2 de febrero de 2024
La intervención del organismo de control de los servicios de comunicación apunta a favorecer a las grandes empresas del sector y desfinanciar a los medios comunitarios.
Seis meses. Durante ese período el ENACOM estará en manos de tres funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.
Foto: Télam
El Gobierno nacional decidió intervenir por 180 días el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo estatal encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en Argentina. La noticia se conoció el 29 de enero mediante la publicación hecha en el Boletín Oficial y en medio del revuelo político generado por el debate en torno a la llamada «ley ómnibus» y el DNU/70, ambas iniciativas con la desregulación total de la economía y la vida social como objetivo principal. La intervención al ENACOM se ubica en la misma línea porque, como señalaron varias fuentes consultadas, «las tareas encomendadas a los interventores designados podrían ser realizadas perfectamente por los directores que le corresponde nombrar al Ejecutivo, algo que no se hizo».
Concentración de funciones
La resolución adoptada se apoya en el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 que modificó la Ley 27.078 y estableció que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre sus licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC «son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia». En función de ello el ENACOM «actuará como Autoridad de Aplicación de las leyes 26.522 y 27.078 y sus normas modificatorias y reglamentarias, con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado». Tomando en cuenta, afirma ahora el Gobierno, que «a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el ENACOM, que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes», se dispuso el «relevamiento y evaluación» de la estructura organizativa del organismo, labor que estará a cargo de los interventores Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra. Este último, abogado de profesión, fue director del ENACOM durante la presidencia de Mauricio Macri. A los designados se les otorga la totalidad de las funciones previstas por ley para el directorio del ENACOM.
Vinelli. «Se pretende tomar decisiones sin el control que pueden ejercer los representantes de los partidos opositores».
Foto: Télam
Un grupo de diputados de Unión por la Patria, mediante una declaración que lleva la firma, entre otros, de Germán Martínez, Mónica Litza, Itaí Hagman y Pablo Carro, pidió respeto y cumplimiento de la legislación vigente en relación con el ENACOM como «organismo colegiado de aplicación de las leyes 26.522 y 27.078».
Desde su creación, el directorio del ENACOM se integra con siete miembros, cuatro designados por el presidente y tres, por el Congreso, que deben ser de diferentes fuerzas políticas, motivo por el cual el oficialismo cuenta con mayoría para tomar las decisiones que considere necesarias. Según Carro, «la intervención no se comprende, hay intenciones ocultas y Milei quiere eliminar la representación opositora en el ENACOM para así poder avanzar en favorecer a las grandes empresas del sector».
Para Luis Lazzaro, docente e investigador de la comunicación y exasesor del ENACOM, «la intervención borra toda autonomía o pluralismo en la gestión del organismo y avasalla también de un plumazo las competencias del Poder Legislativo, desconociendo además las atribuciones de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización».
Sin control
La «redefinición» que ahora se propone mediante la intervención alcanza también al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), orientados ambos a garantizar el acceso universal a internet y al pluralismo informativo, mediante la existencia de medios privados comerciales, públicos y comunitarios.
El pasado 24 de enero la Coalición por una Coalición Democrática (CCD) denunció que la llamada «ley ómnibus» intenta la destrucción del sector comunitario mediante la derogación del FOMECA y la clausura de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo dedicado a la tutela de los derechos de las audiencias y que cuenta con reconocimiento a nivel nacional e internacional. La CCD advirtió en su momento que el desmantelamiento de las leyes del sector audiovisual y del digital amenaza la producción nacional de contenidos y los puestos de trabajo, así como el acceso a internet como derecho humano, y favorece la entrega del capital cultural nacional a plataformas y operadores extranjeros, el remate de las órbitas satelitales al mejor postor y la resignación de la soberanía comunicacional.
Lazzaro. «La intervención borra toda autonomía o pluralismo en la gestión del organismo».
Según la investigadora en comunicación Natalia Vinelli, una de las fundadoras de Barricada TV, «con la intervención se pretende tomar decisiones sin el control que pueden ejercer los representantes de los partidos opositores con representación parlamentaria en el Directorio del organismo. El ENACOM tiene a su cargo el control de los precios, la asignación de licencias y de atribución de espectro, debe garantizar el acceso a la conectividad, velar por el pluralismo informativo y la libertad de expresión. Que las decisiones sean discrecionales, controladas por el gobierno de turno, es una muy mala señal», subrayó.
En los fundamentos del proyecto de resolución de los diputados de Unión por la Patria, que firman también Leopoldo Moreau, Gisela Marziotta y Brenda Vargas, y en la que se solicita se revoque la intervención, se sostiene que «el centro de la intervención» consiste en «barrer con las pocas capacidades regulatorias y de gestión existentes». Porque, si bien se invoca la defensa de la conectividad de 47 millones de argentinos y argentinas, la intervención apunta a «la defensa de los intereses de unas pocas empresas concentradas, a través de personeros con trayectoria pro-desreguladora».
«Todas las actividades que nuclea el ENACOM, su control, financiamiento y promoción son sectores estratégicos y de una importancia tremenda para el mundo que viene», afirmó el diputado Carro consultado por Acción. «No podemos permitir que esa potencialidad quede en manos de los cuatro vivos de siempre», señaló y concluyó: «Ese desarrollo y los beneficios que puede traer debe llegar a cada rincón del país para mejorar la vida de las y los argentinos».
