16 de abril de 2013
El Poder Ejecutivo envió al Congreso seis iniciativas legislativas
que modifican distintos aspectos del funcionamiento de la Justicia. Apoyos y rechazos. Dilemas de la integración regional.
Cara a cara. Distendido diálogo entre Lorenzetti y Fernández en el Museo del Bicentenario: una relación institucional. (Presidencia)
Lo que la presidenta Cristina Fernández había insinuado a fines del año pasado –cuando por primera vez mencionó la idea de «democratizar la justicia»– y anunciado en su discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional el 1º de marzo, comenzó a concretarse días pasados con la presentación de seis proyectos de ley que apuntan a modificar el funcionamiento de distintas instancias del Poder Judicial.
Acompañada en el escenario montado en el Museo del Bicentenario por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, el ministro de Justicia, Julio Alak, y los titulares de ambas cámaras del Congreso, la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich y el diputado Julián Domínguez, la Presidenta justificó la necesidad de una reforma. Dijo que el actual funcionamiento del Poder Judicial «exige una democratización para darle mayor legitimidad a uno de los poderes del Estado, tal vez el más importante, porque es el último lugar donde se revisan los actos de gobierno» y en el que «se decide la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos».
Cada uno de los proyectos (ver recuadro) puede dar lugar a distintas conformaciones de apoyos y rechazos aunque, en principio, todos los bloques opositores anticiparon su rechazo total a la reforma. Quizás estas reacciones contundentes, plasmadas incluso antes de la presentación de los proyectos y sin que se conozca letra por letra su contenido, se deban en parte al clima preelectoral, que condiciona los pronunciamientos de dirigentes que actúan en clave proselitista. De ahí que, con la excepción del senador radical Eugenio Artaza, no hubo presencia de representantes de la oposición en el acto de presentación. Aunque el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, pidió una «actitud constructiva» de la oposición, no recogió buenos augurios para los debates que se están iniciando en ambas cámaras. El líder del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner, aseguró que «el discurso de la Presidenta deja dudas sobre mayorías para la toma de decisiones en el Consejo de la Magistratura». En tanto, los diputados de Proyecto Sur, Fernando Solanas, y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, difundieron una declaración conjunta en la que calificaron la iniciativa gubernamental como un «intento de cooptación definitiva de la Justicia». Desde el Pro, Federico Pinedo argumentó que «con esta reforma el kirchnerismo quiere poner jueces adictos para que fallen a su favor», mientras que el diputado de la Unión Cívica Radical Manuel Garrido criticó la propuesta porque, a su juicio, «no es un plan integral ni una estrategia, sólo un conjunto de parches improvisados». «Vamos resistir el intento de limitar la independencia de la Justicia. Están yendo por la Corte», anunció, por su parte, Francisco de Narváez, quien busca un espacio en el PJ opositor para canalizar sus aspiraciones electorales en la provincia de Buenos Aires.
De igual manera, los sectores conservadores del ámbito judicial salieron al cruce de los cambios impulsados por el Ejecutivo. «Vamos a tener un Poder Judicial alineado», se apresuró a declarar el constitucionalista Daniel Sabsay. Antes, la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y la Asociación de Magistrados habían anticipado su rechazo a la reforma. Como contrapartida, el grupo denominado Justicia Legítima afirmó que «las ideas centrales de los proyectos anunciados por la Presidenta son plenamente compatibles con la meta de alcanzar una Justicia más plural y más independiente, y dispuesta a rendir cuentas de su actuación ante la ciudadanía».
Con este panorama, no le será sencillo al oficialismo recoger apoyos entre las otras bancadas, aunque cuestiones como la presentación de declaraciones juradas de bienes de los funcionarios de la Magistratura, el ingreso por concurso a la carrera judicial y la publicación del estado de las causas y expedientes en cada juzgado, podrían suscitar amplios respaldos.
Distinto es el caso de la ampliación de los integrantes del Consejo de la Magistratura y la elección por voto popular de los representantes académicos que lo conforman, así como el cambio de la mayoría necesaria para la toma de decisiones en dicho organismo. En este caso, y en la creación de tres cámaras de casación como mecanismo para descargar trabajo de la Corte Suprema y los límites a la vigencia de las medidas cautelares, es de esperar que el kirchnerismo no logre reunir apoyos fuera de su bancada y aliados por lo que deberá esforzarse para alcanzar el número necesario en ambas cámaras.
