27 de agosto de 2025
Tras la difusión de audios adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad se activó una causa a cargo del juez Sebastián Casanello. Empresarios y funcionarios en la mira de la Justicia.
Abogado deluxe. Spagnuolo y Milei tienen un vínculo especial. El funcionario lo visitó en Olivos en más de 20 ocasiones para escuchar ópera.
Una serie de allanamientos realizados el viernes pasado por orden del juez federal Sebastián Casanello impactaron de lleno en el Gobierno. Los procedimientos –alrededor de 15– fueron la primera manifestación pública de que la denuncia penal en la que se pidió investigar un esquema de cobro de coimas que llegaría a Karina Milei, la hermana del presidente, fue tomada en serio por Comodoro Py. El primer mandatario, Javier Milei, aún no se refirió al tema a la espera de que el caso pierda impulso en la agenda mediática. Lejos de eso, el escándalo crece a la par que avanza la causa judicial, que hace foco hasta el momento en dos exfuncionarios, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, y tres empresarios de la droguería Suizo Argentina S.A., Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker. En el marco de la pesquisa ya se secuestraron miles de dólares y se están peritando teléfonos celulares clave para la investigación, que está delegada en el fiscal Franco Picardi.
El disparador de la presentación penal que hizo el miércoles pasado el abogado Gregorio Dalbón fue una filtración de audios que involucra a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a quien se lo escucha describir cómo funciona un supuesto sistema de recaudación ilegal en la agencia, a partir de la compra de medicamentos, que llega hasta Eduardo «Lule» Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De acuerdo con la denuncia que abrió esta pesquisa, la droguería Suizo Argentina, a la que se vincula con la familia Menem, es la «que articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos». Spagnuolo no es cualquier (ex) funcionario. Es el exabogado de Milei y su vínculo con el mandatario es tan cercano que lo visitó en la residencia presidencial en más de 20 ocasiones para compartir veladas nocturnas, en lo que es un momento reservado para las personas del círculo íntimo del presidente.
Los procedimientos que encendieron las alarmas en Casa Rosada ocurrieron el viernes en la sede de Andis, en la droguería Suizo Argentina y en los domicilios de algunos de los denunciados, entre ellos, los de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería involucrada en el escándalo. Uno de los allanamientos ocurrió en un barrio privado de Nordelta, donde viven Emmanuel y Jonathan Kovalivker, directivos de Suizo Argentina S.A. Los agentes lograron ubicar a Emmanuel, a quien le secuestraron 266.000 dólares distribuidos en diferentes sobres. Jonathan logró evadir el operativo policial, que estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad. Todo indica que el jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vincentis, colaboró con el accionar de Jonathan. Por eso este lunes De Vincentis fue indagado por el juez Casanello, quien abrió una causa paralela para investigarlo por «obstrucción de Justicia». El magistrado considera que el jefe de seguridad del barrio entorpeció la labor policial y que colaboró para que el empresario escapara en pleno procedimiento. El acusado rechaza los cargos en su contra.
Según la reconstrucción que hizo la Justicia, Jonathan Kovalivker se fue con su auto cuando los agentes lograban ingresar al barrio, porque alguien le dio aviso de lo que estaba sucediendo. En el domicilio del directivo de Suizo Argentina S.A. había rastros de que había abandonado la vivienda de forma presurosa. Si bien la caja de seguridad no estaba abierta sí estaba toda revuelta en su interior y había tiradas en el piso banditas elásticas de las que usan para atar fajos de dinero. A pesar de esta situación, desde el entorno de la familia Kovalivker afirman que Jonathan no se escapó sino que se fue antes de que llegara la policía.
Tuvieron que pasar tres días para que Jonathan Kovalivker se presentara en tribunales. Lo hizo este lunes acompañado por el abogado Martín Magram, quien representará a toda la familia. El empresario entregó su celular, pero apagado. Y no aportó su clave de acceso. El interrogante es qué hizo con su aparato entre los operativos del viernes y su presentación en sede judicial. Y por qué no facilita el trabajo de los investigadores. Desde su entorno afirman que no estaba obligado a dar la clave.
Junto a Jonathan y Emmanuel Kovalivker también está siendo investigado el padre de ambos, Eduardo, quien se presentará en tribunales en los próximos días, afirman desde la familia; y los exfuncionarios de la Andis, Spagnuolo y Garbellini, quienes fueron removidos por el Gobierno tras el estallido del escándalo. En los audios filtrados se escucha decir a Spagnuolo que Garbellini es el «recaudador». A los dos exfuncionarios la Justicia los logró interceptar el viernes y les secuestró sus celulares para ser peritados. El contenido de los mismos será determinante para el devenir del proceso. Sobre los cinco pesa una prohibición de salida del país.
Entre las novedades judiciales de esta semana también se cuenta el bloqueo de las cajas de seguridad de los cinco involucrados en la causa. Fue una decisión de Casanello a instancias del fiscal Picardi para procurar que los comprometidos no se lleven elementos que puedan ser evidencias en el proceso.
En ningún momento la Justicia pidió la detención de los investigados. La estrategia de los investigadores fue preservar las pruebas del caso. Por eso, el fiscal y el juez priorizaron los secuestros de los aparatos telefónicos y de la documentación que consideran clave. El análisis de todo ese material sellará el destino de esta causa, que por estas horas preocupa, y mucho, en Casa de Gobierno. El lunes, por ejemplo, se conocieron nuevos audios de Spagnuolo.
El origen
Si bien el caso por ahora tiene cinco investigados, la denuncia que abrió esta causa apuntó contra el presidente Milei, su hermana Karina, Eduardo «Lule» Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker. Según Dalbón, todos «habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos».
El disparador de la denuncia son audios filtrados por el sitio Data Clave en los que se escucha a Spagnuolo describir un esquema en la compra de medicamentos en el que «a Karina le llega el 3%» de «coimas». Se trata de grabaciones que parecen ocultas. El interlocutor de Spagnuolo en esas conversaciones, por ejemplo, aún es desconocido. «Yo hablé con el presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina… Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores», se le escucha afirmar al amigo del presidente.
¿Cómo sería el esquema que se denunció en la Justicia? «Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios del esquema corrupto, y la droguería Suizo Argentina –perteneciente a Eduardo Kovalivker– funciona como canal indispensable para cobrar y distribuir las coimas, consolidando así un triángulo de poder entre el Ejecutivo, la Secretaría General y el sector privado», se precisó en el escrito que provocó un sismo político-judicial a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
