18 de febrero de 2023

Franco Mizrahi

La Comisión de la Cámara de Diputados avanza con el proceso, previsto en la Constitución Nacional, mientras el Máximo Tribunal responde con resoluciones que afectan al Frente de Todos. 

El juicio político que impulsa el oficialismo contra los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia ingresó en una nueva etapa el 16 de febrero cuando se oficializaron las citaciones de los primeros testigos que declararán en el proceso. Fue el puntapié del pleito que promete levantar temperatura en el año electoral. En lo que se puede interpretar como una respuesta cortesana, pocas horas después se difundió una resolución del Alto Tribunal en la que se informó que se denegaba la jura del senador del Frente de Todos (FdT) Martín Doñate para asumir en el Consejo de la Magistratura. Un mensaje directo para Cristina Fernández y el Fdt que refleja el poder de fuego con el que se cuenta en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados definió quiénes serán los primeros testigos que deberán declarar en el proceso que se inició contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En total, fueron nueve los convocados, entre los que se destacan funcionarios de la Corte y los jueces federales Alejo Ramos Padilla (La Plata) y Sebastián Ramos (Comodoro Py). Estos dos magistrados tuvieron en sus manos denuncias contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessando y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, por la filtración de chats en donde aparecen coordinando maniobras político-judiciales que perjudicaban al FdT. Ramos archivó las denuncias mientras que Ramos Padilla si bien se declaró incompetente expuso que la investigación sobre el tema en Comodoro Py se cerró de forma irregular y apresurada.
La Comisión ya votó que tanto D’Alessandro como Robles sean testigos en el proceso. Si bien los diputados aún no fijaron fecha para su convocatoria, su futura comparecencia provocó un agitado cruce entre el oficialismo y la oposición. El diputado del PRO Pablo Tonelli criticó: «Nos oponemos a esa prueba, esas dos personas no pueden ser citados como testigos». Argumentó que están siendo investigados en una causa judicial. Desde el FdT le respondieron que la citación se aprobó cuando se admitieron las 14 denuncias contra los ministros cortesanos porque la medida estaba pedida en esas presentaciones.
El acalorado debate se repitió por el pedido de entrecruzamiento de llamadas de los investigados, algo que también ya votó la Comisión. Para Juntos por el Cambio esa medida de prueba es innecesaria e ilegal. Consideran que, de pedirse, se la tiene que solicitar ante un juez. El oficialismo sostiene que eso es una falacia y que la Comisión tiene las facultades para cursarle un oficio directamente a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), el organismo de la Corte que realiza ese tipo de tareas analíticas. El FdT resalta que no se está pidiendo el contenido de las conversaciones, por eso no es necesaria la intervención de un magistrado. La alianza gubernamental tiene mayoría y ya aprobó esa y otras medidas, lo que evidencia que los ásperos intercambios entre los legisladores se multiplicarán en las semanas venideras.

Poder de fuego
El mismo jueves que la Comisión de Juicio Político avanzó con la citación de testigos y el impulso de medidas de prueba, la Corte difundió una resolución en la que le asestó un nuevo revés al FdT: aceptó la postulación de los senadores María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Eduardo Vischi para el Consejo de la Magistratura pero le denegó el juramento al senador Doñate, cercano a la titular del Senado. El conflicto en torno a la conformación del órgano de selección y sanción de jueces es una de las diversas causales del juicio político a los supremos. Se les achaca adjudicarse facultades legislativas para definir su integración.
Con esta decisión, los cortesanos mostraron el daño político que le pueden provocar al Gobierno. En agenda, por ejemplo, tienen para definir si reabren o no la causa «Dólar Futuro». Ese expediente, uno de los paradigmáticos del llamado «lawfare», fue cerrado por la Cámara Federal de Casación Penal, pero recientemente tuvo un dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal, para que se revoque la clausura y se reanude el proceso. Si la Corte coincide con Casal, Crisitina Fernández y el gobernador Axel Kicillof deberán ir a juicio.
En la Corte tienen presente que más tarde o más temprano les llegará también la revisión de las causas «Memorándum con Irán» y «Hotesur-Los Sauces», que ahora se están analizando en Casación y que si bien fueron cerradas también pueden reabrirse. Es decir, en total, deben definir si envían a la líder del kirchnerismo a tres juicios orales. A lo que se suma que les llegará la revisión de la sentencia de la causa «Vialidad», donde la vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión y la inhabilitación a ejercer cargos públicos. Los fundamentos de ese veredicto, con el que se puede proscribir a Cristina Fernández, los dará a conocer el tribunal de juicio el próximo jueves 9 de marzo. Todo indica que ese mismo día sesionará la Comisión de Juicio Político, porque se reúne todos los jueves a las 11.
Parece evidente que el conflicto entre la Corte y el FdT seguirá escalando. Y lo hará, de mínima, hasta las elecciones. Se trata de una batalla a largo plazo: si se aprobase un dictamen acusatorio en la Comisión de Juicio Político, el caso pasa al recinto, donde tiene vigencia por 3 años. Es decir, podría votarse con otra conformación de la Cámara. En la actualidad, el FdT no tiene en la Cámara de Diputados los dos tercios de los votos necesarios para girar la acusación al Senado, que es la que juzgará a los supremos. Pero como quedó en evidencia este jueves, sí tiene la mayoría en Comisión para avanzar con la producción de prueba que incomoda a los supremos.

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