13 de noviembre de 2024
La confirmación de la sentencia de 2022 contra Cristina Fernández ya había sido anunciada por los medios hegemónicos hace semanas. Autoritarismo judicial y proscripción. El destino del peronismo.
Instituto Patria. Tras el fallo, la exmandataria saludó a sus seguidores desde el balcón del centro de formación.
Foto: Enrique García Medina
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmaron la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Número 2. El supuesto delito es «defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
La condena es a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si el fallo queda firme, Cristina Fernández de Kirchner no podrá volver a presentarse a elecciones. Quedará proscripta por siempre.
La decisión de Casación no fue una sorpresa. Hace varias semanas que los medios de comunicación del establishment local habían adelantado la decisión del tribunal. El fallo deja como última instancia la apelación a la Corte Suprema. Un tema técnico: la confirmación de Casación implica que ya no podrán ser revisados los hechos juzgados y las pruebas aportadas. La Corte solo podrá confirmar o anular todo lo actuado.
La Causa Vialidad es una lección de cómo funciona el autoritarismo judicial o, para utilizar el término anglosajón que se ha puesto de moda, el lawfare. Los recursos para las obras de vialidad realizadas por las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz durante los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fueron aprobados por el Congreso Nacional. Las obras fueron licitadas respetando los procesos y todo fue luego revisado por la Auditoría General de la Nación, que aprobó la ejecución. Ya en el juicio, los peritos sostuvieron que no hubo sobreprecios. Hubo empresarios del sector, como el primo y socio de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, que declararon y sostuvieron que los cambios de costos a medida que una obra avanza son habituales, al igual de que sea una misma empresa la que gane en una zona del país porque tiene su logística instalada ahí, lo que le da ventajas sobre las otras. ¿Y entonces? Además de esto, la cantidad de funcionarios por los que pasaron los expedientes es tan numeroso que hace casi imposible apuntar a quien conduce el Gobierno nacional. Por eso, al igual que en Brasil cuando se condenó al actual presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva, uno de los argumentos que se esgrimieron en el juicio contra la exmandataria fue que «no podía no saber».
Transformar actos de gobierno en delitos es la técnica central del lawfare. Se vuelve necesario romper todas las reglas del estado de derecho. Hay que transformar en delito decisiones políticas. Alguien podría cuestionar que se hayan hecho tantas obras en Santa Cruz. Lo mismo hicieron Carlos Menem en La Rioja y Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires mientras gobernaron. Los presidentes suelen darles más recursos a sus terruños, pero son cuestionamientos políticos, no delitos penales.
A las irregularidades del juicio hay que agregar las relaciones de los jueces que deberían haberse apartado. Está comprobado que Borinsky, de Casación, jugó al tenis con Macri en la Quinta de Olivos en más de 15 ocasiones cuando el jefe del PRO era mandatario. El presidente del tribunal oral que había condenado a la expresidenta a fines de 2022, Rodrigo Giménez Uriburu, jugaba al fútbol con el fiscal Diego Luciani, el que llevó adelante la acusación. Estaban juntos en un equipo llamado Liverpool −quizás les gustaban Los Beatles− y jugaban en el torneo que Macri organizaba en su quinta Los Abrojos, en Los Polvorines. Todos unidos proscribiremos, diría la marchita.
Cuando hay estado de derecho, por mucho menos, los jueces son apartados. Es por un principio básico: garantizar la imparcialidad.
Efectos políticos
El primer efecto político de la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner es que la vuelve a poner en el centro de la escena, desplaza incluso al propio presidente Javier Milei. La Historia da algunas lecciones. Juan Perón estuvo proscripto y exiliado durante 18 años. Fue desde el golpe de Estado de 1955 hasta su regreso al país en 1973. Durante ese período, la figura del General fue el sol alrededor del cual giraron todos los planetas que constituían el sistema de la política argentina. La persecución tuvo un efecto inverso al buscado. El peronismo no fue desterrado de las preferencias de la sociedad argentina. Al contrario, Perón se transformó en una figura mitológica, un mesías que salvaría al pueblo cuando pudiese volver a su tierra.
Previa. Mientras el Tribunal leía la sentencia, CFK estaba en una actividad junto a 400 mujeres en la localidad bonaerense de Moreno.
Foto: @CFKArgentina
Nada se repite de la misma forma. El siglo XXI no es comparable con la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la experiencia del propio Lula en Brasil muestra que las cosas cambian, aunque no tanto. Lula fue condenado, preso, luego absuelto y volvió a la presidencia. En este caso fue el propio Poder Judicial el que corrigió la cadena de arbitrariedades que había impulsado el juez Sergio Moro para apresar al líder del PT. En Argentina no parece posible que ese poder del Estado se corrija a sí mismo. Los miembros de la actual Corte Suprema han dado varias muestras de su animadversión contra el kirchnerismo. Alcanza con ver su actuación durante el Gobierno de Alberto Fernández y en la actualidad.
El punto es lo que puede ocurrir con el respaldo social a Cristina Fernández. Cuando Macri era presidente, Jaime Durán Barba le aconsejaba que no impulsara la prisión de la exmandataria. «Va a subir 10 puntos más en popularidad si hacemos eso», le decía el entonces asesor. ¿Cambió tanto el escenario? El Poder Judicial es la institución con peor imagen de todas en la sociedad argentina. Está por debajo del Congreso, los partidos políticos y los sindicatos. No ha sido gratis el haberse transformado en un brazo de un sector de la política y de los poderes fácticos. A esta ecuación hay que agregarle un contexto de ajuste brutal y un presidente, Milei, que festejó en sus redes sociales que proscribieran a su principal adversaria. Desde el punto de vista del análisis político, Cristina Fernández es perseguida por la institución más desprestigiada del país y por el Gobierno que está impulsando uno de los ajustes más fuertes que ha vivido el pueblo argentino. La derecha está segura de que la condena colabora con la demolición de la popularidad de Cristina. ¿Será así?
Dentro del peronismo la interna se enfría. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el de Buenos Aires, Axel Kicillof, que venían teniendo tensiones con la expresidenta y La Cámpora por la disputa por la conducción del PJ, fueron los primeros en pronunciarse en contra del fallo judicial. No hay espacio para que alguna figura del peronismo plantee una sucesión en la conducción. La reacción natural será cerrar filas detrás de la expresidenta, que es ahora como el Perón exiliado después del golpe. La Historia no se repite de la misma manera, pero hay parecidos inocultables.
