28 de julio de 2020
El fuerte crecimiento de la deuda externa e interna que el grupo Vicentin acumuló en muy breve tiempo, sumada a la bajísima liquidación de divisas, especialmente en la última etapa del gobierno macrista, determinaron –ante la cesación de pagos y posterior apertura de su concurso de acreedores– la acertada decisión política del Gobierno nacional de intervenir y propender al salvataje de este conglomerado agroexportador. En un sector que tiene el 70% de su operatoria concentrado en un núcleo de corporaciones extranjeras, Vicentin pudo alcanzar una participación cercana al 9%, mientras que la efectiva y tradicional participación del sector cooperativo representa un porcentaje similar.
Por ello es importante rescatar la necesaria intervención del Estado y la participación de otros sectores con vasta experiencia en el sector para el salvataje y puesta en marcha de un conglomerado agroexportador nacional estratégico, portador de confianza y eficiente. La historia económica nacional brinda ejemplos positivos de intervención estatal, en momentos de crisis. Basta señalar, en la década del 30 del siglo pasado, el proceso regulatorio que culminó en la creación de la Junta Nacional de Granos. Otro ejemplo es el de la crisis del negocio de las carnes, a partir del escandaloso accionar del mayor frigorífico de entonces, la Anglo, denunciado por el gran tribuno popular, Lisandro de la Torre, desde el Senado nacional. A partir de allí se crea la CAP (Corporación Argentina de Productores de Carnes) estatal y con amplísima presencia en el mercado frigorífico nacional.
La perspectiva que se abre a partir de la intervención estatal frente a este potencial quebranto del grupo empresario es vital para defender a miles de pequeños
y medianos productores. Además, de concretarse, posibilitará la participación efectiva del movimiento cooperativo agrario y el desarrollo de políticas con eje en la soberanía alimentaria.
Resultará fundamental la aplicación decidida de la intervención y el rol de la empresa estatal controlante propuesta, YPG Agro, la que deberá complementarse, desde nuestra visión, con la formulación tripartita del gobierno societario con vistas a regenerar la confianza de los miles de trabajadores y productores, regularizando sus acreencias y concretando un nuevo contrato económico y social que acompañe y pueda demostrar la eficacia y eficiencia en las acciones del Estado y del sector público no estatal ante la crisis impuesta por la irresponsabilidad social empresaria.