La Presidenta ratificó además en su discurso en el Museo del Bicentenario que el Congreso trataría este año la modificación y unificación de los códigos Civil y Comercial. De tal modo que la agenda legislativa, pese a transcurrir en un año electoral, aparece cargada de cuestiones trascendentes que ameritan debates profundos, a la altura de iniciativas vinculadas con derechos esenciales de la población.
Tensiones entre vecinos
Por otra parte, en materia de política exterior la región plantea nuevos desafíos. La integración no es un proceso sencillo. Los innegables avances logrados en la última década fueron fruto de la sintonía entre varios gobiernos latinoamericanos que fueron sumando luego a aquellos con los que, pese a existir marcadas diferencias políticas e ideológicas, tenían en común la necesidad de fortalecer el frente americano en el marco de la crisis internacional y con el telón de fondo de una globalización basada en reglas injustas para los países periféricos. De tal modo que, mientras está por verse de qué modo se procesa la ausencia de uno de los líderes y fogoneros del proceso integrador, Hugo Chávez, se suceden algunos episodios que ponen a prueba la voluntad de acrecentar los lazos entre los países de Sudamérica. Uno de ellos, de estricto carácter bilateral entre Argentina y Uruguay, es el altercado abierto por los dichos del presidente oriental, José Mujica, a quien un micrófono encendido a destiempo le jugó una mala pasada e hizo públicas palabras que no estaban destinadas a ser conocidas masivamente. Las descalificaciones de Mujica hacia su par argentina, Cristina Fernández, y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, escaldaron un vínculo que, desde el pico de conflictividad que significó la disputa por la instalación de la pastera Botnia frente a la ciudad de Gualeguaychú, estaba reencontrando cauces de normalidad, aunque persisten puntos de diferencias especialmente en lo comercial. La contundente nota presentada por el canciller argentino al embajador uruguayo muestra el impacto del episodio. Habrá que ver si el planteo de Mujica al día siguiente de sus declaraciones –«nada ni nadie podrá separarnos», dijo en su programa de radio– y las señales conciliatorias lanzadas desde Uruguay son suficientes para revertir el mal paso.
Por otra parte, los lazos argentinos con Brasil también están en la mira pública a partir de los problemas surgidos para la continuidad del proyecto minero de la empresa Vale, así como numerosos diferendos en materia de intercambio comercial, reconocidos por el propio canciller brasileño, Antonio Patriota, ante el senado de su país. Allí calificó que la relación comercial con el principal socio del Mercosur era «menos que satisfactoria». Sin embargo, Patriota destacó el intenso diálogo político entre ambos gobiernos y manifestó que «no existe otro plan que no sea una asociación fuerte y cada vez más consolidada entre Brasil y la Argentina». Llegó en el momento oportuno esta aclaración del canciller ya que en el ámbito diplomático regional se tomó nota del anuncio formulado en la última reunión del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), realizada en Pretoria, en cuanto a la decisión de constituir un banco de desarrollo integrado por los cinco miembros del conglomerado. Mientras tanto el Banco del Sur demora su puesta en marcha sin que el gigante sudamericano se preocupe demasiado por completar los pasos necesarios para que esto suceda. No faltan analistas que sostienen que Brasil enfrenta un dilema estratégico en su política exterior. Sectores de la derecha política vinculados con el establishment económico paulista, abogan por dejar de lado a América del Sur e instalar a Brasil como gran jugador internacional lanzado desde el BRICS y con fuertes vínculos con los países más poderosos. Para esta corriente, la integración sudamericana tiene más costos que beneficios para su país. Por otro lado, desde el PT se aboga por afianzar el liderazgo regional en el marco de la consolidación de espacios comunes como el Mercosur, la Unasur y la Celac. No son cuestiones menores las que allí se dirimen, ya que el vínculo de Argentina con Brasil es esencial para nuestro país y al mismo tiempo constituye uno de los sostenes principales del proceso integrador de la región. Al más alto nivel político parece existir la predisposición para preservar los ejes estratégicos de trabajo en común, acechados por intereses sectoriales a uno y otro lado de la frontera.
—Jorge Vilas
