15 de enero de 2014
Mientras la Corte analiza fallos trascendentes, cambios en el ámbito judicial, y se avizora una nueva composición, el Congreso prepara sesiones extraordinarias. Controversia por el rol de los militares.
Desafío. El máximo tribunal deberá revisar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura luego de rechazar su reforma. (Jorge Aloy)
Transcurridas las primeras semanas del nuevo año, quienes integran las instituciones fundamentales de la democracia representativa vigente deberán abocarse con urgencia a saldar debates inconclusos y a hacerse cargo de temas candentes que exigen imperiosas respuestas. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, tendrá que encarar por su propia cuenta una reforma del cuestionado Consejo de la Magistratura, tras haber rechazado por inconstitucionales los cambios propuest por el Poder Ejecutivo. Pero además podría quedar involucrada en la polémica que seguramente suscitarán algunos artículos de los Códigos Civil y Comercial. El proyecto tiene media sanción del Senado y su tratamiento en Diputados ha sufrido dilaciones, producto de las discrepancias existentes en torno a –entre otros tópicos– la definición sobre el inicio de la vida humana. En efecto, la redacción actual del artículo correspondiente, aprobada por la mayoría oficialista y en la que –según sus críticos– se evidencia la influencia de la Iglesia Católica, fue cuestionada incluso por los miembros de la Corte que intervinieron en la elaboración del anteproyecto. En cambio, existe un consenso generalizado acerca del carácter progresivo que tiene la incorporación al texto de los cambios ya introducidos en materia de divorcio, adopción de chicos o matrimonio igualitario.
Más controvertido aún será el proyecto de modificación del Código Penal que ya fue entregado a la Presidenta por una comisión de juristas encabezada por Eugenio Raúl Zaffaroni. Es que la pena máxima de 30 años de cárcel, el concepto de la insignificancia referido a delitos menores que no requieren siquiera la intervención judicial, la armonización de las penas, la introducción de otras alternativas que no impliquen prisión efectiva y la reforma procesal, provocarán seguramente la reacción de quienes, en su momento, secundaron con entusiasmo las medidas propuestas por el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg y que fueron aprobadas, sin rigor analítico, por parlamentarios que buscaban asumir lo que se suponía era el sentido común mayoritario generando así incongruencias insostenibles.
En lo que hace a la cuestión jubilatoria, se estima que la Corte no estaría dispuesta a dictar una sentencia que permita actualizar las prestaciones del conjunto de los beneficiarios, ya que la mayoría de sus miembros entendería que el tribunal carece de atribuciones para dictar una medida generalizada que, por añadidura, tendría un fortísimo impacto fiscal. Por tal razón es esperable que siga resolviendo uno por uno los miles de casos que se acumulan en los juzgados.
Una complicación cada vez más cercana, que preocupa tanto a los integrantes actuales de la Corte como al Gobierno, es la futura composición del tribunal ya que Zaffaroni confirmó que abandonará su cargo cuando cumpla los 75 años, la edad máxima para integrarlo según la Constitución –lo que sucederá en enero de 2015– y no se sabe aún que actitud adoptará su par, Carmen Argibay, que estará en la misma situación a mediados de este año. En tanto Carlos Fayt, que ha superado los 95, resiste ateniéndose a una acordada del alto cuerpo que se funda en que su ingreso se produjo antes de la reforma constitucional de 1994. Al mismo argumento recurrirá el juez Enrique Petracchi, designado por Raúl Alfonsín en 1983, que ha excedido el límite mencionado.
Las eventuales bajas no requieren reemplazo inmediato ya que el número de integrantes de la Corte establecido por ley es de 5, de tal modo que las primeras dos salidas que se produzcan no tendrían recambio para ajustar la cantidad de miembros.
Asuntos legislativos
También el Parlamento estará sometido a una agenda exigente. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anticipó que será convocado a extraordinarias en febrero y preanunció que la actividad será intensa. Una de las prioridades sería el tratamiento en el Senado de la incorporación al artículo 252 del Código Penal de severas sanciones para los miembros de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales «que tuvieren a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio», presentada por Aníbal Fernández con el objetivo de evitar la repetición de demandas salariales respaldadas por métodos extorsivos como el abandono de tareas y la virtual declaración de «zonas liberadas» que derivaron en saqueos. Fernández advirtió además que se opone terminantemente a la sindicalización policial que proponen algunos sectores. A la luz de los acontecimientos de diciembre último que tuvieron como escenario provincias gobernadas por distintos partidos, en algunos casos con saldos violentos, todo indica que la propuesta podría contar con el respaldo de otras fuerzas políticas.
