede abrirse en el ámbito judicial. Es sabido que los jueces federales tienen una marcada propensión a ser funcionales a los designios del Ejecutivo. También, que son permanentemente presionados para que no pongan en duda la constitucionalidad de las leyes que el oficialismo necesita. Pero la intromisión presidencial en las decisiones de la Justicia se ha extendido a fallos de primera instancia que no afectan estructuralmente el proyecto. Y esto comienza a generar malestar entre los magistrados.
Demasiados escollos para un gobierno que no puede bajar la inflación ni detener la caída del consumo en el contexto de una economía que tiende a marchar hacia la dolarización.
