9 de mayo de 2013
Dos familias de trabajadores rurales que habían edificado sus viviendas en el paraje Tres Esquinas, ubicado en las cercanías de Piquillín, fueron violentamente desalojadas por funcionarios de la Justicia de Córdoba. Tras el desalojo, los campesinos denunciaron penalmente a los responsables del procedimiento irregular. La jueza admitió que no había orden contra las familias sino contra el empresario explotador del campo, de apellido Cattáneo. Las viviendas estaban ubicadas en terrenos que habían sido objeto de una disputa legal, finalmente resuelta en favor de una mujer que acreditó su posesión.
«Nos dicen que estábamos ocupando una propiedad privada cuando nuestra familia hace 150 años que está ahí, queremos una solución, es un hecho de injusticia enorme», dijo José González, miembro de una de las familias desalojadas. Los acusados son la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase, y el oficial de Justicia que actuó sin orden judicial. Los damnificados son las familias González y Bulchi, quienes explotaban el campo para subsistencia.
