La central obrera, pese a las inocultables consecuencias negativas de las políticas oficiales para los trabajadores, operó como un ladero eficaz de Cambiemos. El anunciado intento de reforma laboral siembra dudas acerca de la continuidad de la alianza.
11 de enero de 2017
Sonrisas. El presidente recibió a los directivos cegetistas en la quinta de Olivos. (DYN)
Reunificada, relanzada y reinstalada, la Confederación General del Trabajo inició 2017 con una certeza: tiene un lugar en la mesa de las decisiones políticas. Para acceder a esa silla, primero debió agrupar sus fuerzas y luego, dejar de lado la confrontación directa para jugar un rol más parecido al de un negociador paciente. Al margen de la pirotecnia verbal, la CGT fue determinante en la contención del conflicto social durante el primer año de mandato de Mauricio Macri, en un clima marcado por el alza inflacionaria, la caída del poder adquisitivo y la suba del desempleo. Ahora, el arribo de Nicolás Dujovne al Ministerio de Hacienda planteó otro desafío para la central «dialoguista»: el nuevo ajuste que propone el funcionario incluye una reforma laboral que flexibilice las reglas del mercado de trabajo.
Para muchos dirigentes, el punto de inflexión fue a mediados de mayo de 2016, cuando el presidente vetó la llamada Ley Antidespidos, aprobada por la oposición con respaldo sindical. Mientras las CTA fueron al paro, la CGT se mostró cautelosa, rompiendo la acción coordinada que venían mostrando las centrales. Se escucharon voces que hablaban de «darle tiempo al nuevo gobierno» y que fijaron en agosto el límit e para ese período de gracia. Justamente, el 22 de aquel mes las tres ramas en que se había atomizado el universo cegetista celebraron un congreso para sellar la unidad, bajo el mando de un triunvirato compuesto por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña. La reunificación era presentada como un paso necesario para lanzar un plan de lucha que parecía inevitable. Sin embargo, una vez que encolumnó a su tropa, la CGT no fue a la guerra, sino a la diplomacia, y a pesar de la casi nula respuesta de la Casa Rosada, lo más cerca que estuvo de patear el tablero fue el 29 de setiembre, cuando anunció la paradoja de un paro sin fecha. En paralelo se consolidaron las dos líneas internas que hoy disputan con la conducción: la Corriente Federal de Trabajadores, con los Bancarios y el núcleo del MTA; y el Movimiento de Acción Sindical, del taxista Omar Viviani y varios gremios de peso.
Con paciencia
Desde que asumió, el trío de secretarios viene reiterando un pliego de exigencias al gobierno, con plazos que se fueron postergando. La reapertura de las paritarias y el fin del Impuesto a las Ganancias figuraban en primer lugar. Ante la indiferencia del Ejecutivo, la cúpula siempre optó por poner la otra mejilla. «No queremos aparecer como los chicos malos que hacen paro y no dejan gobernar», resumieron.
En esa tónica, la central cambió el paro por las movilizaciones y se vinculó con otros sectores, como las organizaciones sociales y los trabajadores de la economía informal. Con ellos marchó el 18 de noviembre para pedir que se declare la emergencia social. También le reclamó al macrismo reflotar un pacto antidespidos con el empresariado. El acuerdo tuvo lugar, pero las cesantías no se detuvieron. La puja por el bono de fin de año fue igual de agridulce: si bien se pautaron cifras de referencia, tanto la UIA como varios Estados provinciales adelantaron que no tenían fondos.
En diciembre último, la discusión por Ganancias reafirmó el lugar de la CGT en la escena política. Una vez más, se mostró comprensiva con Cambiemos, luego de que el oficialismo viera desplomarse su iniciativa en Diputados. Fue la cúpula sindical la que le dio al PRO un salvoconducto para relanzar su proyecto, en un episodio que sirvió para ratificar la vigencia de Hugo Moyano, quien fue el primero en reunirse con Macri para recomponer el descalabro.
Con los cambios en el equipo económico, asoma una nueva «prueba del ácido» para la paciencia cegetista: el gobierno no solo quiere aumentar las importaciones y bajar el gasto público, sino que buscará imponer paritarias por productividad y avanzar sobre las normas que protegen los derechos de los trabajadores.