Se estima que no quedará fuera de las extraordinarias la adecuación del Código Aduanero con la declarada meta de lograr el aprovechamiento integral de los puertos y reducir los costos operativos. En tanto, aunque no se ha definido si ingresarán en el temario inmediato, Diputados, como ya se ha mencionado, deberá abocarse a una cuestión pendiente, la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial y ambas cámaras, a las modificaciones del Código Penal, que sin duda serán ardorosamente debatidas. Esto es así porque el tema seguridad, así como todos aquellos que formen parte de la política económica gubernamental constituyen el eje sobre el que enfocan sus principales críticas los distintos sectores de la oposición. Si bien el kirchnerismo, con el aporte de sus aliados, tiene técnicamente asegurada la mayoría en ambas cámaras, deberá esforzarse para contener la arremetida de sus adversarios, aunque no resultará sencillo que éstos logren arribar a posturas unánimes, habida cuenta de la diversidad de candidatos que pugnan por liderar un espacio que poco tiene de homogéneo.
Modelos para no imitar
Otro de los temas que sigue siendo objeto de duras controversias es el de la designación del general César Milani como jefe del Estado Mayor del Ejército, una decisión presidencial que algunos sectores del propio kirchnerismo han considerado como un error político y otras corrientes del oficialismo reivindicaron. Más allá de la discusión sobre su involucramiento o no en la represión ilegal y de las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito, recientes notas publicadas por La Nación y Clarín sembraron dudas sobre la participación de fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico, que fueron desmentidas inmediatamente por el Ministerio de Defensa.
Según la interpretación de ambos matutinos, la prórroga por un año de la participación del arma en los operativos «Escudo Norte» y «Fortín II» para patrullar en tareas de apoyo de las fuerzas de seguridad las fronteras con Bolivia y Paraguay, así como la mención que hizo Milani de «equipos de combate desplegados contra el narcotráfico» y la incorporación de 35 vehículos blindados Hummer «provistos por el Comando Sur» para exploración «varios de los cuales serán asignados a perseguir el tráfico de drogas», estarían demostrando la subordinación argentina a la estrategia estadounidense en la materia, favorable a la incorporación de los militares a tal actividad.
Cabe señalar que el Comando Sur de los Estados Unidos ha estado controlando las rutas marinas en los márgenes de las costas centroamericanas, tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico con sistemáticos patrullajes, control de rutas pesqueras y navíos comerciales, monitoreo de puertos de embarque y desembarque y control de informaciones de inteligencia sobre el estado de la región entre el norte y el sur de América. La «Operación Martillo», que está basada en la Doctrina de Seguridad Hemisférica de fronteras seguras, antiterrorismo y lucha antinarcóticos que lidera Estados Unidos y que incluye a países centroamericanos, europeos, Chile y Colombia, comenzó a ejecutarse en enero de 2012 dirigida por el general Douglas Fraser. Las acciones militares tienen tres niveles que se articulan escalonadamente. El segundo consiste en la ejecución del plan e incluye patrullajes en las supuestas rutas de los narcotraficantes, con el uso de fragatas, cruceros móviles de la IV Flota y aviones de guerra, localización y ataque.
El Ministerio de Defensa, en un comunicado, puntualiza que la adquisición de los Hummer no tiene relación alguna con el Comando Sur y se realizó bajo el Sistema Foreign Military Sales –que establece la venta de armamentos y pertrechos a países amigos a precios menores de los de mercado–, al tiempo que desmiente que exista un intento de cambio en las normas de Seguridad Interior.
La reglamentación de la ley de Defensa que firmaron en 2006 el presidente Néstor Kirchner y la entonces ministra Nilda Garré, impide expresamente que las Fuerzas Armadas puedan actuar en situaciones que no sean provocadas por un país agresor. El artículo 27 de la ley de Seguridad establece taxativamente que sólo pueden dar apoyo en temas policiales «mediante la afectación de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones», pero nada dice acerca de la participación de unidades de inteligencia o patrullas.
Por lo tanto, la modificación de la reglamentación sólo podría concretarse mediante otro decreto presidencial, algo que no parece viable en las actuales circunstancias. Basta con analizar la experiencia mexicana. Los soldados que intervinieron en la llamada lucha contra el narcotráfico han sido acusados de cateos, controles e intervenciones no autorizadas que derivaron en la muerte de civiles falsamente considerados como elementos hostiles. Se ha comprobado, además, que gran parte de los oficiales afectados a esa tarea fueron corrompidos por los carteles. El balance no podría ser más dramático: más de 50.000 asesinatos desde 2006. El ex presidente Felipe Calderón comenzó con el envío de 6.500 soldados a Michoacán y actualmente operan 45.000 efectivos desplegados en ocho estados.
—Daniel Vilá
