Los gobiernos nacional y bonaerense ponen en jaque emprendimientos autogestivos que gozan de legitimidad y reconocimiento ganado en base al trabajo colectivo. La Justicia, en sintonía con la gestión de Cambiemos.
9 de marzo de 2017
Por la fuerza. La policía impidió el ingreso de los trabajadores a la planta de ADO, en Merlo.
Acostumbradas a luchar, por estos días las empresas recuperadas viven sin embargo una situación particularmente difícil: no solo deben hacer frente a un duro panorama económico, sino también a la avanzada que la administración Cambiemos viene desplegando sobre este sector del cooperativismo. Las recientes órdenes de desalojo contra el Hotel Bauen y la metalúrgica Acoplados del Oeste (ADO) son el reflejo de este escenario político-judicial adverso, que amenaza la fuente de ingresos que autogestionan estos trabajadores.
Lo ocurrido con el Bauen y ADO –la ex Petinari– no solo es significativo por su peso específico, sino también porque refleja un mecanismo y una sintonía entre las decisiones del Poder Ejecutivo –tanto nacional como bonaerense– y los despachos judiciales. Para ambas cooperativas, luego de que el gobierno vetara las leyes de expropiación, llegaron los fallos para entregar las instalaciones a los antiguos propietarios. Es decir, a los mismos que supieron abandonar a sus empresas y empleados.
El 30 de noviembre de 2016, las 130 familias del Bauen consiguieron que el Congreso declarase de utilidad pública el hotel de Callao 360, que iba a quedar –en comodato– en manos de la cooperativa que lo gestiona hace 14 años. Pero duró poco: el 27 de diciembre, mientras Mauricio Macri vacacionaba en Villa La Angostura, se publicó el decreto que vetó la norma. Aunque esperable por los antecedentes del presidente, lo llamativo fueron los argumentos: el gobierno dijo que expropiar sería «exclusivamente en beneficio de una situación particularizada que solo afecta a un grupo de personas» e impediría «asignar los recursos económicos a otras necesidades básicas insatisfechas». Esta decisión gatilló otra en el ámbito judicial y el 1º de marzo pasado Paula Hualde, del Juzgado Comercial Nº 9, dispuso el desalojo.
En respuesta, los trabajadores, que ya venían impulsando una nueva ley, redoblarán esfuerzos. Además de necesitar el voto de dos tercios de los presentes, la pelea es contra el tiempo, porque la jueza fijó al 14 de abril como tope para devolver el hotel a la firma Mercoteles, que lo cerró en 2001. «La estrategia es a tres bandas: un trabajo con los diputados; otro eje es lo judicial y el tercero es acumular políticamente en la calle. Todo esto en 30 días», explicó a Acción Federico Tonarelli, vicepresidente del Bauen.
Desalojo y aguante
En el caso de la ex Petinari, se reprodujo en la provincia de Buenos Aires el modus operandi de la Nación, con la diferencia de que el desalojo es un hecho: el pasado 3 de marzo, un megaoperativo con cerca de 1.000 policías impidió el ingreso de los operarios a la planta ubicada en Merlo, en el kilómetro 32 de la ex ruta 200. En marzo de 2016 la Legislatura bonaerense había sancionado la expropiación, vetada al mes siguiente por María Eugenia Vidal. De inmediato, el Juzgado de Garantías Nº 2 de Morón ordenó sacar a los metalúrgicos, algo que venía siendo frenado por amparos. Para echar abajo la norma –que incluso fue votada por su bloque–, Vidal invocó razones similares a las de Macri: muy costoso para el erario público.
Dedicada a fabricar acoplados y con 120 integrantes, la cooperativa ADO funciona desde julio de 2015. El punto de quiebre había sido en febrero de ese año, con la salida de la patronal, que dejó 180 despedidos y no indemnizó. «Este desalojo es por una causa penal: la empresa dijo que nos estábamos robando las cosas. No viene por lo comercial, donde falta que dicten la quiebra, porque no hubo ningún arreglo», explicó Jorge Gutiérrez, presidente de ADO. Cuando no pudieron entrar, montaron un acampe, para evitar un eventual vaciamiento. «No digo que la estábamos pasando bien, pero la felicidad era que manteníamos la fuente de trabajo. Habíamos logrado que los clientes confiaran en nosotros, que éramos los “negritos”, y estábamos produciendo mejor que con la empresa anterior», sostuvo Gutiérrez, que destacó la fortaleza de sus compañeros. «Cuando apenas arrancamos, estuvimos nueve meses en la calle –aseguró–. Vamos a aguantar lo que sea necesario».
