Presiones sobre juzgados federales, cuestionadas detenciones de exfuncionarios, la forzada renuncia de la procuradora Gils Carbó y la suspensión de Luis Arias configuran un oscuro panorama para el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.
8 de noviembre de 2017
Las críticas del ministro de Justicia, Germán Garavano, durante la apertura de un congreso organizado por una agrupación de jueces federales con el auspicio de la Organización de Estados Americanos, parecieron sorprender al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, no es la primera vez que el funcionario afirma que la Justicia atrasa 200 años, aunque esta vez apuntó más precisamente a las que, en su opinión, son las causas de la lentitud e ineficiencia del aparato judicial: la subsistencia de un modelo colonial incapaz de atender «la cantidad y calidad de los delitos que hoy enfrentamos» con el actual régimen de licencias y vacaciones. Lorenzetti se defendió como pudo y replicó que desde hace 10 años se vienen reclamando cambios y se quejó de que el 30% de los cargos está vacante. El cuestionado magistrado Claudio Bonadio, desde otro escenario, se hizo cargo de la defensa corporativa y formuló una velada advertencia: «Si este es el punto de partida para discutir, empezamos mal».
Fuentes tribunalicias estiman que la polémica se circunscribirá a chisporroteos como los señalados, pero existe un fundado temor de que las presiones gubernamentales persistan hasta extinguir los últimos bolsones de resistencia a la avanzada del Ejecutivo tras la forzada renuncia de la procuradora, Alejandra Gils Carbó, que encendió todas las luces de alarma entre quienes seguían creyendo en la posibilidad de preservar, así fuese en un grado mínimo, la independencia del Poder Judicial.
Por lo pronto, no se considera casual que la detención del exvicepresidente Amado Boudou se haya producido pocos días después de que un grupo de entidades directamente ligadas con el gobierno de Cambiemos haya denunciado ante el Consejo de la Magistratura al juez Ariel Lijo por demoras en el trámite de veintiocho causas de corrupción y a su colega Daniel Rafecas por su actuación en otras seis.
Llama la atención de los observadores imparciales la celeridad que se observa en el juzgamiento de funcionarios vinculados con el anterior gobierno, lo que contrasta con la lentitud –o la parálisis– de las causas que implican a los actuales (Arribas, Panamá Papers, entre otras). En el caso de Boudou resulta evidente que durante ocho años se allanó a los procedimientos judiciales, no está condenado, es decir que goza de la presunción de inocencia y nada indica que pueda darse a la fuga u obstaculizar las investigaciones debido a que no lo hizo cuando ejercía un poder que hoy no tiene. Se ha señalado, asimismo, que las condiciones en las que se verificó el procedimiento –se lo trasladó descalzo, esposado y con un chaleco antibalas– fueron innecesariamente humillantes, y utilizadas para montar un show mediático. Circunstancias similares habían rodeado la precedente detención del exministro Julio de Vido –a quien tampoco se lo había indagado previamente– quien tomó la precaución de presentarse espontáneamente, con lo cual le bajó el precio al espectáculo organizado. Quienes cuestionan estas actitudes no abren juicio sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, solo impugnan que las actuaciones desconozcan la igualdad ante la ley y que se apele a la prisión preventiva, un recurso que debería ser excepcional y no un arma para amedrentar.
Otro hecho considerado grave por juristas de distintas adscripciones ideológicas es la suspensión preventiva del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias, adoptada unánimemente por el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, con lo que se abre el camino para destituirlo por supuesto mal desempeño. Los 21 cargos formulados están vinculados mayoritariamente con sus fallos destinados a proteger los derechos humanos, a los que se les adjudicó motivaciones políticas. El agravio consistía en que el magistrado, entre otros temas que molestaron al poder, se había pronunciado contra el tarifazo de la energía eléctrica, a favor de la vigencia de la paritaria docente y contra el Decreto de Necesidad y Urgencia de Mauricio Macri que determinó la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Merece puntualizarse que Arias nunca estuvo políticamente ligado al kirchnerismo, por el contrario, se enfrentó duramente con el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por el recuento de los muertos que había provocado una inundación en la ciudad de La Plata y sus cálculos, que constató personalmente en la morgue, eran notablemente superiores a los informados por el Ejecutivo provincial, sin que el encontronazo motivara represalia alguna. Por otra parte, su juzgado ha sido reiteradamente considerado como uno de los más prestigiosos y eficientes, y numerosas personalidades de todas las tendencias políticas firmaron una solicitada reclamando su continuidad en el cargo. Arias decidió renunciar al silencio y se defendió en los pocos medios que requirieron su opinión: «No bajaremos los brazos, que no se confundan, que este no es el final, sino el comienzo», dijo una vez conocido el pronunciamiento en su contra.
Extraños sucesos
Que la intención gubernamental es avanzar a paso redoblado para terminar de disciplinar a la Justicia, parecería corrobarlo una sorpresiva iniciativa parlamentaria suscripta por senadores de Cambiemos y el peronismo conciliador que cuenta con la firma del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el radical Ángel Rozas, el titular del bloque del FPV-PJ, Miguel Angel Pichetto y el peronista salteño Rodolfo Urtubey. El proyecto propone introducir modificaciones en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación, entre ellas limitar a cinco años el mandato del o la funcionaria que lo desempeñe, con la posibilidad de que su mandato se extienda por dos años más. Para satisfacer integralmente las demandas del oficialismo se establece también que el o la Procuradora se designarán por mayoría simple y no por los dos tercios de los integrantes del Senado, como sucede actualmente.
Otros hechos de menor importancia contribuyen a develar la existencia de presiones insoportables sobre los encargados de administrar justicia. A raíz de un robo perpetrado en su automóvil estacionado en el barrio de Palermo, por ejemplo, la jueza Romilda Servini de Cubría señaló que el suceso le resultaba extraño y aludió a una «zona liberada». Pero lo trascendente apareció cuando los periodistas la interrogaron sobre las razones que la llevaron a apartarse de la causa de la efedrina. «Me estaban volviendo loca», aseguró en relación a la manipulación política del caso.
Quienes se muestran preocupados por estas cuestiones, que –consideran– conllevan al derrumbe del estado de derecho, reclaman que la Corte aplique la misma celeridad que exhibió en el fallo del 2×1 para los genocidas o en los que se convalida la afectación de derechos laborales, a resolver el caso de Milagro Sala, que continúa detenida en penosas condiciones a pesar de la exigencia de los organismos internacionales de que cumpla prisión domiciliaria.
Al respecto, un grupo de personalidades pertenecientes a distintos ámbitos, entre las que se cuentan Raúl Zaffaroni, Estela de Carlotto, Horacio González y Susana Rinaldi, han convocado a «defender el techo democrático común» por considerar que «la República cruje, la democracia y el pluralismo ideológico están en peligro, los límites al poder se borran».
