El intento de Cambiemos por «modernizar» el Poder Judicial pone en escena una vez más la resistencia de los magistrados en su conjunto, el sesgo de la alianza gobernante y las discrepancias internas. Cruzada para indultar genocidas.
14 de marzo de 2018
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, volvió a su costumbre de inaugurar el año judicial con un discurso de tipo ecuménico en el Palacio de Tribunales. Alejado por un momento de la presión de años anteriores por parte de las espadas de Cambiemos –léase Elisa Carrió–, Lorenzetti se lanzó al ruedo en una disputa que en ocasiones en sordina y a veces a grito pelado arrastra a la dirigencia política: la reforma judicial.
Cinco días antes el presidente Mauricio Macri, en la apertura de sesiones del Congreso, había pedido a los legisladores el respaldo para reformar el Código Penal, al que calificó de viejo. «Fue emparchado mil veces», señaló el mandatario, al tiempo que reclamó también un nuevo Código Procesal Penal en el que «los fiscales tengan más protagonismo».
Este parece ser el punto neurálgico sobre todo en la Justicia Federal, ya que llevaría el poder de acusación a los fiscales y les haría perder protagonismo a los jueces de ese fuero, que últimamente tienen los flashes enfocados en su gestión porque son los que constitucionalmente deben investigar a las autoridades políticas nacionales. No es casualidad que el polémico juez Claudio Bonadio haya sido tan explícito. «No creo que el Ministerio de Justicia acompañe las reformas porque en dos años no ejecutaron políticas de fondo», indicó.
Puesto a plantar bandera, Lorenzetti aceptó que el sistema judicial es antiguo, lento y se sorprendió de que todavía haya expedientes de papel cosidos con hilos. Pero puntualizó que los cambios que el país necesita en el ámbito de la Justicia «tienen que nacer del Poder Judicial, porque es donde hay experiencia».
El ministro
Cuando todavía resonaba en el ambiente el anuncio del jefe de los supremos de que abriría una doble jornada de debate sobre las reformas que podrían consensuar los magistrados, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se apuró a responder a los periodistas que se le acercaron en la explanada misma del edificio, que compartía la visión del santafesino en cuanto al planteo de «cambio y transformación de la Justicia para brindar una mejor respuesta a la comunidad».
En el marco de las rencillas que Garavano y Lorenzetti arrastran desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, fue un gesto de diplomacia gentil. Las diferencias entre ambos se potenciaron cuando a pocos días del 10 de diciembre de 2015 el flamante ministro acercó el nombre de los dos nuevos integrantes de la Corte designados por Macri. Este gesto creó rispideces, porque habían sido nombrados por decreto y saltando todos los pasos constitucionales. La disputa generó rechazos incluso en el oficialismo, por lo que el gobierno tuvo que retroceder.
Pero el ministro tiene otras batallas en danza. Garavano impulsa el proyecto Justicia 2020, que pretende modificar profundamente el sistema judicial, para el cual está trabajando una comisión encabezada por el radical Ricardo Gil Lavedra. Sin embargo, hay otra comisión a cargo del camarista Mariano Borinsky que trabaja en un anteproyecto de reforma del Código Penal. Hubo chispas entre ambos sectores cuando el presidente, avalando la política de mano dura de la ministra Patricia Bullrich, llamó a su despacho y felicitó al policía Luis Chocobar, quien mató por la espalda a un joven que huía luego de apuñalar a un turista. «Es muy importante que tengamos en claro que un mayor punitivismo o una mayor represión no trae más seguridad, trae más violencia e inseguridad para el conjunto de la gente», dijo entonces Gil Lavedra, uno de los jueces que en 1985 encabezó el tribunal que juzgó a los integrantes de las tres primeras juntas militares de la dictadura y un referente dentro de su partido, integrante de la alianza Cambiemos.
Otra referente de la coalición gobernante, Carrió, también salió a enfrentar a Garavano, pero por otras razones. La demorada causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 desde agosto de 2015 y por el que son juzgados desde el expresidente Carlos Menem hasta el juez que investigó el hecho, José Luis Galeano, los fiscales intervinientes, Eamon Mullen y José Barbaccia, y también el comisario Jorge Alberto Palacios, de estrecha relación con Macri.
Cuando se reinició el juicio, en febrero pasado, se supo que el gobierno había desistido de acusar a Barbaccia y Mullen. El ministro había designado a José Console como abogado de la querella y el hombre llamó a absolver a los fiscales. Console reemplazaba a Mariana Stilman, cercana a Carrió, que había renunciado alegando las intromisiones del ministerio en su tarea. El dato es que Console no podía estar en ese cargo porque cumplía funciones incompatibles en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. El escandalete despertó las iras de la diputada chaqueña pero a pesar de que renunció, el daño ya estaba hecho. Al retirar la acusación, el Tribunal aceptó dejar afuera a los fiscales y al policía.
Al mismo tiempo, este hecho encendió un nuevo foco ígneo en la propia Unidad AMIA, cuyo titular, otro radical de peso, Mario Cimadevilla, tiene las horas contadas al frente del organismo. Oficialmente, será una decisión administrativa en el marco de directivas para reducir organismos y cargos burocráticos. Pero un comunicado del partido político de Carrió no deja lugar a dudas de lo que se cuece puertas adentro del gobierno de Cambiemos. «Ni Elisa Carrió ni la CC ARI están dispuestos a manipular una acusación en una causa judicial y por ninguna razón avalan los condicionamientos y presiones que han recibido los letrados designados como representantes de la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA».
Esta posición laxa en relación con una causa iniciada en 2004 por familiares de víctimas del atentado de 1994 –posición que avalaron las instituciones de la comunidad judía, alineadas con el gobierno– contrasta con la celeridad y el ímpetu con que se sustanció la causa por el Memorándum con Irán, para la cual se creó un nuevo tribunal que no cuenta con la aprobación que la ley exige en el Congreso. Algo que criticaron incluso juristas que no tiene simpatías por los acusados, desde la expresidenta Cristina Fernández hasta dirigentes sociales vinculados con el kirchnerismo.
Credibilidad
Todos estos entreveros no hacen sino reflejar una situación que repercute directamente en la credibilidad que la sociedad mantiene hacia el Poder Judicial y el sistema de Justicia. Según reveló una fuente de la Corte al diario La Nación, una encuesta mostró que «solo el gremialismo está peor visto, y no por mucho». El sondeo consultaba a ciudadanos sobre la credibilidad de 14 estamentos sociales e institucionales. Los jueces ocupaban el puesto 13.
Lorenzetti, en su discurso inaugural, se quejó de las «críticas infundadas» que afectan la «independencia judicial», pero al mismo tiempo se quiso curar en salud y dijo que los magistrados no pueden buscar «el reconocimiento de las mayorías» ni manejarse de acuerdo con las encuestas. «Si no –afirmó–, volveríamos a la Edad Media, a juzgar en la plaza pública y conforme los aplausos se condena o no se condena». Pero el estudio que circuló por los despachos judiciales habla de otra cosa.
