18 de mayo de 2025
Medidas contra inmigrantes, represión, guiños a la clase media y ataques a la oposición aparecen como líneas centrales de la prédica oficialista en la carrera electoral hacia octubre.
Río Grande. Protesta en la localidad fueguina por la baja de aranceles a los celulares.
Foto: Facundo Viñabal
Más allá del resultado de los comicios porteños de este fin de semana, lo que queda en claro en la compulsa electoral de 2025 es el tono que tendrán las campañas que realmente importan al Gobierno nacional: después de las de la ciudad capital, las de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, y las nacionales, el 26 de octubre. Las últimas movidas del oficialismo y sus sectores afines indican que el eje pasará por dosis similares de antikirchnerismo y medidas de seducción al electorado. Así se pueden entender algunas señales de la semana que pasó, como la reducción de los impuestos a los teléfonos celulares, el endurecimiento de la política migratoria nacional, la represión cada vez más cruel contra los jubilados que se manifiestan en el Congreso y el avance hacia una condena definitiva contra Cristina Fernández de Kirchner, que la dejaría fuera de carrera para cualquier cargo político. Sin dejar de lado campañas falsas difundidas por los ejércitos de trols oficialistas financiados con dinero público.
El anuncio de una sustancial aunque progresiva reducción de aranceles para móviles tanto importados como nacionales impacta en un lugar muy sensible para el ciudadano argentino: el costo de dispositivos indispensables, en su mayoría elaborados en Tierra del Fuego, en el marco de un sistema de promoción industrial que data de 1972. Cabe recordar que la idea de fondo para aquel plan de industrialización se produjo en un momento en que Argentina todavía era una de las naciones más desarrolladas del continente y tenía no solo un sentido de soberanía económica, sino también de geopolítica. El territorio fueguino es un punto clave para el control del Atlántico sur y de la Antártida, muy apetecido –junto con las islas Malvinas– por las grandes potencias.
Por fuera de las discusiones económicas, lo cierto es que, según el censo de 1970, Tierra del Fuego tenía 15.650 habitantes y en 2022 trepó a 190.614, se multiplicó por 12. Argentina tenía hace 55 años 23.364.431 pobladores contra 46.234.830 en la última medición, es decir, apenitas menos del doble. Esa consideración no aparece en el plan del Gobierno para desarticular la industria electrónica en esa región. Así lo explica claramente el ministro del desguace, Federico Sturzenegger, en su propuesta de convertir a la isla en un «parque de diversiones», como esbozó en su cuenta de X.
«Tierra del Fuego podría ser Nueva Zelandia. En realidad, mucho más que Nueva Zelandia, porque es la puerta al destino turístico con mayor potencial del mundo que es la Antártida», detalló Sturzenegger. «Tiene de todo: mística, navegación, trekking, cruce de los andes, glaciares, gastronomía, esquí en contratemporada, incluso tiene energía a morir». Hasta se dio al lujo de ponerse «ecologista» y pontificar que «le degradamos el paisaje con galpones industriales. Es como si a los norteamericanos se les hubiera ocurrido hacer un parque industrial en Yosemite o Yellowstone».
El gobernador fueguino, que por otro lado tiene que lidiar con una presidencia como la de Javier Milei, que pretende facilitar una base militar de Estados Unidos –quizás armamento militar y cuarteles no degraden el paisaje– salió en defensa de los más de 7.000 puestos de trabajo en riesgo por esa iniciativa de la Casa Rosada. «Esta medida responde al acuerdo con el FMI, en el que se exigía eliminar los supuestos beneficios otorgados a nuestra provincia», escribió Gustavo Melella.
No había bajado la espuma por el anuncio sobre los electrónicos cuando el Gobierno avisó que iba a modificar los requisitos para obtener la residencia permanente en el país y la ciudadanía argentina y que pensaba arancelar los servicios de salud y educación para los extranjeros. «Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo aquellos que vienen a construir un país más libre y más prospero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio», sostuvo el vocero-candidato Manuel Adorni junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Según justificó el funcionario, «hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles». Y para alinear al Ejecutivo nacional con las extremas derechas mundiales, dijo, sin datos certeros y comprobables, que «en los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del Partido de La Matanza o la provincia de Tucumán». Por algún canal de tevé, acorde con el neofascismo internacional, se acusó a extranjeros ilegales de delitos sexuales y robos de menor cuantía, un tema que preocupa a sectores de la población a los que iba dirigido el mensaje.
En esa misma línea argumental y con la mira en el mismo público se inscribe la propuesta de disminuir la edad de punibilidad. Se podría decir que la brutal represión a una nueva marcha de los jubilados del miércoles 14 de mayo en reclamo de los ingresos que le rebanó esta gestión presidencial también apunta en esa dirección. Consolidar un hipotético elector volcado a una deshumanización sin precedentes en la democracia vernácula.
Ese pequeño mundo de supuestos votantes ideológicamente conservadores a los que tienden estas disposiciones, por lo que se vio en la campaña porteña y se potenciará en la bonaerense, serían naturalmente antikirchneristas. Baste registrar lo que ocurre en cada votación en el Parlamento con cualquier legislador que apoye propuestas que vayan en contra de los deseos presidenciales. Será caratulado inmediatamente no solo por el Gobierno, sino por sus medios ad hoc de kirchnerista, al punto de que la palabra de por si ya oficia de insulto. De otro modo no se entiende un mensaje del mismo Adorni al avisar que la propuesta de incentivos para que los argentinos «saquen los dólares del colchón» como estrategia de reactivación de la economía quedó para más adelante.
«No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado», escribe, en tono adusto, para soslayar que el blanqueo impúdico del que se habla tiene gruesos problemas para implementarse porque viola no solo legislaciones locales sino salvaguardas internacionales hasta del FMI, que a esta altura es el «sponsor de última instancia» de La Libertad Avanza.
Claro, la frutilla del postre en este derrotero, caída la ley de Ficha Limpia y en el medio de la secuela de acusaciones cruzadas por ese fallo entre LLA y el PRO, sería una condena firme a la expresidenta que cumpliría con el mismo objetivo: dejarla fuera de carrera para octubre. Y ese espaldarazo lo dio estos días el Procurador interino de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, al pedir a la Corte una condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández en la llamada Causa Vialidad. Este pronunciamiento facilitaría la tarea a una Corte Suprema de tres personas que no se toleran entre sí, pero que podrían coincidir sin mucho esfuerzo en la interpretación judicial acorde a las necesidades del Gobierno de los actos de la dos veces presidenta y una vicepresidenta
