Política

Supremo debate

Convocados por la Corte, el grupo Clarín y el Estado nacional expusieron sus argumentos. Derecho a la información versus intereses económicos. La opinión del movimiento cooperativo.

 

Amicus curiae. Los jueces nacionales escucharon voces de diversos sectores. La ley cumple 4 años desde su promulgación. (Télam)

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es, sin dudas, la más debatida de las últimas décadas. Ya promulgada, atravesó un laberinto judicial propiciado por la empresa más poderosa del país en el rubro comunicaciones, hasta que llegó finalmente a la Corte Suprema. Y fue el máximo tribunal el que propició una nueva instancia de debate a casi 4 años de la sanción de la norma: una audiencia pública motorizada por los jueces para contar con mayores precisiones en el momento de definir la constitucionalidad de los artículos recurridos por el grupo Clarín. El formato de la discusión consistió en la participación de 5 organizaciones elegidas por el grupo Clarín y 5 designadas por el Gobierno nacional, bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal). La Corte, además de escuchar las exposiciones de dichas entidades, formuló preguntas directas a las partes. Resultó revelador cuando Ricardo Lorenzetti interpeló a los abogados del grupo empresario acerca de cómo sería afectada la libertad de expresión en caso de aplicarse los artículos cuestionados. La titubeante respuesta obligó al presidente del tribunal a reclamar una definición concreta que no aparecía en los dichos de los representantes legales de Clarín. Además, estos cayeron en algunos exabruptos que desnudan la posición dominante que ejerce la compañía. Alejandro Carrió, asesor legal del grupo, señaló ante la Corte que «si se afecta la sustentabilidad del grupo se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país». En igual sentido, su colega María Angélica Gelli sostuvo que Clarín «es el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación».
La Corte también formuló preguntas a los representantes del Estado nacional, en las que apuntaron  fundamentalmente al grado de aplicación de la ley, el régimen de licencias y a justificar las restricciones de concentración que establece la norma. La contraposición resultó claramente evidenciada: por un lado, la ley establece que la comunicación es una actividad de interés público y, como tal, amerita determinados mecanismos antimonopólicos y de regulación. Por el otro, un grupo empresario defiende sus intereses comerciales, y así lo dijo la Corte en su fallo del pasado 22 de mayo de 2012, cuando estableció que «no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión». La sustancia argumentativa de Clarín y sus amicus curiae fue el vínculo entre solidez económica y libertad de expresión, en una concepción que restringe el ejercicio de un derecho a la capacidad patrimonial, es decir, a los dueños de los medios. Hablaron en defensa del grupo empresario la Asociación Internacional de Radiodifusión, el Observatorio Iberoamericano de la Democracia, el Comité de Defensa del Consumidor y la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada de Iberoamérica. Por su parte, el Estado nacional presentó como amigos del tribunal a las universidades nacionales de Lanús y San Martín, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Americana de Juristas y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (ver recuadro).
También participaron de la audiencia la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó y Cynthia Ottaviano, defensora del público, ambas con fuertes intervenciones a favor de la constitucionalidad de los artículos cuestionados por el grupo empresario. Desde la plaza Lavalle, frente a Tribunales, miles de personas respaldaron la vigencia de la ley, convocados por la Coalición por una Comunicación Democrática. Las cartas están sobre la mesa. Sólo falta el fallo supremo.

Jorge Vilas