13 de marzo de 2014
La presidenta de la Nación y el titular de la Corte Suprema abogaron, con distintos enfoques, por modificaciones en el Poder Judicial. Controversias por el narcotráfico. Paritarias en marcha.
Actualización. «No puede ser que sigamos con un diseño del siglo XIX», expresó Lorenzetti ante sus pares de la Corte. (Télam)
En sendos actos institucionales, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se pronunciaron a favor de implementar modificaciones en el funcionamiento de la justicia. Lo hicieron, claro, recorriendo caminos divergentes. No es novedad, por un lado, que la mandataria abogue por cambios en el Poder Judicial. Así lo hizo, una vez más, en la asamblea legislativa que inauguró la actividad del Congreso Nacional. «No puede suceder que todos estemos controlados y haya un solo sector al que no lo controle nadie», expresó la mandataria. Y para no dejar ninguna duda añadió: «Porque tienen muy buen presupuesto, porque ganan los mejores sueldos, porque siguen sin pagar Ganancias y porque necesitamos una mejor Justicia». Vale recordar que el Poder Ejecutivo impulsó el año pasado un conjunto de leyes para «democratizar la Justicia». Fueron seis las iniciativas aprobadas en el Congreso, pero una de ellas, la que disponía la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Presidenta, en el discurso de apertura de sesiones, defendió aquel proyecto, tronchado por el fallo de la Corte.
Días después, el titular del máximo tribunal, quien encabezó el acto de apertura del año judicial, que se realizó en la Sala de Audiencias de la Corte y al que asistieron funcionarios de los tres poderes del Estado y representantes de organizaciones sociales y asociaciones civiles, reconoció que «el sistema jurídico puede ser perfecto, pero se parece a un hotel cinco estrellas: sólo algunos pueden acceder». El acceso a la Justicia es muy difícil para quienes tienen menos recursos y es uno de los puntos que vienen reclamando distintos sectores del ámbito judicial que impulsan transformaciones en los mecanismos tribunalicios. El magistrado habló de «acercar la Justicia a la gente», propuso «designar jueces de pequeñas causas, mediadores, en los barrios pobres, en lugares donde hay conflictos» y sentenció: «No puede ser que sigamos con un diseño del siglo XIX». Lorenzetti, con la presencia de todos los integrantes del tribunal supremo, señaló además que «el centro de interés de las reformas debe ser el ciudadano que quiere justicia» y aclaró que «la primera y más urgente reforma es llevar la Justicia a la gente. La segunda, es hacer los juicios más rápidos». En los últimos meses, el máximo tribunal dio algunas señales a favor de las reformas. En el cierre de 2013, reglamentó los formularios de inscripción para el ingreso «democrático e igualitario» de postulantes a cargos de letrados, empleados y personal de maestranza al Poder Judicial, convalidando los requisitos para el ingreso que dispone la ley aprobada en el Congreso y que apuntan a terminar con el concepto de «familia judicial». Asimismo, la Corte validó días pasados la reducción de –de 20 a 13– en la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura.
Delito en red
Los dichos de Lorenzetti configuran un reconocimiento de las falencias del sistema tribunalicio. Queda por ver hasta dónde se corresponde su reciente prédica con avances palpables de esas transformaciones en el futuro cercano. Se le reconoce al titular de la Corte «muñeca» política para dejar conformes a distintos sectores y sus críticos le reprochan oportunismo y especulación. Por caso, el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS, calificó la disertación de Lorenzetti en la sala de audiencias como «un aventurado discurso político». Es que el magistrado no se limitó a conceptos vinculados con el sistema judicial; también se refirió, por caso, al narcotráfico, cuyo avance es para Loren-zetti «innegable». «El narcotráfico y la droga están afectando el Estado de derecho. No podemos perder tiempo en acusaciones estériles; hay que hacer políticas de Estado concretas, sostenerlas en el tiempo. Todos deben involucrarse», afirmó el presidente de la Corte Suprema. La complejidad de la problemática amerita un análisis profundo e integral, ya que su impacto en el país es creciente. Lo que está ocurriendo en Rosario, donde se registra una tasa de asesinatos en franco ascenso, las tramas de corrupción en las fuerzas policiales –el caso de Córdoba es quizás el más contundente–, eventuales complicidades políticas y episodios como el reciente asesinato del ciudadano colombiano Carlos Alberto Gutiérrez Camacho en el barrio porteño de Palermo, a plena luz del día y bajo la metodología de sicarios –pese a que aún no está determinado el móvil del crimen– alimentan la preocupación. Lo cierto es que el narcotráfico es un fenómeno mundial que debería abordarse en el marco regional, complementando las estrategias internas con el aporte de los países vecinos. Las redes delictivas de este rubro trascienden las fronteras y manejan cuantiosos recursos económicos que les otorgan un poder inabordable desde un enfoque local exclusivamente.
Además, el rol de Estados Unidos en esta cuestión (ver Qué lucha…) amerita un enfoque regional que fortalezca las posiciones de los países latinoamericanos. Asumiendo el rol de gran fiscal global que pretende imponer la defensa de sus intereses geoestratégicos en todo el mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre la situación del narcotráfico en la Argentina. El documento motivó una respuesta desde el Gobierno nacional. «La Argentina no reconoce el derecho de los Estados Unidos a emitir juicios de valor sobre otros gobiernos. No tiene autoridad para decir qué país se comporta de qué manera. No puede emitir boletines de calificaciones porque tiene que resolver primero sus propios problemas», manifestó el canciller Héctor Timerman en declaraciones periodísticas.
Puja distributiva
Como es habitual en este período del año, se llevan a cabo los primeros tramos de las negociaciones paritarias. La discusión salarial de los docentes, tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias, es la que concita el mayor interés en tanto coincide con el inicio de las clases, que suele verse afectado por medidas de fuerza. Sin embargo, cada una de las actividades está iniciando el proceso o al menos las conversaciones previas a la negociación concreta. Las tensiones del actual período de negociaciones son previsibles ya que, luego de la devaluación de enero, no faltan sectores interesados en consolidar, vía aumento de precios, la apropiación de una porción mayor de recursos. Por lo tanto, resulta lógico que los trabajadores reclamen ajustes salariales que les permitan conservar el poder adquisitivo de sus ingresos, ya que, si esto no ocurre, se produciría el clásico ajuste pos devaluatorio. Varios empresarios dejaron trascender la intención de posponer la discusión, aunque desde el Gobierno salieron al cruce de tales intenciones. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aclaró que las paritarias se desenvolverían «tal cual se pudieron ejecutar durante los últimos 10 años».
—Jorge Vilas
