12 de febrero de 2014
En el departamento salteño de San Martín, unas 10.000 hectáreas de monte nativo –protegidas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2008– están a punto de ser arrasadas en favor de los agronegocios, despojando de sus tierras y su trabajo a campesinos y comunidades nativas.
Dos empresarios hicieron firmar inescrupulosos comodatos a criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte. Un informe de Página/12 señala que el campo en peligro se denomina finca Cuchuy, mientras que el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8.962 hectáreas) y Gastón Larrán (1.300 hectáreas), quienes lograron la «donación» de 300 hectáreas a cambio de 10 casas para la comunidad indígena. En los dos casos, incluso, las familias firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. «Esta supuesta “cesión de derechos” implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados», advirtió la Red Agroforestal, que también denunció: «La presión de los agronegocios vale más que la ley de Bosques y que los derechos humanos».
