27 de septiembre de 2024

Inés Hayes

Sin recursos, con docentes que cobran por debajo de la línea de pobreza y el posible veto a la Ley de Financiamiento, las universidades atraviesan una situación crítica. Las luchas que vienen.

Las universidades nacionales comenzaron esta semana un plan de lucha que incluyó clases públicas y paros para preparar la que se espera, sea una gran movilización el miércoles 2 de octubre. «La ley que defendemos establece la actualización por inflación de las partidas presupuestarias de las universidades para funcionamiento, investigación, extensión, becas con retroactividad a diciembre de 2023. Del mismo modo, contempla la actualización de salarios docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 y hasta diciembre de 2024 según el índice de precios oficial acumulado en el período. Las públicas amenazas de veto del presidente Milei y su funcionario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, pusieron en alerta a toda la comunidad universitaria. Para el sistema universitario asigna solamente 3,8 billones de pesos (casi la mitad de los 7,2 billones solicitados por el CIN para todo el 2025), condenando al congelamiento salarial de sus trabajadores y trabajadoras», dice a Acción Claudia Baigorria, Secretaria de Formación de la Conadu Histórica. Sin embargo, agrega, el mismo proyecto de presupuesto aumenta al doble las partidas asignadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), «dejando en evidencia las prioridades de este Gobierno de ajuste, entrega y represión». En tanto, un informe realizado por investigadores de las Universidades Nacionales de Río Negro y de San Martín reveló que más del 85% cobran por debajo de la línea de pobreza.

El 13 de septiembre, con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario para 2024. Minutos después, el presidente escribió en la red social X que vetaría la norma. El proyecto aprobado por el Congreso obliga al Poder Ejecutivo Nacional a restaurar desde el 1° de enero de este año hasta el mes en que se sancionó la ley, las partidas que corresponden a la asistencia financiera universitaria y a los hospitales públicos que dependen de las universidades, así como de las actividades de ciencia, técnica y extensión. Por otra parte, actualiza bimestralmente los salarios de los docentes y nodocentes del sistema universitario nacional de acuerdo con el índice de inflación del Indec.

«Esta situación de las universidades se da en un contexto de cambio profundo de modelo de país, de un cambio estructural del Estado en el que se abandonan las políticas públicas y el mercado es el que pasa a tener un papel de vertebrador. No es fortuito que en el Presupuesto, las políticas públicas estén dirigidas a Seguridad, Defensa y Justicia y se deje para el mercado la educación y la salud. Este nuevo paradigma, que va a excluir a las mayorías, lo hace con una profundización del Estado represivo», dice en diálogo con Acción Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica (CTA Autónoma). En relación con la ley, la dirigente asegura que, si bien es alentador que se aprobara, ahora deben defenderla para que sea promulgada. «El conflicto sigue abierto y la ley es producto de nuestra perseverancia y firmeza con que sostuvimos el plan de acción gremial», concluye Staiti.

«La situación de las universidades nacionales es crítica. Dentro del Frente Sindical (que congrega a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes) y de la Conadu Histórica (CTA Autónoma) luchamos fundamentalmente por el salario de docentes universitarios y preuniversitarios. Sabíamos que diciembre era un mes particularmente difícil porque el Gobierno que se iba no tenía condiciones para acordar la paritaria y entonces solamente se acordó un 6%, con una inflación del 26%. Y en el mes de enero no había pauta de incremento por lo que teníamos 0%» , explica Oscar Vallejos, secretario adjunto de la Conadu Histórica.

