12 de julio de 2013
Cuando hace cinco años Mirtha Sisnero vio cercenada su posibilidad de trabajar como colectivera no imaginó que sería la misma procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien dictaminaría a su favor. La procuradora instó a que se tomen medidas para contrarrestar la segregación por género y revertir los patrones socioculturales que la justifican. En concreto, llamó a que alguna de las siete empresas de colectivos que controlan la red de ómnibus de Salta le dé trabajo a Sisneros. Esta mujer salteña intenta desde 2008 trabajar como chofer de colectivo, tarea para la cual se capacitó, pero ninguna de las empresas de transporte le dio una oportunidad pese a contar con el carnet que la habilita para conducir unidades interurbanas y de larga distancia. Tras recorrer un largo camino, que incluyó intimaciones a las empresas, una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y acciones de amparo, Sisneros logró que la procuradora dispusiera la obligación de las empresas demandadas de adoptar medidas tendientes a equiparar la cantidad de hombres con la de mujeres en el plantel de choferes.
