País | CRISIS SOCIAL EN MENDOZA

Por las calles cuyanas

Docentes y celadores encabezan medidas de fuerza junto a trabajadores y trabajadoras estatales de todos los sectores. Denuncian bajos salarios y persecución política.

Masivo reclamo. En el tercer día de paro, miles de trabajadoras y trabajadores de distintas actividades marcharon por la capital provincial.

Foto: NA

La provincia de Mendoza vive por estas horas momentos de mucha tensión. Los sindicatos estatales llevan adelante un plan de lucha por la reapertura de paritarias, sufren un índice de inflación más alto que el promedio nacional (la suba de precios interanual de junio a junio fue de 66,3% con un incremento que ya superó el 38% en lo que va del año, según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas), los sueldos más bajos de la región y un estancamiento del empleo privado en los últimos 10 años.
El Gobierno de Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza) convocó a negociaciones paritarias con sueldos ajustados muy por debajo de la inflación real y una gran pérdida del poder adquisitivo después de la pandemia, ya que durante el año 2020 el incremento salarial fue de cero pesos para quienes trabajan en el Estado provincial. Ante esto, las y los trabajadores de la educación nucleados en SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) y SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) protagonizan medidas de fuerza que han ido creciendo con el correr de los días.
A la vuelta del receso invernal convocaron a un paro por 48 horas, medida que tuvo un acatamiento del 90% según el gremio y una movilización de miles de mendocinos/as que confluyeron desde distintos puntos de la provincia. Esto enojó al gobernador Suárez, por lo que finalizó de manera unilateral el ámbito paritario y estableció un magro aumento por decreto. Muchos años pasaron para que los y las docentes volvieran a protagonizar jornadas masivas y se venciera el miedo impuesto por el famoso «Ítem aula», un claro atentado a los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Fue impulsado por la gestión del exgobernador Alfredo Cornejo y, vigente hasta el día de hoy, pretende cercenar el derecho a huelga a través del presentismo. «Es tan bajo nuestro salario que hoy ni los descuentos por el paro ni el Ítem aula nos impacta de manera significativa. La mayoría preferimos perder unos pocos pesos luchando que resignarnos a seguir en esta precarización», afirmó Fabiana Riera, directora del emblemático colegio de Bellas Artes.

Protesta y respuesta
Ante el decretazo impuesto al sector docente, los plenarios nuevamente votaron por el paro, pero esta vez por 72 horas, realizando así cese de actividades los días 8, 9 y 10 de agosto. Al SUTE se sumó SADOP, Celadores, ATE, Judiciales, La Bancaria, CTA, CGT, entre una veintena más de gremios que confluyeron en una masiva marcha que recorrió las calles de la Ciudad de Mendoza y finalizó en Casa de Gobierno.
«Es histórico y se nota», afirmaron desde el gremio, quienes por estas horas exigen la reapertura de paritarias y la renuncia del director general de Escuelas, José Thomas. La respuesta sindical ha sido contundente a pesar de las amenazas y persecuciones; directivos/as y maestras están denunciando un intenso operativo policial del que también participaron funcionarios de la DGE y escribanos. En un accionar inédito se presentaron sin aviso en distintas escuelas de la provincia solicitando y fotografiando planillas de asistencia del personal. Además, durante la movilización anterior, el Gobierno puso a las fuerzas de seguridad a requisar colectivos y camionetas donde se trasladaban docentes y celadores/as.
Hace pocos días Mendoza también fue noticia en las portadas nacionales, ya que por orden del Gobierno, el fiscal Giunta detuvo en medio de una acción gremial al titular de ATE Mendoza, Roberto Macho, junto a tres sindicalistas más. Macho fue rápidamente trasladado a la Penitenciaria de San Felipe donde pasó la noche mientras voces de todo el país se alzaban exigiendo su inmediata liberación. Todos debieron pagar fianzas para regresar a sus hogares, a lo que se suman las elevadas multas que son moneda corriente en Mendoza y deben costear los/as trabajadores/as que realizan manifestaciones o interrumpen el tránsito.
Ahora el Gobierno provincial está ante el desafío de escuchar, de reconocer el mensaje en las calles, reabrir paritarias y llegar a un acuerdo con ofrecimientos más realistas para las necesidades de los trabajadores; o bien desoír un legítimo reclamo y endurecer su posición vía conciliación obligatoria para desarticular las huelgas y/o sosteniendo los aumentos por decreto sin recomposición salarial. 


Gisela Marsala Cardona (desde Mendoza)