Política

Un paso atrás

El Ejecutivo Nacional derogó un decreto de 1984 del expresidente Raúl Alfonsín, que dejaba en manos de civiles decisiones vinculadas a la órbita castrense. Repudio y preocupación de la oposición y de organismos de derechos humanos.

Recorrida. El ministro de Defensa en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar. (DYN/M Defensa)

 

Mauricio Macri, junto con el ministro de Defensa, Julio Martínez, encabezó la celebración del 206º aniversario de la creación del Ejército en el Colegio Militar de la localidad bonaerense de El Palomar. En ese marco, el presidente llamó «a dejar atrás enfrentamientos y divisiones» y pidió que «las Fuerzas Armadas se adapten a las demandas del siglo XXI». «El pueblo argentino necesita  que sus Fuerzas Armadas estén ahí, listas para reaccionar rápido y asistir, como también necesitamos trabajar juntos contra las amenazas del terrorismo», precisó Macri. Solo un día después de la celebración, el titular del Ejecutivo firmó el decreto 721 que otorga autonomía a las FF.AA. sobre la conducción y administración de su personal y sus recursos, reponiendo la situación existente al 31 de enero de 1984, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín sancionó el decreto 436, mediante el cual la gestión radical intentaba asumir la conducción de las fuerzas luego del genocidio llevado adelante por el denominado Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1983.
La urgencia de la sanción de aquel decreto (como así también del 101 de 1985 y sus modificatorios) a poco más de un mes de su asunción,  y hasta tanto se sancionara el régimen legal definitivo (la nueva ley de Defensa), hablaban por sí mismos de los esfuerzos por parte del reciente gobierno constitucional para limitar la autonomía de los mandos castrenses y aquietar las aguas revueltas tras la derogación de la autoamnistía impulsada por el último presidente de la dictadura cívico-militar. A través de estos decretos, Alfonsín les quitó atribuciones políticas a las FF.AA. para decidir ascensos, traslados, designaciones, premios, incorporación de agentes retirados como docentes en los espacios de formación y otros aspectos que constituían el poder de control del manejo de las fuerzas. Debieron pasar cuatro años para que la nueva normativa relativa a la Defensa Nacional fuese aprobada por ambas Cámaras legislativas, y luego fue complementada por la ley de Seguridad Interior (1992) y la de Inteligencia Nacional (2001), que impiden taxativamente la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior.

 

Voces
En su visita mensual al Congreso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, trató de bajarle el tono al decreto: «Se devuelven potestades administrativas a las Fuerzas Armadas, pero no se elimina el control civil», afirmó Peña. El diputado de la UCR Ricardo Alfonsín defendió la decisión del presidente. «Ya han pasado más de 30 años y estamos frente a otras Fuerzas Armadas», dijo. Mientras que sus pares del FpV declararon su repudio y manifestaron preocupación ante el decreto. Por su parte, los organismos de derechos humanos repudiaron (en un comunicado firmado por las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e HIJOS Capital) el decreto 721, señalando que «esta disposición se da en el marco de un retroceso en las políticas de derechos humanos que se fueron construyendo durante los últimos años. Decisiones como la disolución de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación; el despido de trabajadores en áreas clave para la promoción y protección de los derechos humanos, como el programa Verdad y Justicia; reuniones de funcionarios con activistas defensores de genocidas y condenados por delitos de lesa humanidad son contradictorias con el sostenimiento de políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia. Advertimos también que estos cambios se dan con el objetivo de reconfigurar el poder de las Fuerzas Armadas y llevarlas, en el corto plazo, nuevamente a tareas de seguridad interior, prohibidas por la ley y la Constitución».