22 de diciembre de 2014
Las causas por crímenes de lesa humanidad avanzan pese a los ataques de sectores contrarios a la investigación de los hechos y al castigo a los represores. El caso de Ernesto Barreiro.
La Plata. Audiencia del proceso por delitos cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha durante la dictadura. Desde 2006 se realizaron 128 juicios en todo el país. (Télam)
Las aparentes contradicciones del ex mayor, experto en torturas, Ernesto Barreiro, quien tras entregar a la Justicia una lista de desaparecidos y de los sitios donde estarían enterrados reafirmó que «en La Perla no murió nadie», son solo la punta del iceberg. Está en ciernes una compleja estrategia destinada a dilatar los juicios, obtener notoriedad mediática, desacreditar a las víctimas, reinstalar la teoría de los dos demonios y lograr del futuro gobierno –que los impulsores de esta campaña suponen que será más concesivo que el actual– la morigeración de las condiciones de detención y, como objetivo máximo, el indulto a los genocidas en nombre de una reconciliación «a la sudafricana», que ya están planteando algunos candidatos presidenciales. Lo curioso es que también adhieren personas que construyeron su imagen pública como adalides de la lucha contra la impunidad. Es el caso de Graciela Fernández Meijide, que mutó del progresismo frepasista a los coqueteos con Mauricio Macri, y el del ex fiscal del juicio a los comandantes, Julio César Strassera que, en recientes declaraciones periodísticas propició «una alianza hasta con Satanás para sacar a esta gente», arremetió contra Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y propuso «terminar de una vez con los juicios (a los ex militares)» con alguna medida legislativa que instó a «inventar rápidamente».
Prontuario
Barreiro está imputado por 518 delitos: 228 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 211 tormentos agravados, 65 homicidios calificados, 13 tormentos seguidos de muerte y la sustracción de un menor de 10 años. Según la sobreviviente de La Perla Susana Sastre, la maniobra que urdió «este psicópata» no es inédita: «Hay que recordar –declaró al matutino Página/12– que en las elecciones anteriores hicieron lo mismo y el que salió a hablar fue (Luciano) Menéndez, pensando que podía ser favorecido por un gobierno que no fuera el de Cristina Fernández de Kirchner».
Ninguna de las palabras del sádico represor es ingenua y cuando pretende otorgarle credibilidad a la novelesca versión de sus actividades criminales intenta sembrar dudas sobre la honorabilidad de sus víctimas. En un programa radial, por ejemplo, aseguró con cinismo: «La negociación fue nuestra principal arma para constituir un grupo de colaboradores que fue la clave del éxito, porque nosotros negociábamos con un grupo de personas de las principales organizaciones, con un nivel de información importante, que nos permitió evitar la tortura, que es un elemento totalmente ineficaz. Depende de lo que llamemos tortura. Yo no voy a entrar en este terreno ahora, pero la tortura no sirve para nada cuando uno tiene objetivos serios y busca que las personas se vean afectadas lo menos posible».
La punta de lanza periodística de este elaborado «Operativo reconciliación» parece ser el diario La Nación, que nunca dejó de definir el genocidio de la última dictadura cívico-militar como «guerra contra la subversión» y en decenas de editoriales reivindicó a personajes como el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, a los que considera víctimas de flagrantes injusticias. En uno de esos apasionados manifiestos, se alega: «Debe recordarse que desde octubre de 1975, cuando el gobierno de la señora de Perón decretó el aniquilamiento del accionar subversivo, se puso bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas la ejecución de esa política. Desde ese momento, las fuerzas de seguridad y penitenciarias quedaron subordinadas al mando militar en todo lo que correspondiera a la acción contra las organizaciones armadas. Para la actuación frente al delito y las actividades ordinarias se mantuvieron las competencias habituales. Esta separación de funciones continuó después del 24 de marzo de 1976 y fue bajo este marco que Smart y los demás funcionarios civiles, o aun los militares que desempeñaban funciones civiles, desarrollaron sus tareas. La actual concentración del ataque contra él, además de violar expresas garantías constitucionales, demuestra la persistencia de un espíritu de venganza haciendo uso hoy de una justicia presionada y dependiente. Este espíritu vengativo campea en estamentos oficiales hoy ocupados por ex terroristas, cuyos indultos y amnistías no fueron impugnados ni anulados, y cuyos crímenes son curiosamente excluidos de criterios mediante los cuales se permite juzgar a los militares –y ahora también a los civiles– en nuestro país».
