8 de enero de 2026
¿Cómo se gestó el proyecto de reforma de la SIDE que habilita el espionaje interno, arrestos sin control judicial y militarización de la seguridad? Del nuevo orden mundial al estado de excepción.
«La Casa». Dirigida ahora por Cristian Auguadra, en esta nueva etapa la SIDE –gracias a un DNU– contará con el escudo de la clandestinidad operativa.
Foto: Jorge Aloy
Tal vez el otrora jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, sintiera un ramalazo de alivio por estar ya alejado de ese organismo, tras enterarse del DNU rubricado por el presidente, que altera de raíz el sistema de inteligencia nacional.
Es que él –un publicista de profesión– no habría estado en forma para los trotes venideros; además, no le agradaba su clima interno.
Es posible que, entonces, recordara una inesperada visita a su domicilio, en la zona residencial de Martínez, durante la noche del 7 de noviembre pasado.
Se trataba del subsecretario administrativo de dicha central de espionaje, José Lago Rodríguez. Ese hombre había sido enviado allí por Santiago Caputo –quien maneja los hilos desde las sombras– para pedirle la renuncia.
Todo indica que el diálogo entre ellos no fue en buenos términos.
De eso dan cuenta algunos vecinos que vieron a Neiffert junto a la puerta del inmueble, cuando se despedía de su colaborador con cierta exaltación. –¡Tomatelás, hijo de puta!– vociferaba.
Un detalle de color: el tipo estaba en calzoncillos.
A continuación, hubo para él tres semanas y media de tensa quietud; hasta el 3 de diciembre, cuando, de pronto, fue eyectado de sus funciones.
Un tal Cristian Auguadra se calzó entonces el traje de «Señor Cinco».
Este contador público de 55 años había sido, hasta aquel día, el inspector general de Asuntos Internos del lugar que ahora le tocaba dirigir. Y, al parecer, contaba con el apoyo del personal jerárquico. Especialmente, del «Señor Ocho», Diego Kravetz, quien no había sido removido del cargo.
Pues bien, ambos serán los timoneles de esta nueva etapa, signada, entre otros atributos, por el escudo de la clandestinidad operativa, la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y la potestad de efectuar arrestos sin dar explicaciones de ninguna clase.
La pregunta es: ¿sobre qué fuego se habrían cocinado tales cambios?
La noche de los espías
Lo cierto es que este tema fue oficializado entre gallos y medianoche –o mejor dicho, entre gallos y Nochebuena–, aprovechando, claro, la coincidencia temporal entre el fin de las sesiones extraordinarias del Congreso y los brindis de Año Nuevo. De hecho, en ese mismo momento se anunció otra medida polémica: la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Apenas unas horas antes, en la Casa Rosada, el Gabinete en pleno le había puesto el gancho a los DNU 941 y 942, que establecen ambas resoluciones.
Cabe destacar que, inmediatamente después de firmarse el que se refiere a la nueva normativa de la SIDE, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, estrechó la mano de Javier Milei, no sin decirle: –Hemos dado un gran paso, señor Presidente.
Su tono poseía la solemnidad de quien le habla a la Historia.
Pero ese «gran paso» tuvo por motivo dos cuestiones algo vidriosas.
La primera pertenece al plano de lo coyuntural. Y gira en torno al hecho de que, para el régimen libertario, la SIDE es un cuchillo de doble filo. Tal como –por ejemplo– lo demuestra la sospecha de que la filtración del ya famoso audio de Diego Spagnuolo –que dejó a la intemperie un sistema de coimas tipo Ponzi que llegaba hasta la mismísima Karina Milei– podría haber sido obra de algún sector de la «La Casa», como sus agentes le dicen a ese sótano del Estado. Y de no ser así, resultaría también reprochable su incompetencia en prevenir y evitar esa situación, junto con otras, como el escándalo en torno a la figura de José Luis Espert, quien en un abrir y cerrar de ojos dejó de ser la estrella electoral de La Libertad Avanza (LLA), para convertirse en una mancha venenosa.
La segunda pertenece al plano estratégico. Y gira en torno a esa serie de medidas, entre las que resalta la construcción de un «enemigo interno», con todo lo que eso significa.
–Hemos dado un gran paso –repitió Presti, ahora con una sonrisa.
A metros, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también sonreía. Y no sin una gran razón: el DNU dispone crear la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), que dependerá de él. Su función será detectar la «fuga de información clasificada». Un eufemismo para poner en foco a periodistas y comunicadores.
Otros dos cuerpos descentralizados ‒la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC)‒ funcionarán bajo el control del joven Caputo y la hermana Karina, mientras lo que hasta ahora fue la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem) pasará sin escalas a las manos del ministro Presti. Algo muy oportuno, porque –como ya se dijo– las Fuerzas Armadas tendrán, tras 42 años, un rol cardinal en el espionaje sobre sus propios compatriotas.
A estos los podrá detener e interrogar sin orden judicial, un poder del que también gozarán sus camaradas sin rango castrense.
Todos ellos –según la letra de la reforma– actuarán, sin excepciones, de modo «encubierto»‒. Sí, «encubierto» y no solo «secreto», dado que el sentido de este último vocablo no incluye el acto de la infiltración en colectivos de interés. ¿Acaso eso será ahora una moneda corriente?
En este punto, otra pregunta: ¿de quiénes serían las plumas que acuñaron con tamaña minuciosidad este decálogo de reglas?
En rigor, la SIDE mantiene dicho dato bajo absoluta reserva.
Sin embargo, ya se filtró que habría sido redactado por «un inexperto sin conocimiento alguno sobre inteligencia y un militar retirado, apartado del área de inteligencia por su inutilidad». El entrecomillado forma parte del posteo que el antiguo cuadro de la SIDE, Fernando Pocino, subió el 2 de enero en su cuenta de X (antes Twitter). Y con otro posteo, fechado ese mismo viernes, desliza que el «inexperto» sería nada menos que Lago Rodríguez.
¿El bueno de Neiffert lo habría leído?
La «excepción» que confirma la regla
A partir de ahora el Gobierno dispondrá de una Geheime Staatspolizei (Policía Secreta del Estado); o sea, su propia Gestapo; pero sin uniformes negros.
Esta alusión a la mazorca del nazismo resultó un lugar común durante las dos primeras jornadas de 2026, hasta que el impacto del DNU fue, en el aspecto mediático, opacado por el ataque de los Estados Unidos a Venezuela; pero parcialmente, porque hubo quienes relacionaron esta reforma de la SIDE con lo que se podría denominar «nuevo orden mundial».
Tanto es así que el Poder Ejecutivo destacó que la flamante normativa de la inteligencia vernácula encaja con «los desafíos globales contemporáneos» y con el rol del país «en el escenario internacional», a través de un sistema de fisgoneo «moderno, profesional y eficiente».
Tal fue su respuesta al aluvión de críticas y repudios que mereció el DNU. Lo notable es que tales expresiones provienen de sectores políticos antagónicos, aunque esta vez unidos por el sentido común.
¿Acaso la Argentina acaba de iniciar una etapa posdemocrática?
Por lo pronto, desde el primer minuto del año en curso rige un Estado de Excepción no debidamente declarado como tal.
No obstante, sus ejes están presentes en el DNU, a saber: suspensión de garantías constitucionales, restricciones a la libertad de movimiento o reunión, controles sobre la prensa, requisas y arrestos arbitrarios.
¿Se logrará conformar en el Congreso la Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo para rechazar este asunto?
Esta es la pregunta del millón.
