22 de mayo de 2013
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos solicitó la detención del empresario Vicente Massot, actual propietario y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, y de su ex secretario de redacción Mario Gabrielli por su rol en los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Para los fiscales, La Nueva Provincia tuvo una «participación criminal concreta y específica» que «se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística». Sin embargo, el juez federal Santiago Martínez rechazó el pedido. Los fiscales federales criticaron la medida judicial y acusaron al juez de «consagrar la impunidad de la pata civil de la dictadura militar en Bahía Blanca». La investigación se extendía también a la madre de Massot, Diana Julio –directora entonces–, y de otro de sus hijos, Federico Massot. La acusación se basa en los casos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, delegados gremiales en la empresa gráfica y caras visibles de un paro que durante tres semanas hizo que el diario no apareciera. Cuando el matutino volvió a los kioscos, su directora acusó a los gremialistas de liderar una «labor disociadora». Dos meses después, la Prefectura de Zona del Atlántico elaboró un «Estudio sobre el diario La Nueva Provincia (guerrilla sindical)» que incluía una nómina del «personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental». Heinrich y Loyola figuraban a la cabeza de la lista. El 30 de junio de 1976, ambos delegados fueron secuestrados. Días después, sus cadáveres fueron hallados a la vera de una ruta.
