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Una agenda que atrasa

La principal alianza opositora propone en la campaña reformas laborales regresivas. Antecedentes de medidas que nunca favorecieron la creación de empleo.

Trabajo. Antes de los comicios, dirigentes políticos consideran necesario recortar derechos.

TÉLAM

Hace 30 años, el Gobierno de Carlos Menem ponía en marcha la primera reforma laboral del período que había iniciado anticipadamente en 1989. Una frase quedó grabada en la memoria de quienes vivieron aquella época, signada por la expansión global del modelo neoliberal: «Si decía lo que iba a hacer no me votaban». Por el contrario, en sus discursos electorales prometía atacar la desocupación con una «revolución productiva».
Esa primera reforma –la Ley de Empleo 24.013, promulgada el 5 de noviembre de 1991– iba de la mano del otro modelo que se había puesto en marcha meses antes: la convertibilidad. El objetivo era frenar la hiperinflación mediante un cambio de moneda, que debía quedar atada al dólar de manera indisoluble. Como salida a una misma crisis recurrente para los argentinos, el incremento de precios, la pérdida de valor de la moneda y la desocupación podían comenzar a solucionarse milagrosamente a partir de leyes más flexibles para que los empresarios pudieran contratar y despedir personal sin ataduras. El corsé del 1 a 1 podía mantenerse si se daba ese paso decisivo de eliminar la sujeción a las leyes laborales.
«Las reglas de juego que operan sobre el mercado de trabajo argentino, definidas en sus grandes trazos en las primeras cuatro décadas de este siglo, se han demostrado inadecuadas para acompañar el proceso de crecimiento, estabilidad e integración en los mercados mundiales en el que se encuentra inmersa la economía argentina», afirmaba por entonces un personaje clave en esos escarceos, Armando Caro Figueroa, asesor y luego ministro de Menem, que había participado en el Gobierno de Raúl Alfonsín. Una continuidad llamativa en un país históricamente en grieta.
Distintos estudios de especialistas como Daniel Cieza, Carlos Dasso, Daniel Contartese, Norberto Zeller y Javier Lindenboim, entre otros, muestran el derrotero de aquellas panaceas laborales. Y más allá de los datos sobre el avance de la precariedad en el caso de los trabajadores que lograron tener empleo y al crecimiento de la desocupación en el resto, quizás la manifestación de que esa modificación no sirvió de gran cosa es que hubo otras tres leyes durante esa última década del siglo XX: la reglamentación de la Ley Pyme 24.467 de 1995, la Ley 25.013 de Reforma Laboral de 1998 y ya en el período de Fernando de la Rúa, la Ley de Reforma Laboral 25.250 –recordada como Ley Banelco por el escándalo de coimas que desnudó– del año 2000.
Mientras tanto, y con estabilidad monetaria y una inflación por momentos negativa, la desocupación pasó de 7% a 14% entre 1989 y 1999 –con picos de 18%– llegando al 20% cuando estalló la convertibilidad, en 2001. La precariedad laboral creció en ese lapso bastante más de diez puntos y en 2002 llegaría a casi 43%. En algún tramo de este sendero de declive, el entonces superministro de Economía, Domingo Cavallo, explicó que el índice de desocupación crecía porque los trabajos estaban bien remunerados y había más gente buscando un empleo.
Habría una nueva modificación al sistema de contratación en 2004, con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, la ley de Ordenamiento del Régimen Laboral 25.877. No fue un retorno al modelo histórico del peronismo, pero les devolvió a las asociaciones sindicales el rol de sujeto, junto con el trabajador, de una negociación colectiva. También fija su objetivo como la promoción del «trabajo decente», una definición en consonancia con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La misma receta
Un informe de la Universidad Nacional de Mar del Plata muestra que en el período 2004-2015 la economía nacional creció a un promedio de 2,6% anual, que el salario real subió un 43,2% y el desempleo bajó de cerca de 15% al 5,9%. Todo esto en el marco de la crisis internacional de 2008 y la caída consecuente de la actividad económica mundial.
Desde 2016 comienza a incrementarse la desocupación y ese primer año de mandato de Mauricio Macri la cifra asciende a 8,5%. Paralelamente, se empieza a discutir a través de voceros gubernamentales y los medios concentrados una nueva reforma laboral. Y aparece un tema que no se había explicitado hasta entonces: la posibilidad de extender al resto de las ramas industriales el sistema de indemnización del gremio de la construcción.
Ese régimen laboral fue implementado en 1967 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Básicamente establece un aporte patronal mensual que se deposita en una cuenta a nombre del empleado y que queda a disposición cuando la relación se rompe, ya sea por decisión patronal como del trabajador. Se lo llamó Fondo de Desempleo y, luego de otra dictadura, en 1980 se convirtió en Fondo de Cese Laboral. Recibe aporte del 12% mensual durante el primer año y 8% en los posteriores.
El titular de la Cámara Argentina de la Construcción contaba las bondades de ese sistema cuando se cumplieron los 50 años de vigencia. «Con este sistema va a costar menos despedir a alguien, ya que los empleadores irán pagando las indemnizaciones mensualmente, conformando un fondo a tal fin. Ese fondo se actualiza cada mes por la evolución de la UVA, lo que en la práctica representa una forma de abonarlo en cuotas. Llegado el final del vínculo, ese dinero se pone a disposición del empleado y resta poco por pagar», declaró Gustavo Weiss a El Cronista el 10 de noviembre de 2017.
Tras este recorrido histórico que marca el devenir de la flexibilización laboral como una medida que no solo no favorece la creación de empleo, sino que, por el contrario, acompañó los períodos de mayor desocupación, unos días antes de las PASO del 12 de septiembre, Horacio Rodríguez Larreta sorprendió a propios y ajenos con una propuesta de reforma laboral que tenía muchos de esos ingredientes. Se sumaba a una recorrida por los medios del empresario textil Teddy Karagozian, quien viene impulsado lo que llama la Mochila Argentina o Flexiseguridad. Una suerte de seguro de desempleo que abarate el costo de la indemnización tomado del sistema austríaco. Pronto se sumó el senador radical Martín Lousteau con un proyecto de ley.
El enfoque es que los empresarios temen contratar personal por el costo de romper contratos considerados demasiado rígidos y que otorgarían beneficios exorbitantes a los trabajadores. Si en las leyes del primer peronismo el empresario tiene el deber de mantener la fuente de trabajo ante una posible crisis económica, ahora –y esto forma parte del vademécum neoliberal– el riesgo de una crisis repercute en las espaldas del empleado, y sin paracaídas.
Los antecedentes desmienten que una flexibilización laboral reduzca el desempleo o mejore las condiciones de los que consigan trabajo. Pero el viejo deseo de las cámaras patronales de reducir la responsabilidad inherente a una contratación sigue vigente. Y como ocurrió históricamente, siempre dicen que se trata de «modernizar» un sistema anquilosado que traba las ansias productivas del empresariado nacional. Y hasta parece culpable de la inflación y déficit fiscal.
Lo que sí se ve como una novedad es que los candidatos hablan de estos temas en plena campaña electoral. En tiempos de focus groups y estudios de mercado supertecnificados, cabe pensar que ya no necesitan ocultar sus propósitos para conseguir votos, como le ocurrió a Menem. Peor aún, que luego de más de un año de visibilidad mediática de las posturas más radicalizadas de los llamados «libertarios», ese discurso tiene aceptación en grandes capas de la sociedad y las derechas compiten por ese votante. El tiempo dirá, estamos a las puertas del 14 de noviembre.


Alberto López Girondo