4 de abril de 2024

Jorgelina Hiba

Tras convertir el Ministerio de Ambiente en Secretaría, Milei pretende barrer con el corpus normativo de protección de la naturaleza. Leyes en disputa.

La fallida discusión legislativa en el Congreso de la Nación sobre el megapaquete presentado por el Gobierno de Javier Milei (la ley Ómnibus) dejó congeladas varias definiciones sobre la normativa ambiental argentina, que para los libertarios debe ser recortada al máximo para garantizar así la preeminencia del mercado por sobre la capacidad de regulación y control del Estado.
Después de eliminar el Ministerio de Ambiente y denigrar esa cartera a una Subsecretaría que quedó bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente que encabeza Daniel Scioli (y que depende, a su vez, del Ministerio del Interior), el Ejecutivo se propuso barrer con el corpus normativo de protección de la naturaleza y para eso impulsó cambios de fondo en la Ley de Glaciares, la Ley de Quemas y de Manejo del Fuego y la Ley de Bosques, entre otras.
Al caer el intento oficialista para que se aprobara la ley Ómnibus, todo eso quedó en el freezer, al menos por ahora. Según interpreta Lucas Michelaud, quien forma parte de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, por el momento «todo es incierto». «El proyecto ambiental del Gobierno sigue siendo regresivo y violatorio de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú», dice, para agregar que aún están pendientes de resolución las cuatro leyes ambientales fundamentales sobre las cuales el Ejecutivo avanzó: Bosques, Glaciares, Quemas y Fuego. «Hasta que no haya diálogo con los gobernadores no creo que haya avances, pero está claro que se va a insistir en estas cuatro reformas».
Por su parte, Carlos Villalonga, exdiputado nacional y exdirector de Greenpeace Argentina, interpreta que las propuestas ambientales del Gobierno «son una avanzada muy agresiva hacia las leyes nacionales de presupuestos mínimos», una ofensiva que tiene, entre otros componentes, «una rebeldía histórica de las provincias contra las normas nacionales de carácter ambiental», tensión que la Constitución Nacional de 1994 «procuró equilibrar con la creación de las leyes de presupuestos mínimos».

Glaciares y bosques 
En poco tiempo quedó en evidencia que la ley Ómnibus buscaba desmantelar la protección normativa que, bien o mal, Argentina construyó en torno a tres ecosistemas clave: los glaciares, los bosques nativos y los humedales. En ese punto, para Michelaud el mayor énfasis por parte de Milei está y estará puesto en glaciares, para abrir así la puerta a los proyectos de megaminería en la zona de periglaciares: «Es clara la enorme presión que están ejerciendo las grandes corporaciones mineras trasnacionales como la Barrick Gold».
Otro punto importante de la discusión del capítulo ambiental es la relativa a la Ley de Bosques, sobre la cual los libertarios también buscan avanzar para achicar su cobertura. Según la lectura que hace el abogado ambientalista, los cambios introducidos en Manejo del Fuego aportan algo especial, ya que las autorizaciones tácitas que propone el Gobierno pueden convertirse en realidad en enormes autorizaciones de desmonte en zonas hasta ahora protegidas por la Ley de Bosques. «La derogación de la Ley de Tierras –explica el especialista– permite la llegada de grandes corporaciones a las que les quieren dar la herramienta del fuego con lógica extractiva: esto es más efectivo aún que la deforestación, el fuego es más eficaz que las topadoras para un cambio profundo de uso del suelo». Villalonga, por su parte, dice que «seguramente» se volverá con la idea de derogar la ley que promovió el Gobierno de Alberto Fernández en 2021.

Cuestión de fondo
Como en todo conflicto político, detrás de las declaraciones y las idas y vueltas partidarias se esconden tensiones más estructurales respecto a cómo se organiza la vida económica, productiva y social de un país, y cuáles son los actores designados para darle cierto orden a esa acción de la cosa pública. Muchos de esos actores entrarán en un conflicto más agudo a partir de las líneas de acción del Gobierno de Milei, según la opinión de Michelaud: «Tendremos un aumento de la conflictividad socioambiental porque la desregulación y flexibilización de Milei van a conllevar el avance de proyectos extractivistas en los territorios. Habrá una cartografía de luchas ecoterritoriales más extensa en torno al control y manejo de bienes naturales como el suelo, el agua, los bosques nativos y los humedales».
Eso irá acompañado, según razona el abogado, por un proceso de judicialización creciente para la defensa de los bienes naturales por parte de las organizaciones socioambientales, de los trabajadores de la economía rural o de la tierra y de las comunidades de pueblos originarios.
Desde la visión de Villalonga, lo que el actual Gobierno viene demostrando, en materia de protección de la naturaleza, es un intento de retrotraer el corpus legislativo «a la Argentina pre Constitución de 1994, una Argentina en la que no cabía ninguna posibilidad de establecer una política ambiental aplicable en todo el territorio nacional. Era un país regulatoriamente fragmentado y plagado de conflictos sin resolución».

Organizaciones socioambientales
¿Qué papel han jugado y siguen teniendo las organizaciones ambientalistas en este debate? Incluso desde antes del cambio de Gobierno hubo una importante coordinación y movilización de las muchas y muy activas organizaciones que, desde diferentes puntos del país, activan la defensa del ambiente. Ya en campaña, hubo alertas por los reiterados dichos negacionistas del cambio climático de Javier Milei, así como por la recurrencia en ubicar a todo lo ambiental bajo la etiqueta de lo inútil y lo ineficiente.
Cuando lo que Milei expresaba en campaña quedó plasmado primero en el mega DNU y luego en el proyecto de ley Ómnibus, las organizaciones salieron en masa a rechazar el intento de destrucción de la institucionalidad ambiental abiertamente propuesto por los libertarios. «Es central la voz de las organizaciones en el debate, hoy más que nunca. Las principales leyes ambientales del país tuvieron a un actor determinante en las organizaciones, tanto en las movilizaciones en los territorios como en las discusiones parlamentarias», asegura Michelaud.

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