Visión sesgada
En otro de sus editoriales, el diario de los Mitre, con el mismo lenguaje que utilizaban los represores para justificar sus crímenes, insiste en su insultante caracterización de la actual política de derechos humanos: «La maquinaria oficial ha volcado su capacidad mediática en exacerbar sentimientos y exponer una visión de la historia propia de los sectores más cercanos a las ideas revolucionarias que motorizaron al ERP, los Montoneros y otros grupos armados. Esta sesgada visión ha alcanzado hoy a diversos sectores de la intelectualidad, del periodismo y de la política, y se impone en las aulas de escuelas y universidades. Con el lema “Memoria, juicio y castigo a los culpables”, se ha desarrollado una enorme presión sobre la Justicia, volcándola hacia el juzgamiento de solo una de las partes. Los avances hacia la reconciliación que se habían dado con las leyes de Obediencia Debida, de Punto Final y los indultos fueron desandados con la anulación, claramente inconstitucional, de esas leyes. Los numerosos juzgamientos y condenas a militares, policías, gendarmes y civiles han dejado de lado el principio de legalidad, así como el de la irretroactividad de la ley penal».
Barreiro. Imputado por 65 homicidiosy 13 tormentos seguidos de muerte.
(Télam)
Si bien fue un hecho positivo la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que ratifica la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, votada también por los bloques opositores con la sola y esperable excepción del Pro, así como en su momento fue una señal alentadora que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, subrayara que la defensa de los derechos humanos es una política de Estado de carácter irreversible, su plena vigencia futura y la continuidad de los juicios está estrechamente vinculada con la voluntad política de la fuerza que resulte victoriosa en las elecciones presidenciales de 2015. En tal sentido, no parece auspicioso que aquellos que, según las prematuras encuestas, aparecen hoy como los principales candidatos, planteen que hay que dejar de mirar por el espejo retrovisor o se hagan los distraídos cuando se les pregunta acerca de un tema tan sensible.
Juicios en números
Lo cierto es que los datos aportados por el informe trimestral de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, difundido el pasado 29 de octubre, son contundentes: en los últimos 7 años la cantidad de procesados por ese tipo de delitos creció más de un 300%. A esa fecha había 1.131, de los cuales 619 contaban con una o más causas elevadas a juicio. Desde 2006, año en que se reanudaron los debates después de que el Parlamento anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y estas fueran posteriormente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, se celebraron 128 juicios. Fueron condenados 559 represores y absueltos 61. Hay más de 1.000 detenidos en todo el país por crímenes de lesa humanidad. El 60% de ellos están alojados en unidades penitenciarias, en tanto 39 de cada 100 cumplen prisión domiciliaria, el 0,66% permanece en centros sanitarios y apenas el 0,56% en dependencias de fuerzas de seguridad, pero ninguno en lugares a cargo de personal militar.
Más allá de todo esto, hay obstáculos objetivos que deberán ser salvados: la lentitud de la Corte Suprema para pronunciarse sobre las sentencias –de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) de agosto de este año, sobre el total de sentencias, solo el 15,5% están firmes, es decir, sin más instancias de apelación. Cabe aclarar que de ese porcentaje, el 1,5% fueron sentencias firmes no apeladas a la CSJ–, las dificultades en la integración de los tribunales orales por recusaciones o excusaciones de jueces y el estancamiento de algunos procesos. Son varios los juicios que ya tienen fecha de inicio para este año, pero lo cierto es que su continuidad no es inexorable si las condiciones políticas cambian después de los comicios. Habrá que estar alertas, porque los avances en la materia son patrimonio de toda la sociedad y fruto de la lucha incansable de todos los organismos de derechos humanos, y porque, una vez más, la única garantía de que no se retroceda en el castigo a los represores será la movilización popular.
—Daniel Vilá
