9 de abril de 2023
La investigación judicial basada en los cuadernos del chofer Oscar Centeno está en una encrucijada luego de la realización de peritajes que revelan supuestas manipulaciones de los textos.
Comodoro Py. Tribunales federales en pugna por distintos aspectos del proceso.
Foto: Horacio Paone
La causa Cuadernos se encuentra en una encrucijada. Un expediente a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga la denuncia que hizo un empresario sobre la adulteración de los anotadores, puede hacer caer el caso central, que ya fue elevado a juicio en sus tramos principales sin que nunca se haya realizado un peritaje sobre los textos adjudicados al chofer Oscar Centeno.
En el marco del proceso que tiene a su cargo Martínez de Giorgi –que es una causa paralela a la central que tiene el TOF 7– se realizó un peritaje oficial sobre 3 de los anotadores (el 4, el 7 y el 8). Fue a pedido del denunciante, el empresario Armando Loson, quien aparece en esos fragmentos y ya había encargado un peritaje privado que evidenciaba una manipulación en la escritura. El estudio oficial fue demoledor: reveló más de 1.600 irregularidades en su confección, que incluían sobreescrituras, uso de liquid paper y tachaduras. También desveló que participaron varias manos en su escritura y que 2 de los 3 cuadernos analizados se escribieron de corrido. Con ese peritaje, el magistrado ordenó un allanamiento en el domicilio del expolicía y remisero Jorge Bacigalupo, quien se sospecha pudo haber manipulado los textos. Según el relato oficial, Bacigalupo fue quien tuvo en custodia los anotadores y los entregó al periodista Diego Cabot de La Nación para su difusión.
El juez apuntó al expolicía luego de que se realizara un examen pericial caligráfico entre los cuadernos digitalizados y, por un lado, escritos de Hilda Horovitz, pareja de Centeno; y escritos de Bacigalupo, por otro. Son las dos personas que estuvieron con los cuadernos.
Las conclusiones a las que arribó el personal de la División Scopometría de la Policía Federal descartó la intervención de Horovitz. Respecto a Bacigalupo, se encontraron «ciertas similitudes de relevancia pericial». Para Martínez de Giorgi, «no puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos» y ordenó el allanamiento.
De puño y letra
Este episodio encendió las alarmas en el caso central de Cuadernos, donde se investiga la supuesta corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La fiscal del juicio, Fabiana León, reaccionó ante este procedimiento. En un dictamen del 13 de marzo pasado, León le pidió al TOCF 7 que intervenga con urgencia y certifique el objeto procesal de la causa que tiene Martínez de Giorgi. Para la fiscal es el mismo que el de la causa Cuadernos por lo que sostiene que la causa debe ser absorbida al caso central. Con este movimiento busca desarticular la pesquisa que se abrió con la denuncia de Loson. El TOF 7 ya le pidió copia digitalizada del caso a Martínez de Giorgi.
Pero eso no fue todo. En otra embestida para intentar neutralizar el avance de la causa de la adulteración se pidió el apartamiento del juez Martínez de Giorgi de esa investigación. En una maniobra coordinada, solicitaron correrlo porque en su momento se excusó de intervenir en un expediente derivado del caso Cuadernos. Hubo dos planteos en el mismo sentido: uno que realizó Bacigalupo en la causa paralela y otro que hizo la fiscal Fabiana León en el caso central. El primero fue rechazado por el juez este 3 de marzo.
Lo cierto es que en la causa Cuadernos se investiga la supuesta corrupción en la obra pública y en el caso de Martínez de Giorgi la adulteración de los anotadores para perjudicar al empresario Loson, que está imputado en la causa Cuadernos. A los pocos meses de presentada la denuncia de Loson, el fiscal Carlos Stornelli, que es el fiscal de primera instancia en el caso central, había realizado el mismo planteo que ahora hace León ante el tribunal de juicio. Tanto el juez Julián Ercolini como la sala I de la Cámara Federal porteña habían rechazado el planteo de Stornelli. El 13 de febrero pasado, el juez Leopoldo Bruglia, del tribunal revisor, sostuvo que los hechos que se investigan en ambas causas «se evidencian como disímiles» y «por lo tanto, absolutamente escindibles». Esto debiera ser un importante obstáculo para obturar la pesquisa que comanda Martínez de Giorgi.
En este marco, el 29 de marzo pasado, el diario La Nación -que reveló el caso Cuadernos– publicó un editorial en el que atacó el accionar de Martínez de Giorgi a quien definió como «El nuevo Oyarbide». Molestos con el devenir de la causa que instruye, en el centenario diario afirmaron que el juez «está trabando el avance de la causa de los cuadernos y recurriendo a procederes reñidos con su investidura».
El artículo no pasó desapercibido. El abogado José Ubeira, que representa a Cristina Fernández en la causa del atentado que sufrió y defiende al empresario Oscar Thomas en la causa Cuadernos, dijo en Radio 10 que «cuando hay este tipo de artículos desaforados uno se da cuenta de cuál es la intensidad del problema». Acto seguido aseguró que Cuadernos «fue parte de una operación de inteligencia diseñada por el Gobierno de Mauricio Macri» para modificar la matriz de la obra pública y que el diario La Nación junto al periodista pueden ser «copartícipes necesarios de un proceso fraudulento». Esto provocó una respuesta de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que repudió los dichos de Ubeira y los calificó como una amenaza.
Sin verificar
Está claro que si la pesquisa a cargo de Martínez de Giorgi sigue avanzando, el caso Cuadernos puede caer antes de que comience el juicio. El expediente que se abrió con la denuncia de Loson –que tiene un año– pone en cuestión uno de los pilares probatorios del expediente: los anotadores, sobre cuya confección siempre hubo muchas suspicacias. Es que en agosto de 2018, cuando se conoció el caso, el chofer Centeno primero dijo que los tenía guardados. Luego dijo que los quemó. Y a cuatro días de las elecciones presidenciales de 2019, el periodista Cabot –que había aportado el escaneo de los originales en 2018– acercó los manuscritos originales a la fiscalía de Stornelli. Es llamativo que tanto Stornelli como el difunto juez Claudio Bonadio, quienes estaban a cargo de la investigación, nunca hayan ordenado un peritaje.
La causa Cuadernos está elevada a juicio oral casi en su totalidad (tiene diversos tramos y derivaciones). Está en poder del TOCF 7. Las partes ya realizaron lo que se conoce como ofrecimiento de pruebas. Aún no tuvieron despacho por parte del tribunal. El debate por ahora no tiene una fecha fijada.
Entre los distintos pedidos de prueba, la defensa de la vicepresidenta solicitó no solo un peritaje como el que compromete el caso. También reclamó otra medida que apunta a hacer caer el otro pilar que completa el sostén de la causa: el testimonio de los empresarios arrepentidos.
Los abogados de Fernández, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron al TOCF 7 entre otra cosas que «se libre oficio al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» para que requiera a «todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna de las personas que han prestado declaración como “arrepentidos”» en el caso Cuadernos «requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones». «En caso afirmativo deberán remitir copias autenticadas de los instrumentos notariales que se hubiere labrado a efectos de documentar las manifestaciones de dichos “arrepentidos”», añadieron.
También pidieron el registro de llamados y mensajes de Stornelli y Bonadio. Buscan saber si existieron «indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso así como también corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados “arrepentidos”».
La referencia al poder político es al Gobierno de Macri y no es casual. La defensa de Cristina Fernández entiende que este juicio se hará jugar en la campaña electoral.
