29 de diciembre de 2020
El pueblo de Chubut volvió a frenar una embestida de la megaminería. El gobernador Mariano Arcioni intentó avanzar, en acuerdo con el lobby minero y la Secretaría de Minería de la Nación, en un proyecto de zonificación de la provincia que pretendía habilitar en primera instancia la puesta en marcha de una gran mina de plata ubicada en la meseta centro norte de Chubut, para luego avanzar hacia otras zonas poco pobladas del territorio con otros proyectos.
Por ahora no lograron el acuerdo legislativo para transformar el mamarracho en ley. Tampoco habilitaron el debate para dar paso a la ley integral de prohibición de la minería a gran escala que propusieron los asambleístas con más de 30.000 firmas mediante el mecanismo de iniciativa popular previsto en la Constitución provincial. El Gobierno de la provincia utilizó básicamente cuatro justificaciones: primero, la meseta chubutense no tiene otras posibilidades de desarrollo y sus habitantes tienen derecho a decidir si quieren o no la megaminería; segundo, la ley vigente habilita en su articulado esa posibilidad; tercero, no se pone en riesgo el agua ni se usaría cianuro; y cuarto, el país y la provincia necesitan inversiones. Una vez más –como lo viene haciendo desde hace 18 años– la ciudadanía se armó de paciencia y argumentos para desbaratar los falaces recursos utilizados por un gobernador que llegó al poder prometiendo que no iba a permitir la megaminería y que al día de hoy debe a sus trabajadores públicos más de dos meses de sueldo y el aguinaldo.
De aquella resistencia de 2003 a las multitudinarias marchas de estos meses se destaca el rol que han decidido asumir los jóvenes de los más diversos sectores sociales y culturales. Han tomado la posta y no están dispuestos a resignar ni un ápice en la defensa de su futuro.
