Disputas internas de jueces y fiscales y las presiones que ejerce el Ejecutivo marcan el ritmo de los tribunales. Los límites del juego de equilibrio que intenta la Corte Suprema y el impacto de fallos contrarios a los intereses del oficialismo.
3 de abril de 2018
Estacionamiento medido. En las últimas semanas, el gobierno nacional y sus operadores redoblaron las acciones de influencia sobre la Justicia. (Jorge Aloy)
El fallo del tribunal federal N° 8 que dispuso la libertad de Carlos Zannini y Luis D’Elía, sometidos a prisión preventiva por su presunta vinculación con la causa que investiga el Memorandum de Entendimiento con Irán, hizo más evidente el cúmulo de irregularidades sumadas a partir de la aplicación de la denominada «doctrina Irurzun» que promueve arbitrarios encarcelamientos fundados en la posibilidad de que los inculpados puedan obstruir las investigaciones, aunque no ocupen posición alguna en el actual esquema de poder.
Pero, además, este caso es un eslabón más de la cadena de contrariedades que el gobierno de Mauricio Macri debió soportar en las últimas semanas y que permiten prever la caída de causas armadas o insustentables desde un punto de vista estrictamente jurídico, aunque sustanciales para sostener el discurso oficial. Pocos días antes, la Sala 1 de la Cámara Federal, con el voto de los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo Farah, había determinado la liberación de Cristobal López y Fabián de Sousa –titulares del grupo Indalo y acusados de haber retenido 8.000 millones de pesos de impuestos al combustible que debería haber abonado una de sus controladas– y cambiar la carátula «administración fraudulenta agravada» por «apropiación indebida de impuestos». Ballestero se permitió, incluso, deslizar una ironía sobre el «doble rasero» que se pretende aplicar al señalar que hay decenas de empresarios que se encuentran en similares condiciones y algunos tienen más suerte que otros, en obvia referencia a funcionarios del Ejecutivo.
Las fuertes críticas de Macri ante lo que consideró una afrenta, motivaron que los operadores oficiales redoblaran su presión sobre los jueces, circunstancia que tomó estado público cuando el periodista de Clarín Ricardo Roa indicó que el mismísimo titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, había visitado a Ballestero en su despacho.
Haciéndose eco del reclamo presidencial, la Corte Suprema, con la firma de sus cinco miembros, ordenó investigar a los integrantes del tribunal. El dilema que deben afrontar hoy los jueces de la Corte es arduo. Por un lado, les resulta indispensable mantener una relación cordial con el Ejecutivo, tarea que suelen realizar con eficiencia; por el otro, tienen la necesidad de ponerles un límite a sus intromisiones y sostener la escasa credibilidad que aún poseen ante la sociedad, razón por la cual están prácticamente obligados a rechazar las medidas más groseramente ilegales o inconstitucionales que emanan del despacho presidencial. Cierto es que también deben ocuparse de explicar sus desprolijidades. Es el caso de la denuncia formulada contra tres de sus integrantes –Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco– por haber fraguado u omitido el sorteo que permitió al juez Martín Irurzun hacerse cargo del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones, el mismo que, por orden del juez Ariel Lijo, filtró los audios de diálogos telefónicos personales entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, que debieron haber sido destruidos y, en cambio, fueron difundidos por el periodista Luis Majul.
Otra señal de que el Ejecutivo no está dispuesto a soportar jueces o fiscales molestos fue la solicitud del procurador adjunto, Eduardo Casal, para que se congelara el pliego de María Martini como fiscal ante el juzgado de primera instancia de Santa Rosa, que el Senado debía aprobar. No es Martini la destinataria del cuestionamiento, sino el fiscal de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, que tramita la causa por los Panamá Papers y en 2014 cometió el desatino de citar a los propietarios de los diarios Clarín y La Nación por el caso Papel Prensa, al que se liberaría de sus engorrosas tareas trasladándolo a esa ciudad pampeana.
Doble derrota
Todo tiende a demostrar que la proclamada «independencia de los poderes» es una entelequia que ya no puede sostener siquiera la prensa oficialista. En una nota referida al ofrecimiento que Macri le hizo a la jueza Inés Weinberg de Roca para ser propuesta al Senado como procuradora general de la Nación, el periodista del diario Perfil Juan Luis González se pregunta: «¿Es Weinberg, la mujer que sudó durante años al lado de Macri en una bibicleta fija, la garantía de “independencia” que el gobierno, hasta hace no mucho, reclamaba?».
No se puede desconocer, empero, que el gobierno de Macri ha mostrado poseer buena muñeca para moverse en el ámbito tribunalicio, donde procura tener todo bien atado. Por ello llama la atención que haya recibido en las últimas semanas dos duros golpes.
El primero se lo ha propinado la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró inconstitucional el DNU antiinmigratorio. El decreto permitía expulsar a los extranjeros con condena firme y detenerlos no solo cuando hubiese una orden de expulsión contra ellos, sino en cualquier instancia del proceso. Los fundamentos de la resolución establecen que el DNU constituye una apropiación de facultades legislativas, incorpora medidas incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos, vulnera la garantía del debido proceso y el derecho de defensa.
El segundo, más contundente, impugnó la concepción que Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vienen defendiendo a rajatabla: la que justifica el gatillo fácil –que ya se ha cobrado 800 víctimas en poco más de dos años– para «poder caminar tranquilos por las calles» y decreta la infalibilidad de las fuerzas de seguridad, cuyos miembros –según esa teoría– deben ser protegidos por el Estado ante cualquier acusación. La Cámara Nacional de Casación, que solo interviene en casos de arbitrariedad manifiesta, perjuicio irreparable o sentencia firme, rechazó el recurso presentado por los abogados del policía Luis Chocobar –quien asesinó por la espalda a un delincuente y fue triunfalmente recibido por el propio presidente–, ratificó su procesamiento por «homicidio agravado por el uso de arma de fuego en exceso de cumplimiento de un deber» y lo embargó por la suma de 400.000 pesos.