El dirigente sindical dice además que como el Gobierno de Javier Milei no convocó a ninguna paritaria, «eso nos dejó un 20% abajo en diciembre y un 21% abajo en el mes de enero y a lo largo de todo el año hemos ido perdiendo respecto a la inflación (solamente en julio tuvimos un incremento un poco superior a la inflación del mes anterior), después todos los meses venimos perdiendo y entonces eso consolida una pérdida salarial del orden de más del 50%».
Vallejos agrega que este Gobierno no tiene «ningún interés en resolver el conflicto universitario, sino más bien busca agudizarlo. La asfixia presupuestaria tiene el objetivo de achicar la universidad y de reducirla a condiciones mínimas tanto para albergar estudiantes como para lograr propuestas de docencia, investigación y extensiones. Si hay veto, como el Gobierno viene amenazando, habrá una gran marcha federal como la del 23 de abril que saque la universidad a la calle», dice Vallejos.

Como representante de las Universidades Tecnológicas Nacionales (UTN), el secretario general de Fagdut, Norberto Heyaca, agrega: «Hemos notado que ya han comenzado renuncias, sobre todo de docentes jóvenes que habíamos empezado a formar para darle continuidad a la labor, porque claramente no les rinde lo que están obteniendo como salario y también estamos viendo que en la segunda mitad del mes disminuye la cantidad de alumnos presentes y esto lo atribuimos, en base a una encuesta que hizo la Federación Universitaria Argentina (FUA), a que ya no cobran las becas que antes les servían para comprar apuntes, comer algo en la universidad o pagar el transporte».

Y señala además que «no hay libertad completa si los estudiantes no pueden concurrir a clases y seguir su vocación ni los docentes tienen la mente lo suficientemente libre como para poder preparar sus clases».

Trabajadores y estudiantes
«Tenemos más de un 50% de pérdida salarial. Logramos que se aprobara la Ley en el Congreso, ahora tenemos que ver cómo seguimos la lucha. Si hay veto, hay marcha», se suma el secretario general de la Fedun (CGT), Daniel Ricci. Carlos De Feo, secretario general de la Conadu (CTA de los Trabajadores) cuenta que después de la marcha del 23 de abril hubo fondos para los gastos de funcionamiento, es decir, para pagar la luz y el gas y algún otro servicio, pero, señala, la universidad no funciona solo con eso: «Todo lo demás lo  están cubriendo los y las docentes y nodocentes poniendo el cuerpo frente a esta situación, a veces usando dinero de su propio bolsillo, otras veces estirando horas, pero todo eso tiene un límite y a eso se le suma que las becas universitarias se mantiene en el mismo valor hoy (20.000 pesos) y son menos cantidad. ¿Qué hace una persona con 20.000 pesos que tiene que viajar a la universidad tres o cuatro veces por semana o estar horas en la universidad, por ahí comer algo, comprarse útiles, anotadores, lápices, material para tomar clases, fotocopias, insumos?», se pregunta.

De Feo denuncia además la violación al principio de la Autonomía Universitaria que llevó adelante la Infantería cuando no dejaba entrar ni salir a nadie de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, hace algunas semanas. «No veíamos algo así desde la época de la dictadura».

En esta lucha conjunta, el sector estudiantil también está organizado. «Estamos trabajando de manera coordinada, sindicatos, rectores y estudiantes en defensa de la educación universitaria pública. La situación económica nos expulsa cada día del sistema universitario: las becas están congeladas pero los alquileres se han duplicado y triplicado, el transporte en todos los rincones del país se duplicó, se han triplicado los servicios y eso afecta directamente nuestro acceso y nuestra permanencia en la universidad», explica la presidenta de la FUA, Piera Fernández. «Este ataque frontal que está teniendo el Gobierno sobre los docentes y los nodocentes demuestra un ensañamiento particular porque es una pérdida del poder adquisitivo que no tiene antecedentes en 40 años de democracia y que no tiene comparación con ningún otro sector del trabajo, que también obviamente está atravesando una situación complicada y que ha perdido poder adquisitivo en este período, pero ninguno se expresa de una manera tan profunda como lo han hecho con los docentes y los nodocentes universitarios», concluye la dirigenta estudiantil. Y afirma: «Si hay veto, hay marcha».

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